Un grave error de identificación médica consternó a la comunidad de Mexicali, Baja California, luego de que se confirmara que dos bebés recién nacidas fueron entregadas por equivocación a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría con Medicina Familiar No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, Gabriela Paredes Orozco, confirmó los hechos y ofreció una disculpa pública institucional ante el fallo cometido por el personal de la clínica:

“A nombre del IMSS les ofrecía personalmente una disculpa por este grave error y también por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda”, indicó la funcionaria federal.

Medidas inmediatas, acompañamiento y revisión de protocolos

A través de un comunicado, la representación del IMSS en Baja California asumió la responsabilidad de atender la situación y detalló las acciones de respuesta implementadas:

• Un equipo del nivel central del Instituto brinda acompañamiento psicológico, médico y jurídico a ambas familias afectadas.
• El IMSS trabaja en conjunto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para la vigilancia y restitución de los derechos de las menores.
• Se revisarán de forma exhaustiva todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal en las unidades del país para evitar que se repita una falla similar.
• Para salvaguardar el interés superior de las menores y la privacidad de las familias, los datos personales de las involucradas se mantendrán bajo estricta reserva.

Investigación y deslinde de responsabilidades

El Seguro Social reafirmó su compromiso de colaborar de forma transparente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones administrativas o penales que correspondan al personal que resulte responsable de la negligencia en la entrega de las recién nacidas.

El régimen de la cuarta transformación intenta contener una nueva crisis humanitaria tras la confirmación del fallecimiento de cinco recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital general de zona número 1 en durango, evidenciando el franco deterioro del sistema de salud pública federal bajo la administración de zoé robledo.

La negligencia estructural y la opacidad oficial marcan la actuación del instituto mexicano del seguro social frente al dolor de las familias afectadas, quienes han decidido romper el silencio institucional y acudir a las instancias legales para exigir justicia. El instituto dirigido por zoé robledo se limita a emitir tarjetas informativas y desplegar un operativo de contención burocrática mientras evade asumir la responsabilidad política y administrativa por las fallas fatales en el hospital de durango.

El desdén gubernamental frente al luto de los padres en Durango

La respuesta tardía y burocrática del imss refleja la insensibilidad de un aparato estatal que prioriza el control de daños político sobre la procuración de justicia para las víctimas. La decisión de las familias de interponer una denuncia ante la fiscalía general de la república, encabezada por ernestina godoy, desnuda la total desconfianza ciudadana en las investigaciones internas de un régimen que sistemáticamente encubre las deficiencias operativas de sus instituciones. El abogado de los padres afectados, fermín alonso flores ayala, encabeza una defensa legal que busca romper la impunidad con la que operan los mandos sanitarios designados por la cuarta transformación, dejando al descubierto la precariedad extrema en la que operan las áreas de neonatología del seguro social.

La simulación en las mesas de diálogo y el ocultamiento de omisiones

Las reuniones individuales sostenidas por la plana mayor del imss con cuatro de los cinco núcleos familiares solo confirman una estrategia de contención para mitigar el costo político de la tragedia. La participación de alba santos carrillo, directora de prestaciones médicas, y de jorge marengo, titular de derechos humanos del imss a nivel central, evidencia el intento desesperado de la burocracia dorada por apaciguar las protestas de unos padres que han denunciado públicamente un trato con poca humanidad y la existencia de múltiples irregularidades en la atención médica que recibieron los recién nacidos. El argumento institucional de haber entregado los expedientes clínicos y explicado avances de una investigación en curso resulta insuficiente ante la gravedad de la pérdida de vidas humanas en un hospital administrado por el estado.

La complicidad de las autoridades sanitarias y la opacidad en los peritajes

El intento del régimen por diluir la culpa mediante la participación de múltiples instancias federales y locales solo confirma la falta de un mando único responsable y la tendencia gubernamental a evadir responsabilidades. La intervención formal de la comisión federal para la protección de riesgos sanitarios, la dirección general de epidemiología, el centro nacional de programas preventivos y control de enfermedades, la comisión estatal de riesgos sanitarios, los servicios de salud de durango y el laboratorio estatal de salud pública pone de manifiesto la magnitud de la falla sistémica que permitió la presencia letal de una bacteria en cuatro de los cinco casos registrados. Mientras el aparato gubernamental asegura que ninguna línea de investigación será descartada, las familias continúan enfrentando la indiferencia de un sistema de salud colapsado que prometió alcanzar niveles de primer mundo y hoy acumula tragedias evitables en el centro de sus instalaciones hospitalarias.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán negaron categóricamente la existencia de una denuncia formal o registro oficial sobre el presunto hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Zacapu que presuntamente contenía mil 600 piezas dentales de niños.

Tras la viralización del caso en las plataformas digitales y los posicionamientos emitidos por distintos actores políticos de oposición, la dependencia ministerial aclaró que desde el año 2021 no ha recibido ninguna puesta a disposición ni solicitud de intervención pericial relacionada con estos hechos.

Aclaración de colectivos de búsqueda y origen del registro

Ante la controversia generada en el debate público, representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas precisaron que las imágenes e información sobre el hallazgo de osamentas infantiles no corresponden al año en curso, sino a un expediente documentado previamente en el año 2023.

Las agrupaciones civiles señalaron que el caso fue retomado recientemente en entrevistas públicas, generando confusión sobre la temporalidad de los acontecimientos en la región.

Por su parte, diversos legisladores federales y dirigentes partidistas exigieron a las instituciones ministeriales transparentar el estado que guardan las investigaciones sobre fosas clandestinas en el estado.

No obstante, las instancias federales y estatales reiteraron que mantienen canales permanentes de comunicación para atender cualquier indicio ministerial que permita esclarecer los hechos conforme a sus atribuciones legales.

Postura institucional y colaboración ministerial

La institución estatal subrayó que trabaja en coordinación permanente con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a los reportes de personas no localizadas. Asimismo, las autoridades competentes manifestaron su plena disposición para recibir cualquier información ciudadana que permita verificar la autenticidad de los datos difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

La localización y procesamiento de cualquier fosa clandestina requiere protocolos científicos estrictos a cargo de peritos forenses especializados para garantizar la identificación plena de los restos humanos. Las autoridades hicieron un llamado a evitar la propagación de versiones imprecisas que revictimizan a los familiares de personas desaparecidas y entorpecen las labores ministeriales en curso.