Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, extrabajadora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, fue detenida por autoridades estadounidenses tras intentar ingresar a ese país con casi 70 kilogramos de metanfetamina ocultos en su vehículo.

La detención ocurrió el pasado 26 de agosto en el puerto fronterizo de Tecate, cuando Ortega conducía una camioneta Nissan Rogue modelo 2020 con dirección a Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectó anomalías en la parte inferior de los asientos delanteros del vehículo. Por lo que la mujer fue enviada a una segunda revisión.

Durante la inspección, un equipo canino alertó sobre la posible presencia de narcóticos. Posteriormente, los agentes encontraron 30 paquetes escondidos debajo de los asientos del conductor y copiloto.

El cargamento tenía un peso aproximado de 69.6 kilogramos de metanfetamina. Ortega fue arrestada cerca del mediodía y quedó a disposición de las autoridades estadounidenses.

Ayuntamiento de Tecate se deslinda

Durante el interrogatorio, Ortega negó tener conocimiento de la droga y aseguró que viajaba a EE.UU. para comprar materiales destinados a la remodelación de su vivienda.

La mujer se desempeñaba como inspectora y notificadora dentro del área de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate, municipio gobernado por Román Cota Muñoz.

Tras darse a conocer el caso, el Gobierno municipal informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte de la administración desde el 2 de septiembre. Días después de su detención.

El Ayuntamiento sostuvo que los hechos investigados corresponden exclusivamente al ámbito personal de la excolaboradora. Además de rechazar que exista algún vínculo entre el caso y las funciones que desempeñaba dentro del gobierno municipal.

La detenida enfrenta en Estados Unidos un proceso por la presunta importación de una sustancia controlada.

La violencia volvió a alcanzar a la clase política en Oaxaca. Amy Navarrete, excandidata del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Matías Romero, fue asesinada a balazos durante una fiesta patronal realizada en la comunidad de Paso Guayabo.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados irrumpió en la celebración y abrió fuego contra los asistentes. El ataque habría dejado, además de la política, otras dos personas sin vida.

De manera extraoficial, una de las víctimas sería el fotógrafo de Amy Navarrete, mientras que hasta el momento las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad de todas las personas fallecidas y las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

El asesinato ocurrió en plena celebración comunitaria, un escenario que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad frente a la violencia armada, incluso en espacios públicos y eventos con una importante concentración de personas.

Tras conocerse el ataque, la diputada federal Aracely Cruz condenó el asesinato de la excandidata y advirtió sobre la violencia que enfrentan las mujeres que participan en la vida política.

La legisladora señaló que este tipo de hechos no sólo terminan con vidas, sino que también representan un golpe a las aspiraciones y participación de las mujeres en los espacios de representación pública. Asimismo, sostuvo que Oaxaca no puede convertirse en un escenario de sangre al inicio del proceso electoral.

El crimen de Amy Navarrete se suma a los hechos de violencia que continúan golpeando distintas regiones del país y vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes participan en la vida pública y de la población en general.

Mientras avanzan las investigaciones, permanece pendiente el esclarecimiento del ataque, la identificación oficial de las víctimas y la localización de los responsables de un crimen que vuelve a exhibir la persistencia de la violencia política y la inseguridad en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, creada para prevenir posibles riesgos de infiltración delictiva en el proceso electoral de 2026-2027.

La Comisión estará integrada por los consejeros Arturo Chávez López, como presidente, Norma De La Cruz y Uuc-kib Espadas. Entre sus funciones estará solicitar información y mantener coordinación con instituciones como la FGR, el SAT, la UIF, el Centro Nacional de Inteligencia, Hacienda y autoridades de seguridad, además de realizar peticiones directas a las fiscalías estatales.

El procedimiento podrá aplicarse desde las precandidaturas hasta las candidaturas e incluirá también a las personas suplentes. Su objetivo, según el INE, es identificar posibles riesgos antes de que los perfiles lleguen a las boletas.

Sin embargo, los lineamientos aprobados establecen una limitación central: la inclusión de personas y candidatos en el proceso de revisión será “estrictamente voluntaria”.

El Artículo 16 señala que la negativa de un partido político o de una persona aspirante a participar no generará ninguna consecuencia jurídica, ni podrá afectar el registro de una candidatura, los derechos político-electorales o el acceso a prerrogativas.

Además, los lineamientos establecen que la ausencia de participación tampoco podrá interpretarse como un indicio de “riesgo razonable”.

Incluso si la revisión detecta alguna alerta, la última palabra sobre mantener una candidatura corresponderá a los partidos políticos o candidatos independientes.

Así, la nueva Comisión contará con facultades para recabar información, coordinarse con autoridades y detectar posibles riesgos, pero el mecanismo dependerá de que los propios partidos y aspirantes acepten voluntariamente someterse a la verificación.