Un reportaje elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló grandes cosas. Tres cooperativas de limpieza, constituidas entre enero y febrero de 2026 ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) que encabeza Catalina Monreal (hija de Ricardo Monreal), recibieron contratos por 76 millones 218 mil 388 pesos. Esto mediante adjudicación directa a sólo dos meses de haber sido creadas.

Dichas contrataciones públicas fueron otorgadas directamente por dependencias federales. Como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Distribución de los recursos y operación del INAES

La asignación de los recursos públicos se fraccionó entre las tres nuevas sociedades cooperativas de acuerdo con los registros analizados. La empresa denominada Dehe Sak Agua Limpia obtuvo el contrato más elevado, alcanzando los 50.5 millones de pesos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por su parte, la cooperativa Bienestar de Limpieza y Buen Servicio recibió un contrato por 20.2 millones de pesos adjudicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La organización Juntos por la Limpieza y el Bienestar acumuló contratos por más de 10 millones de pesos. Distribuidos entre el DIF y la Secretaría de Hacienda.

Cuestionamientos éticos y la figura de Ricardo Monreal

Las investigaciones periodísticas apuntan a que la administración de estos fondos recae directamente en el INAES. Esta institución gubernamental se encarga de administrar los recursos financieros, suscribir los acuerdos y efectuar los pagos operativos. Mientras que los socios fundadores carecen de control sobre las cuentas bancarias corporativas.

Diversos integrantes de estas cooperativas declararon que renunciaron a empleos previos bajo la promesa de convertirse en emprendedores independientes. Aunque en la práctica desconocen los montos totales de los contratos firmados a su nombre y dependen de los créditos otorgados por FINABIEN bajo la supervisión del instituto.

El caso coloca bajo el escrutinio público la participación de funcionarios vinculados a la administración federal y su cercanía con figuras de la cúpula legislativa. Particularmente con el diputado Ricardo Monreal. Aunque las organizaciones civiles exigen transparencia en la asignación de contratos públicos mediante adjudicación directa. Hasta el cierre de esta edición las autoridades del INAES y la dirección del organismo han evitado emitir una postura oficial que aclare los criterios de selección de estas empresas de reciente creación.

El diputado federal Ricardo Monreal Ávila reconoció públicamente que el discurso impulsado por la oposición, el cual califica a la fuerza política oficialista como un narcopartido, generó una pérdida considerable de simpatías ciudadanas rumbo a los procesos electorales.

Durante una entrevista concedida al programa periodístico EntreDichos, el legislador admitió que las etiquetas de “narcogobierno” y “narcopresidente” forman parte de una estrategia política de la derecha orientada a minar la credibilidad de un movimiento popular.

Asimismo, señaló que la estructura partidista cometió errores al no responder con suficiente rapidez y eficacia comunicativa en las plataformas digitales y medios tradicionales de comunicación.

Estrategias de comunicación y diálogo sectorial

Ante el desgaste generado por estas campañas discursivas, el coordinador parlamentario subrayó la urgencia de replantear las estrategias de vinculación social de cara al año 2027. Para lograr este propósito, la dirigencia partidista debe recomponer los puentes de comunicación con sectores fundamentales de la sociedad, incluyendo a las comunidades religiosas, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior y las juventudes.

El legislador destacó que el instituto político enfrenta el desafío de blindar sus procesos internos de selección de candidatos. En consecuencia, exigió cerrar tajantemente las puertas a cualquier aspirante que presente antecedentes o sospechas de vínculos con la delincuencia organizada. Según su perspectiva, la transparencia y el filtro riguroso en las postulaciones resultan indispensables para mantener la confianza ciudadana y contrarrestar los señalamientos de la oposición.

El combate a la impunidad como eje central

Durante su intervención, Monreal Ávila respaldó las acciones institucionales encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y procuración de justicia. Afirmó que el compromiso gubernamental contra la impunidad se mantiene firme, desmarcando a la administración actual de cualquier protección a redes criminales.

Finalmente, el representante legislativo enfatizó que la consolidación de la estrategia de seguridad requiere un esfuerzo conjunto entre los poderes de la Unión y la sociedad civil. Para el oficialismo, superar las acusaciones vinculadas al concepto de narcopartido exige resultados tangibles en el combate a la corrupción y una mayor pedagogía política que explique los logros institucionales alcanzados durante los últimos años.

La política de registro de celulares obligatoria, comenzó a reflejarse en el desempeño de las empresas de telefonía en México. Durante el segundo trimestre de 2026, el proceso de vinculación de líneas con datos oficiales provocó una disminución de usuarios en el segmento de prepago.

En el caso de AT&T México, la compañía reportó la pérdida de 668 mil usuarios de prepago entre abril y junio. Esta cifra se suma a las 541 mil líneas que dejó de registrar durante el primer trimestre del año, como consecuencia del proceso de vinculación.

El crecimiento del pospago amortigua la caída del prepago

Las empresas del sector han señalado que la disminución en prepago responde a la obligatoriedad de registrar las líneas móviles, una medida vigente desde el pasado 9 de enero y que ha impactado principalmente a este segmento, el cual representa alrededor del 80% de las líneas móviles del país.

AT&T informó que al 13 de junio había vinculado 9.03 millones de líneas, equivalentes al 34.7% de su base de 24.1 millones de usuarios. De ese total, 4.8 millones corresponden a clientes de pospago.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 25 de junio se habían registrado 63 millones de líneas, apenas el 39.1% del universo estimado. Debido al bajo nivel de cumplimiento, la autoridad amplió el plazo para completar el trámite hasta diciembre y estableció un calendario escalonado para las líneas de prepago pendientes.

Mientras el prepago continúa perdiendo usuarios, el segmento de pospago mantiene una tendencia positiva. En el caso de AT&T, entre abril y junio sumó 369 mil nuevos clientes de pospago, un crecimiento interanual de 20.7%, lo que permitió amortiguar el impacto de las desconexiones.

Este desempeño también se reflejó en sus resultados financieros. La empresa reportó ingresos por mil 224 millones de dólares, un aumento de 16.1% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que su flujo operativo (EBITDA) creció 12.9%, aunque su utilidad neta descendió a 38 millones de dólares.

Especialistas consideran que el principal desafío para las empresas de telecomunicaciones sigue siendo lograr que más usuarios completen el registro de sus líneas, especialmente en el segmento de prepago, donde persisten dudas sobre el proceso y una menor disposición de los consumidores a compartir sus datos personales.