Narcotráfico
EU ataca red del CJNG: sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido en Nayarit
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante «tiempos compartidos» con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada que incluyó el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. Estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras que permiten la operación de organizaciones criminales en territorio nacional.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit, donde el CJNG ha tenido presencia histórica.
En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Estos análisis permitieron trazar las rutas del dinero ilícito y su conexión con el entramado empresarial utilizado para el fraude de tiempos compartidos.
La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación de la OFAC por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG como las implementadas a nivel nacional por la UIF, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales, lo que permitirá el inicio de investigaciones formales y, en su caso, el ejercicio de la acción penal contra los involucrados en este esquema defraudador.
El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la comercialización fraudulenta de tiempos compartidos en desarrollos turísticos, principalmente en la costa de Jalisco y Nayarit, donde las víctimas, en su mayoría extranjeros, eran engañadas con supuestas inversiones o derechos de propiedad que nunca se materializaban. Los recursos obtenidos eran canalizados a través de un entramado de empresas fantasma hacia las finanzas del CJNG.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Esta acción conjunta entre Estados Unidos y México representa un avance significativo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional, al atacar las estructuras financieras que permiten la operación de grupos delictivos como el CJNG, considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor capacidad de expansión internacional.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
Narcotráfico
Marco Antonio Almanza, exmando policial de Sinaloa, descarta entrega a EE. UU.
El exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció públicamente. A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario echó por tierra los rumores de las últimas horas que apuntaban a una presunta entrega voluntaria en Estados Unidos.
Mensaje desde el corazón de Culiacán
Para dar mayor certeza a su ubicación geográfica y desactivar las especulaciones sobre su estatus migratorio, Almanza Avilés eligió un escenario emblemático y de alta concurrencia pública en la capital del estado.
El exmando policial grabó el mensaje de pie y a plena luz del día desde los pasillos del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, confirmando que permanece en territorio mexicano y sin intenciones de abandonar la entidad.
Con esta acción, el exdirector de la corporación investigadora descartó categóricamente haberse entregado a las autoridades de los Estados Unidos.
“Firme” en su decisión
Durante la secuencia del video, Marco Antonio Almanza Avilés fijó una postura jurídica y personal tajante respecto a los requerimientos y órdenes de aprehensión con fines de extradición que pesan sobre su persona en el extranjero.
Aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse de forma voluntaria ante las cortes de la Unión Americana. Asimismo, el exjefe policial aprovechó el espacio para acusar la intensa campaña de desacreditación en su contra.
Uno de los 10 objetivos clave de Washington
Almanza Avilés es identificado como uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. dentro del expediente que indaga la red de protección institucional y vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.
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