Nacionales
Denuncian violencia y abusos del Gobierno en el Tren Maya
Comunidades y expertos de la sociedad civil mexicana presentaron este martes un contundente informe de observación, denunciando graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades y el irreversible impacto y daño medioambiental provocado por la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, en el sureste de México.
La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), documentó “profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación de los derechos humanos en la región”.
En la conferencia celebrada en el centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en Ciudad de México, María Hernández, del Colectivo Vida, denunció “estrategias de división desde el Estado para dividir las comunidades y romper el tejido comunitario”, a través de diferentes actores, incluidos líderes religiosos y figuras públicas como el actual presidente de la Corte Suprema mexicana, Hugo Aguilar, descrito como afín al Gobierno y antiguo abogado de las comunidades de la región.
A esta situación se suma un marcado aumento de la violencia desde 2020, que incluye ejecuciones, asesinatos y desapariciones de jóvenes, niños, hombres y trabajadores del tren.
Los observadores enfatizaron que la vida en las comunidades se ha visto “radicalmente alterada por la presencia militar” que custodia la zona, lo que ha coincidido con un incremento en el tráfico de drogas y la trata de personas.
Según reportan, en la construcción de esta vía en los tramos 5, 6 y 7 se contabiliza “la pérdida de al menos 20 millones de árboles” provocando la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y el hábitat del jaguar y de fauna protegida.
El informe confirmó la afectación de cerca de 130 cenotes y cavernas, las cuales han sido perforadas, rellenadas o destruidas para la obra.
Además, se constató “la instalación de aproximadamente 15.000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero”, lo que está causando la contaminación del segundo sistema más importante de México y un “daño inconmensurable”, tal como afirmó el investigador Guillermo D’Chisty.
La investigadora antropológica Giovana Gasparelo afirmó que “el proyecto del Tren Maya jamás fue un proyecto ferroviario, en realidad es un proyecto de reordenamiento territorial”.
Explicó que el verdadero objetivo no es el transporte, lo cual se refleja en la existencia de estaciones vacías debido a la gran distancia entre los núcleos poblacionales y las paradas del tren.
“El Tren Maya es un capricho político. Nunca se diseñó como una opción de comunicación o de desarrollo, como nos lo quisieron vender (…). Es un tren sin destino, es un tren que va directo hacia la muerte”, exclamó D’Chisty.
En materia jurídica, se señaló que el proceso de consulta realizado a finales de 2019 violó los estándares internacionales, pues no fue un proceso previo ni libre. Además, se denunció que el proyecto avanzó sin contar con los permisos ambientales necesarios, segmentando los estudios para ocultar los verdaderos impactos de esta deficitaria obra.
Francesco Martone, en juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, recordó que el tribunal dictaminó en 2023 que el Tren Maya era un proyecto “etnocida y ecocida”, exigiendo al Estado mexicano la suspensión inmediata de la obra, la desmilitarización de los territorios y la reparación integral de los ecosistemas dañados.
Finalmente, los participantes reiteraron su preocupación de que otros megaproyectos en curso, como el Corredor del Atlántico o la conexión ferroviaria de México con Panamá, podrían generar efectos igualmente perjudiciales para el medioambiente y las comunidades.
El Tren Maya fue un proyecto prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con una construcción de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La obra ha sido criticada por ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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