Narcotráfico
García Harfuch teme que el escándalo de Rocha descarrile su proyecto hacia el 2030
El secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch se encuentra en un laberinto desde ayer miércoles, cuando una fiscalía de Nueva York acusó al gobernador Ruben Rocha de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Principal enlace del gabinete de Claudia Sheinbaum con Washington, García Harfuch tiene la misma encrucijada que la presidenta, colaborar con Estados Unidos o defender a un aliado de Andrés Manuel López Obrador. En el caso del secretario con un grado adicional de complejidad: García Harfuch tiene un proyecto presidencial hacia 2030.
En el terreno operativo de las detenciones, las persecuciones, las extradiciones y la recopilación de información, García Harfuch es un aliado inmejorable para Estados Unidos pero el estallido de este miércoles encierra otra complejidad porque tiene un elemento político inevitable.
La administración Trump, además, es implacable: quienes no colaboran en la captura de sus objetivos se vuelven, a gran velocidad, en obstructores a la maquinaria judicial del país vecino. El fantasma de Genaro García Luna alimenta las proyecciones más inquietantes.
El secretario tiene pocos argumentos para eludir esta prueba de ácido: controla la FGR, el CNI, la UIF y está en vísperas de lanzar una nueva fuerza policial conformada por civiles.
García Harfuch conoce lo que ya se sabe ampliamente en Palacio Nacional: las pruebas que se presentarán contra Rocha serán fulminantes, se habla incluso de material fotográfico y fílmico, de registros bancarios de familiares del gobernador, propiedades y, por si fuera poco, un testimonio explosivo referido a la muerte de Héctor Melesio Cuen. Decir que no hay pruebas contundentes es una salida política que no resuelve el fondo de este drama.
Un empresario que habla con la presidenta lo resumía anoche sin demasiados eufemismos: el Gobierno necesita un abogado de alto vuelo y lo necesita con urgencia para contrarrestar a la fiscalía de Nueva York desde el plano jurídico. El fiscal Ulises Lara y sus pergaminos profesionales de vidriosa procedencia no serían, para este momento, la salida más atinada.
El escenario es diáfano: la Casa Blanca le da la oportunidad a Sheinbaum de entregar a Rocha. Si esto se demora, gana fuerza la posibilidad más temida: que Washington opere de modo unilateral el arresto. Un eco de esa madrugada de sangre y fuego de Caracas, el pasado enero.
García Harfuch fue, la semana pasada, de los primeros funcionarios del gabinete que entendieron la magnitud del vendaval que estaba en ciernes.
El principio no fue, como afirma este jueves la prensa oficialista, las tribulaciones legislativas de la gobernadora Maru Campos, sino, que en el viaje del embajador Ronald Johnson a Sinaloa hubo una manifestación de activistas contras el diplomático. Reclamaban por daños ambientales a una inversión que él se disponía a inaugurar.
Johnson se retiró crispado de Sinaloa y el diplomático dio paso a su faceta más auténtica: la del exagente de la CIA. En un movimiento que en el gabinete no pasó desapercibido, después de Sinaloa fue que comenzaron los artículos en la prensa estadounidense sobre quita de visados, posibles capturas y, el más urticante, el del The Wall Street Journal, que reveló una realidad angustiante y tensa en la cotidianidad presidencial. Un ataque en el plano de la percepción como anticipo a la primera estocada judicial.
Por estas horas no son pocos en el Gobierno los que extrañan al risueño, casi simpático Ken Salazar, el embajador de Joe Biden. Salazar se paseaba de modo recurrente por Palacio Nacional y la prensa llegó a especular con que hasta tenía una oficina en el histórico edificio para estar cerca de López Obrador.
Johnson, en cambio, casi no va a Palacio. Las reuniones se hacen en la embajada estadounidense, donde los funcionarios acuden sin mayor dilación. Allí no hay fotos y el registro dominante es el de la discreción. Una predilección por el plano de lo secreto que ahora encierra, para el Gobierno de Sheinbaum, la suma de todos los miedos.
Narcotráfico
Crece estadística de “niños sicarios en México”: 35 mil reclutados anualmente por la delincuencia
El PAN en San Lázaro llamó a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a destrabar las iniciativas de ley presentadas para tipificar como delito, el reclutamiento de menores ante el avance de este fenómeno y el cual, el Estado Mexicano ha ignorado.
“El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno hacer este tipo de adecuaciones al marco legal, pero las resistencias por no reconocer el problema lo agravan más, ahora con el tema del Presupuesto, bien valdría la pena analizar mayores acciones”, explicó la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.
Mencionó que, a los grupos criminales les cae como anillo al dedo el fracaso del Gobierno de Morena en materia académica, ya que es en el abandono escolar, la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar, donde pueden acercarse a menores de edad.
“Otro riesgo son las redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, donde pueden establecer contacto con niñas, niños y adolescentes, ganarse su confianza y atraerlos hacia actividades ilícitas”, preció la legisladora.
Junto con la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, el GPPAN propone capacitar a docentes y familias para detectar señales de captación criminal, fortalecer los protocolos escolares ante ausentismo, cambios de conducta o abandono, así como crear mecanismos seguros de denuncia y atención.
“Un niño reclutado no es un delincuente que el Estado perdió. Es un niño al que el Estado no protegió a tiempo”, señaló.
Además, se busca reforzar la prevención de riesgos digitales, garantizar acceso a educación, deporte, cultura, atención psicológica y oportunidades para adolescentes y elaborar estadísticas oficiales sobre reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos.
Laura Álvarez, advirtió que este fenómeno no es únicamente un problema de seguridad: es una violación grave a los derechos de la infancia y una falla de las instituciones responsables de protegerla.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y especialistas, decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. La Red por los Derechos de la Infancia estima que hay entre 30 mil y 35 mil menores reclutados, anualmente, por la delincuencia.
La falta de una cifra oficial única, actualizada y desagregada por entidad, advirtió la legisladora, evidencia la necesidad de contar con un registro nacional y mecanismos eficaces de prevención.
Coincidieron en que, el crimen no necesita reclutar en las escuelas si las condiciones sociales ya le abrieron la puerta.
Los más de 30 mil menores involucrados en alguna actividad de crimen organizado no deberían una cifra más, ya que son sueños y oportunidades, hay que decirlo, pérdidas.
Narcotráfico
Crimen organizado se infiltra en al menos 50 giros comerciales en México
Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.
El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.
¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?
La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.
De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.
Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.
Crimen organizado también financia actividades agrícolas
El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.
Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.
La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.
Narcotráfico
Carro-Bomba en Ojocaliente, Zacatecas: así ocurrió el ataque contra policías
Una explosión en Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en al menos 55 inmuebles, luego de que un vehículo con un artefacto explosivo fuera abandonado frente a la comandancia de la Policía Municipal.
El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo 30 de agosto, de acuerdo con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Así ocurrió el ataque en Ojocaliente
Según la explicación de las autoridades, un hombre estacionó un vehículo frente a las instalaciones de seguridad, lo dejó encendido y posteriormente se alejó varias cuadras.
Una oficial municipal detectó un comportamiento extraño, por lo que salió de la comandancia para revisar la unidad. Poco después, ocurrió la explosión.
Debido a que la zona es concurrida, la onda expansiva provocó daños importantes en los inmuebles cercanos. Hasta el momento, las autoridades contabilizan 17 edificios dañados y otros 38 con afectaciones, que van desde vidrios rotos hasta daños estructurales.
El vehículo utilizado en el ataque tenía además reporte de robo en Jalisco desde abril, según las autoridades.
¿Por qué ocurrió la explosión en Ojocaliente?
El secretario de Gobierno señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a que el ataque podría ser una reacción a los recientes resultados contra la violencia en Zacatecas.
La hipótesis estaría relacionada con la detención de un presunto generador de violencia, ocurrida el sábado 29 de agosto en el municipio de Villa García, cerca de los límites con Aguascalientes.
Durante la atención de otro estallido registrado en una carretera de la zona, las autoridades detuvieron a un hombre originario de Aguascalientes.
Hasta ahora no se ha informado su identidad ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecería.
Hay 11 personas lesionadas
Las autoridades reportaron 11 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en el Hospital Comunitario de Ojocaliente. Una de ellas se encuentra en estado grave y fue trasladada al Hospital del ISSSTE.
Mientras continúan las investigaciones, se mantiene un operativo de seguridad en Ojocaliente para evaluar los daños y realizar un censo de las afectaciones.
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