La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y el SENASICA, activo protocolos de verificación, trazabilidad y muestreo tras recibir la notificación sobre un brote de salmonelosis en Estados Unidos, presuntamente vinculado con chiles jalapeños de origen mexicano.

Cronología y origen de la alerta sanitaria

El 31 de julio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) notificó a las autoridades sanitarias mexicanas (COFEPRIS y SENASICA) sobre casos de salmonelosis presuntamente relacionados con chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualización que la investigación y la toma de muestras continúan en desarrollo. De acuerdo con el análisis de rastreo y la cadena de suministro de la FDA, se presume que la fuente del brote corresponde a:

• Unidad de empaque: Ubicada en el Estado de Nuevo León.
• Productores: Localizados en el Estado de Sinaloa, México.

Acciones inmediatas de COFEPRIS y SENASICA

Ante el reporte, las instituciones mexicanas desplegaron medidas inmediatas para determinar el origen de la contaminación y evaluar posibles riesgos sanitarios:

1. Visitas de inspección en Nuevo León: COFEPRIS inició el 5 de agosto una visita a la unidad de empaque señalada para evaluar la trazabilidad del chile jalapeño e identificar factores de riesgo sanitario.
2. Muestreo de laboratorio: Se están recolectando muestras del producto para análisis microbiológicos enfocado en la detección de Salmonella spp. y Escherichia coli (E. coli) a través de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública.
3. Verificación agrícola: El SENASICA lleva a cabo labores de verificación en unidades de producción certificadas bajo los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) en Sinaloa.

Compromiso con la inocuidad alimentaria

La Secretaría de Salud reafirmó la capacidad técnica e institucional de México para responder a alertas internacionales de inocuidad alimentaria. Las autoridades coordinan acciones interinstitucionales para resguardar la salud pública y proteger el comercio seguro de productos agrícolas nacionales.

#Columna

Se trata de una epidemia de terror.

Y es que en ninguna parte del mundo –más allá de las tiranías en donde se violentan todos los derechos humanos–, el número de desaparecidos llega a los niveles de espanto, como en México. 

Peor aún, si pensaban que en el gobierno de López Obrador habíamos visto lo peor en cuanto a personas desaparecidas, lo cierto es que en la gestión de Claudia Sheinbaum la epidemia es atroz.

Y es que en los poco más de dos años al frente del Ejecutivo federal, se han reportado casi 21 mil desaparecidos, lo que arroja un promedio de poco más de 30 mexicanos que desaparecen al día.

Sí, leyeron bien, el de “la señora presidenta” es el peor gobierno en materia de mujeres y varones desaparecidos, a pesar del manoseo tramposo de las cifras oficiales.

Y para que tengan una idea del tamaño de la tragedia, en el sexenio de Carlos Salinas se contabilizaron un total de 198 ciudadanos desaparecidos, lo que arroja un promedio de 0.1 desaparecidos por día.

A su vez, en el sexenio de Ernesto Zedillo la cifra se elevó a 307 desaparecidos, con un promedio de 0.1 desaparecido por día.

Mientras que, en el sexenio de Vicente Fox, la cantidad creció hasta los 974 mexicanos desaparecidos, lo que promedio la ya escalofriante cifra de 0.4 desaparecidos por día.

En el sexenio de Felipe Calderón la cantidad se disparó a 17 mil 52 mexicanos desaparecidos, lo que arrojó un promedio de 7 ciudadanos desaparecidos por día.

Para el siguiente sexenio, el de Peña Nieto, de nuevo cifras de terror, ya que se volvió a duplicar el número de desaparecidos, ya que se reportó  un total de 32 mil 343 ciudadanos desaparecidos, lo que promedia 15 desapariciones por día.

Y en el sexenio de López Obrador de nuevo cifras de terror, con 52 mil desaparecidos, lo que promedia 24.4 mexicanos que desaparecieron por día en ese gobierno.

Pero lo peor llegó –como ya se dijo arriba–, con cifras de espanto en los primeros meses de la gestión de Claudia Sheinbaum, en el que se llevan contabilizados 21 mil desaparecidos, sólo en los primeros dos años de gestión, lo que arroja un promedio de poco más de 30 ciudadanos desaparecidos al día.

Una verdadera tragedia nacional que ha enlutado a miles de familias y que ha dado paso al doloroso e intolerable fenómeno de “las madres buscadoras”.

Y todo ello mientras que en Palacio la preocupación fundamental está en la censura oficial a través de la supuesta “garantía de los derechos de las audiencias”, antes que priorizar el combate a la desaparición forzada de personas y el castigo a los presuntos responsables.

Pero, además, la autoridad federal tampoco ha sido capaz de entender y menos explicar qué tipo de fenómenos gravitan detrás de la desaparición forzada de personas y menos se atreve a identificar a las mafias que se benefician de esa atrocidad y tampoco cuál es el destino de las y los desaparecidos.

Y nos referimos a las y los desaparecidos, porque el fenómeno delictivo que nos ocupa alcanza tanto a mujeres como varones, especialmente jóvenes y cuya incidencia criminal se localiza en estados de alto impacto para el crimen organizado; entidades federativas como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua, entre otras.

Lo cierto es que buena parte de las desapariciones forzadas –de mujeres y varones jóvenes–, las llevan a cabo grupos del crimen organizado que en el caso de los varones requieren “mano de obra” para sus actividades delictivas; jóvenes a los que se enlista como sicarios, guaruras, choferes y sirvientes en general.

Y en el caso de las mujeres, son enroladas en la criminal trata de personas, que es otro de los rentables negocios de las mafias mexicanas.

Pero sin duda la mayor tragedia es que ni el gobierno federal y menos las instituciones del Estado mexicano hacen su trabajo para acabar con las bandas criminales que secuestran, asesinan, asaltan, extorsionan y que han sembrado el terror en todo el país.

Y no actúan los gobiernos de Morena, a causa de la complicidad entre crimen organizado y partido en el poder.

¿Hasta cuándo, señora presidenta?

Al tiempo.

ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN 

Durante una transmisión reciente, el senador Gerardo Fernández Noroña abordó la controversia generada por las declaraciones de las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, quienes emitieron expresiones polémicas sobre los adultos mayores durante un episodio de su pódcast.

El legislador federal reconoció que, aunque ciertas bromas o expresiones de humor negro suelen utilizarse en círculos privados de amigos, la realidad actual exige un cuidado extremo debido a que cualquier contenido puede volverse público de manera inmediata.

Pese a la indignación social y al proceso de revisión interna abierto por la dirigencia nacional del partido, el senador pidió calmar los ánimos y evitar un linchamiento mediático en contra de las legisladoras involucradas.

Postura frente al escrutinio público y las sanciones internas

La polémica escaló rápidamente después de que la presidenta nacional del movimiento político solicitara la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para evaluar posibles sanciones a las militantes. Ante este panorama, Noroña consideró que las medidas disciplinarias planteadas resultan excesivas, argumentando que las involucradas ya emitieron disculpas públicas para resarcir el daño causado a la imagen institucional.

Además, el legislador sugirió con un tono relajado que las críticas se manejen con prudencia, añadiendo comentarios particulares sobre las relaciones intergeneracionales. Sin embargo, analistas políticos señalan que este tipo de declaraciones públicas complican la estrategia de comunicación institucional que busca blindar a los representantes populares frente a los procesos electorales futuros.

Reflexión sobre la responsabilidad de los legisladores en medios digitales

El impacto de las plataformas digitales y los formatos de entretenimiento en la carrera de los servidores públicos se ha convertido en un desafío constante para la clase política mexicana. Las transmisiones en vivo y los espacios de conversación informal exponen a los funcionarios a errores de apreciación que rápidamente trascienden las redes sociales y se transforman en crisis de comunicación institucional.

Mientras los órganos internos del partido definen el futuro político de las legisladoras tras el escándalo digital, diversos sectores de la sociedad civil continúan exigiendo mayor rigor ético y respeto absoluto hacia los derechos de los adultos mayores por parte de quienes ocupan cargos de elección popular.