La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló este viernes la reforma a la Constitución en materia de austeridad y percepciones de los servidores públicos, para establecer que ningún funcionario público pueda ganar más que el Presidente de la República.

Por unanimidad, los legisladores aprobaron el dictamen  propone topar el salario del presidente en 73 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que corra cada año; así como tomar a ese mismo rango la remuneración de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y demás personal del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas a la Carta Magna, a fin de facultar al Congreso para expedir la ley general en materia de austeridad republicana.

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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 3, 2024

Los artículos que se prevén sean modificados son los 73, 94, 116, 122, 127 y 134 constitucionales, mismos que contemplan que ningún servidor público reciba una remuneración mayor a la que percibe el titular del Ejecutivo Federal, quien actualmente percibe un salario de 2.8 millones de pesos anuales.

En el artículo cuarto transitorio se especificó que los ahorros que se generen en los presupuestos de egresos que correspondan como resultado de la aplicación de las medidas de austeridad republicana y el ajuste de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma establece que no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

También especifica que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia.

Considera que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie, identificando los montos equivalentes a cada concepto, así como el monto mensual que corresponda. La ley en la materia establecerá los formatos homologados donde se deba elaborar y publicar dicha información.

Además, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo el principio de austeridad republicana y en los términos que establezca la ley.

Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

“El Ejecutivo tiene una remuneración de casi medio millón de pesos al mes”

Al respecto, Jorge Triana, diputado del PAN, destacó que el dictamen pone en orden la legalidad de las prestaciones a los servidores públicos.

No obstante, planteó que las acciones de austeridad sean parejas y para todos, e indicó que el presidente tiene un salario de 136 mil 739 pesos, pero no se toman en cuenta prestaciones como el fondo de seguridad social, de ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada, ayuda de despensa.

En tanto, la diputada del PRI, Cynthia Iliana López Castro se manifestó a favor de que nadie pueda ganar como servidor público más que el presidente de la República.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, subrayó que esta reforma constitucional es una redundancia obligada porque ha habido varios servidores públicos, particularmente del Poder Judicial de la Federación, que se han negado a ajustar sus ingresos a lo que dice la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente de la República.