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Narcotráfico

FGR investiga a 10 funcionarios tras cambiar cocaína por leche

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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a diez de sus propios funcionarios por su presunta participación en el intercambio de una tonelada de cocaína por leche en polvo, entre ellos el excontralor interno Arturo Serrano Meneses, nombrado por la Cámara de Diputados, señaló el periodista Zedryk Raziel, colaborador de El País, en entrevista para Aristegui en Vivo.

Es un caso estremecedor, sucede en la misma fiscalía, la encargada de la incautación, pero también de su destrucción final; un grupo de diez funcionarios, empezando por quien fuera el contralor de la fiscalía, está señalado por la propia institución de estar involucrado.

De acuerdo con Raziel, el operativo se llevó a cabo a principios de agosto, cuando elementos federales acudieron a la sede del órgano interno de control para retirar del cargo a Serrano Meneses y a otros nueve trabajadores.

“Los obligan a renunciar, y ahora los están acusando ante jueces de este delito y otros, pero este es el más grave por la cantidad de droga”, explicó.

El cargamento fue asegurado en Guerrero, aunque aún no se conoce con precisión la fecha ni la forma en que ocurrió el intercambio.

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“No se sabe qué pasó con la droga real, la que sacaron del fuego”, dijo Raziel, al señalar que la investigación interna apunta a una posible red de corrupción al interior de la fiscalía encargada de la custodia y destrucción de narcóticos.

El periodista advirtió que el caso tiene también un componente político, debido a que entre los funcionarios cesados se encuentra Sergio Taboada, hermano del exalcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, a quien Morena ha acusado de formar parte del llamado “cártel inmobiliario”.

Morena ha estado señalando que el hermano de Taboada estaría involucrado en la venta por fuera de esta cocaína.

Sin embargo, el exalcalde panista envió una carta a El País en la que negó cualquier implicación, diciendo que “si bien su hermano trabajó en la fiscalía y fue cesado, no recae sobre él esta acusación”, precisó Raziel.

Además del caso de la cocaína, el excontralor Arturo Serrano enfrenta otra acusación por presuntamente cobrar sobornos a empresarios a cambio de contratos.

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“Se le adjudica un cobro de seis millones de pesos a un proveedor de autos de arrendamiento para la fiscalía”, señaló el periodista, quien agregó que ya se realizaron audiencias judiciales sobre estos señalamientos.

Según Raziel, “todo apunta a la responsabilidad presunta del excontralor y de un grupo de funcionarios bajo su supervisión”, todos vinculados con las áreas encargadas del aseguramiento e incineración de drogas.

Para cambiar una tonelada de cocaína por leche en polvo se requiere una cadena de complicidades muy grande.

El caso fue revelado originalmente por Reforma, y El País confirmó los hechos con fuentes de la fiscalía y de la Secretaría de Gobernación.

Por la gravedad de los delitos, la investigación se desarrolla en la unidad de la FGR encargada de delincuencia organizada.

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Tras la destitución de Serrano, la Cámara de Diputados nombró a Óscar del Río Serrano como nuevo contralor interno.

“Es hijo de José Manuel del Río Virgen, político de Movimiento Ciudadano y cercano a Ricardo Monreal”, explicó Raziel.

La designación generó críticas de la oposición, que votó en contra por considerar que se trataba de un nombramiento con tintes políticos.

La FGR ha mantenido el caso bajo reserva mientras continúa integrando las carpetas judiciales y rastreando el paradero del cargamento original.

De acuerdo con fuentes consultadas por El País, los implicados podrían enfrentar acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de responsabilidades administrativas.

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El proceso, dijo Raziel, “apenas comienza y será determinante para medir la capacidad de la fiscalía de depurarse a sí misma”.

Información de Aristegui Noticias

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Narcotráfico

Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses

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Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.

La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».

Sonora califica de falsa la información sobre Durazo

Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.

La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.

Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.

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Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal

Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.

El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.

Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.

Periodista comparte supuesta evidencia migratoria

El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.

Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.

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Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.

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Narcotráfico

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.

Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.

I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.

Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.

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El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.

Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.

El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.

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Narcotráfico

Marco Antonio Almanza, exmando policial de Sinaloa, descarta entrega a EE. UU.

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El exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente. A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario echó por tierra los rumores de las últimas horas que apuntaban a una presunta entrega voluntaria en Estados Unidos.

Mensaje desde el corazón de Culiacán

Para dar mayor certeza a su ubicación geográfica y desactivar las especulaciones sobre su estatus migratorio, Almanza Avilés eligió un escenario emblemático y de alta concurrencia pública en la capital del estado.

El exmando policial grabó el mensaje de pie y a plena luz del día desde los pasillos del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, confirmando que permanece en territorio mexicano y sin intenciones de abandonar la entidad.

Con esta acción, el exdirector de la corporación investigadora descartó categóricamente haberse entregado a las autoridades de los Estados Unidos.

“Firme” en su decisión

Durante la secuencia del video, Marco Antonio Almanza Avilés fijó una postura jurídica y personal tajante respecto a los requerimientos y órdenes de aprehensión con fines de extradición que pesan sobre su persona en el extranjero.

Aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse de forma voluntaria ante las cortes de la Unión Americana. Asimismo, el exjefe policial aprovechó el espacio para acusar la intensa campaña de desacreditación en su contra.

Uno de los 10 objetivos clave de Washington

Almanza Avilés es identificado como uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. dentro del expediente que indaga la red de protección institucional y vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.

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