Nacionales
Atribuyen 4,400 delitos a menores reclutados por el crimen en Michoacán
En Michoacán es cada vez más común que los niños caigan en las redes criminales del narcotráfico y que los más jóvenes ingresen a las filas de la delincuencia organizada.
El caso más reciente documentado es el de un joven abatido, de entre 17 y 19 años, quien, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado, está vinculado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Según Redim más de 460 mil niños fueron reclutados en la última década y utilizados por grupos criminales, y fueron obligados a participar en actividades fuera de la ley.
De acuerdo con el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas en Michoacán (2010-2023)”, que publicó en octubre de 2025 la Red por los Derechos de la Infancia en México, sólo en un año (2023) se registraron cuatro mil 449 delitos de menores relacionados con la delincuencia organizada en la entidad.
Los delitos referidos por el informe involucran homicidios, feminicidios, posesión de armas, extorsión, secuestro, terrorismo, tortura y tráfico de drogas, entre otros.
Si bien los datos estadísticos más actualizados corresponden a 2023, la tendencia, en los últimos cinco años del registro refleja una incidencia casi estática en el número de delitos imputados. En 2019 se reportaron tres mil 994; cuatro mil 182 en 2020; cuatro mil 367 en 2021; cuatro mil 370 en 2022 y cuatro mil 449 en 2023.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró en entrevista con La Razón que existe un hueco en la legislación mexicana, que ha favorecido el reclutamiento de los jóvenes por parte de los grupos delincuenciales.
Pérez comentó que en 2011 ocurrieron las primeras recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en las que se llamó a revisar la estrategia de seguridad en México por el impacto negativo en la infancia. En ese entonces, dijo, se pidió tipificar el reclutamiento forzado como un delito para que a su vez se permita crear programas de rescate o desvinculación de los niños a estos grupos.
“Desde Calderón, Peña, López Obrador… se han negado a tipificarlo y han ocurrido más de 50 iniciativas en el Legislativo y no se han aprobado por falta de voluntad política”, señaló.
Advirtió que la experiencia internacional muestra que la mejor forma de evitar la vinculación de las personas menores de edad con hechos delictivos está en garantizar sus derechos básicos, educación, salud, juego, su derecho a vivir en familia, a tener una vida libre de violencia y desde esa generalidad hay acciones cotidianas que se pueden hacer desde los territorios.
“En tanto no logremos regresar a las personas adolescentes a la escuela, en tanto no logremos construir una política pública con presupuesto y sobre todo, que involucremos a personas jóvenes en las acciones de participación ciudadana, va a ser difícil contar con ellos y con ellas. Nuestro desafío adulto es comprender que son parte de este país. Necesitamos escuchar sus voces y sus problemáticas para junto con ellos resolverlas”, expresó.
Oliva Ramírez Munguía, residente de Zitácuaro y originaria de Paracho, Michoacán, la tierra de las guitarras, recordó en entrevista cuando ella podía andar a pie, caminar en la plaza y regresar tarde de las fiestas. Hoy, dice, “Michoacán parece un lugar de guerra en varias poblaciones, no respetan a mayores, no respetan el lugar y tampoco respetan a nuestros niños”.
Oliva relató a este diario que el Cártel de Acahuato y La Nueva Familia Michoacana dominan en zonas como Zinapécuaro, Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde “han capturado en sus filas no sólo a hombres mayores, sino a mujeres y niños”.
En el caso de mujeres, dijo, “son aquellas que el marido se les va a Estados Unidos y ellas no saben cómo mantener a los niños y, en el caso de niños, son muchos que han quedado huérfanos.
“Mi sobrino, desde pandemia, empezó a pasarla mal cuando perdió a sus padres desde muy chiquillo. (Ahora tiene 13 años) y aunque muchos de la familia hablamos con él, se fue a juntar con estos grupos”, contó.
La mujer, que se dedica a la venta de comida, dijo que en lo que va de 2025, en la localidad donde habita en Zitácuaro, mucha gente ha cerrado sus negocios, “con el temor de que estos delincuentes les echen el ojo a sus hijos y los recluten, porque hay casos donde los niños no quieren ir y los señores estos dicen: ‘No te estoy preguntando, te estoy diciendo que te vas a trabajar con nosotros’; claro, con otras palabras”.
Con mucha tristeza, Oliva, de 48 años, narró que se llega a encontrar a su sobrino y ya ni la mirada le dirige, ella desconoce si por pena, por miedo o simplemente “porque ya es otro”.
“Me acuerdo de que mi papá le ponía la canción de ‘Juan colorado’, ese tema muy querido por nosotros, ahí andaba el muchachito muy feliz. Ahora la gente nos dice que lo ve como ido. Es triste que no sólo nos robaron la tranquilidad, sino a nuestros niños”, expresó.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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