Nacionales
Guerra Sucia es un crimen de Estado permitido por altas autoridades de México: Comisión de la Verdad
La Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por las autoridades del más alto nivel en México y que dejó más de 120 mil víctimas en el país.
Así lo señala un informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, un grupo de trabajo creado para investigar los abusos que las autoridades cometieron entre 1965 y 1990.
CNI y Sedena obstaculizaron la labor de los investigadores
Dividida en 6 volúmenes, la investigación de más de 5 mil páginas confirma que en estos años, además de las 8 mil 594 personas que sufrieron graves violaciones a derechos humanos, y entre los eventos más graves destacan mil 63 ejecuciones extrajudiciales, 517 personas desaparecidas y 35 masacres.
Otras 123 mil personas se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones. Los estados en donde se documentaron más casos para este Informe fueron la Ciudad de México, con mil 119 eventos; seguida de Chiapas (961), Oaxaca (850), Guerrero (734) y el Estado de México (710).
El documento detalla que, “la investigación de esclarecimiento permitió constatar que lo característico de estas dos décadas y media (1965-1990) fue precisamente el giro contrainsurgente de la década de 1960”, en colaboración con gobiernos extranjeros, como la entonces República Federal Alemana o Guatemala, y las agencias de los Estados Unidos.
Pero más allá de la contrainsurgencia, la violencia de Estado también estuvo dirigida al control y sometimiento de campesinos, obreros, estudiantes, comunidades indígenas, y diversidades sexo-genéricas.
Durante los 5 años que el Mecanismo investigó estos actos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obstaculizaron la labor de los investigadores.
Abel Barrera, uno de los tres comisionados del MEH, resaltó lo “inédito” de entrar a algunas instalaciones militares, como la Base Aérea de Pie de la Cuesta, en Acapulco.
Sin embargo, acotó: “Ya en el camino hubo algunos problemas para poder acceder a los archivos del Ejército. (…) se fue cerrando el acceso, y pues ya no permitió avanzar”.
“Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en las campañas de aniquilación de las organizaciones político-militares”
El informe expone que cinco expresidentes, cinco secretarios de la Defensa Nacional, un exsecretario de Marina, seis procuradores generales de la República, cientos de integrantes de instituciones de seguridad y gobernadores encabezan la lista de los presuntos perpetradores de esa época, en la que se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, persecuciones y otras vulneraciones a los derechos humanos.
“El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias”, señala el informe del MEH sobre el periodo 1965-1990, en el que todo el aparato de seguridad del Estado se volcó a aniquilar cualquier expresión política, social, cultural y de género que fuera contraria a la admitida por el gobierno en turno.
En la cima de la pirámide de los presuntos responsables se encuentran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, expresidentes de México e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los expertos que coordinaron las actividades del MEH no encontraron pruebas que vinculen directamente a los expresidentes con violaciones a derechos humanos, pero después de revisar miles de documentos, consultar cientos de archivos y entrevistar a sobrevivientes de la época concluyeron que “por el cargo que detentaban resulta imposible que los hechos se hayan cometido sin su conocimiento y colaboración, ya fuese por acción u omisión”.
El “brazo armado” de los gobiernos priistas fue el Ejército, la principal institución que ejecutó la política de persecución. En un primer momento lo hizo en el contexto de la Guerra Fría, contra personas que consideraba enemigos del país o “comunistas”.
Luego continuó con esta práctica cuando inició el combate a las drogas en el norte del país.
“Las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en las campañas de aniquilación de las organizaciones político-militares y en el disciplinamiento de diversos tipos de disidencias”, señala el informe del MEH.
“El Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política”
A los expresidentes y a los integrantes del Ejército se suman otros presuntos responsables: los exsecretarios de Gobernación que tenían a su cargo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), otra dependencia señalada por cometer innumerables violaciones a derechos humanos.
En la lista de ex secretarios de Gobernación aparece Manuel Bartlett, quien ocupó ese cargo entre 1982 y 1988. Lejos de que le afectaran los abusos que sus subordinados habrían cometido, el funcionario todavía sigue activo en la política mexicana, pues actualmente es titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe donde se detalla todo esto se titula Fue el Estado (1965-1990), y fue elaborado por el politólogo Cárlos Pérez-Ricart, el activista Abel Barrera y el sociólogo David Fernández, quienes este viernes 16 de agosto harán público el documento en un evento en el Centro Cultural Tlatelolco.
Los tres investigadores, junto con sus equipos de trabajo, ubicaron a 591 perpetradores directos de violaciones a derechos humanos, así como otros 59 responsables de instituciones que toleraron los abusos cometidos en la llamada “Guerra Sucia”, como se le conoce a la etapa de persecución que las autoridades emprendieron en contra de todas las disidencias.
“En función de lo anterior, el Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado, fuera identificada como un riesgo”, explica el informe del MEH.
Las víctimas del periodo se cuentan por miles. Además de las 8 mil 594 personas que sufrieron graves violaciones a derechos humanos, otras 123 mil se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones.
Los cálculos del MEH también incluyen a otras 167 mil personas que fueron afectadas por las ocupaciones militares-policiales que ocurrían cuando las Fuerzas Armadas u otros cuerpos de seguridad se establecían en un punto determinado del país.
Un ejemplo de ocupación militar relatado por el MEH ocurrió en mayo de 1974 en la población de El Salto Chiquito, donde las personas fueron obligadas a desalojar sus casas y el Ejército utilizó el poblado como cuartel, apropiándose de sus bienes, dejando en ruinas la localidad y desplazando de forma definitiva a la población.
Aunque las cifras de víctimas son abrumadoras, los expertos que realizaron el informe advierten que estas no son todas, pues su investigación apenas duró dos años y en ese tiempo enfrentaron obstáculos, como la falta de recursos o la obstaculización del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia para acceder a documentos que podía tener información clave.
Con información de Animal Político y educaoaxaca.org
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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