La senadora de Morena por Veracruz, Claudia Tello Espinosa, pidió construir un país donde las niñas y los niños puedan salir a las calles con “toda la confianza y seguridad”. La frase, pronunciada en medio de la ola de violencia que atraviesa Veracruz, terminó por reflejar una realidad difícil de ignorar: si se pide un país donde los menores puedan caminar seguros, es porque esa seguridad no está garantizada actualmente.

Las declaraciones de la legisladora ocurren mientras México continúa enfrentando una crisis de inseguridad marcada por homicidios, desapariciones, extorsiones y violencia vinculada con el crimen organizado. En Veracruz, además, los episodios violentos han mantenido bajo presión a las autoridades estatales y federales, pese a que Morena gobierna la entidad y encabeza el Gobierno federal.

La contradicción resulta particularmente significativa porque Tello, ahora como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, no habló de un problema hipotético ni de un reto lejano: al pedir que los niños puedan salir “con toda confianza”, la senadora reconoce, aunque no lo formule directamente, que hoy México no es un país seguro para los niños y niñas y sus familias.

Su mensaje, sin embargo, no se centró únicamente en la seguridad. La también exsecretaria de Educación de Veracruz aprovechó para llamar a Morena a mantener la unidad rumbo al proceso electoral de 2027, al advertir que las diferencias internas pueden convertirse en un obstáculo para las aspiraciones del partido.

Tello pidió además que los aspirantes a candidaturas locales y federales sean perfiles “limpios y transparentes”, pues de lo contrario, dijo, la situación política podría complicarse. El llamado se produce mientras la propia legisladora enfrenta señalamientos sobre la presunta acumulación de un complejo de al menos 50 propiedades, acusaciones que ella rechazó y atribuyó a grupos internos de Morena.

Así, el discurso de la senadora reúne dos problemas que su partido tendrá que enfrentar rumbo a 2027: la inseguridad que sigue afectando a la población y las disputas internas por el control de las candidaturas. Mientras Morena llama a preservar la unidad, sus propios cuadros reconocen públicamente que existen conflictos dentro del movimiento y cuestionamientos que, de no resolverse, podrían trasladarse al proceso electoral.

El punto más relevante, sin embargo, quedó en su propia definición del país que dice aspirar a construir. Un lugar donde los niños puedan salir a las calles seguros no debería ser una meta pendiente después de años de gobiernos de Morena, sino una condición básica que el Estado tendría que garantizar.

La frase de Claudia Tello, pronunciada en Veracruz en medio de una nueva escalada de violencia, expone así una contradicción política: desde el oficialismo se promete alcanzar una seguridad que sus propios representantes reconocen, con sus declaraciones, que todavía no existe.

Fuente: Latinus

La matrícula del sistema educativo nacional registró una disminución de 288 mil 849 estudiantes entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizadas por la organización Educación con Rumbo. El número total de alumnos pasó de 34 millones 370 mil 623 a 34 millones 81 mil 774, una reducción de 0.84% en apenas un año.

El descenso es todavía más amplio al revisar únicamente los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, donde la pérdida acumulada fue de 529 mil 536 estudiantes. La diferencia frente a la reducción nacional se explica por el aumento registrado en la educación superior, que compensó parcialmente la caída en los niveles previos.

La primaria concentró el mayor descenso en términos absolutos. Su matrícula pasó de 12 millones 838 mil 201 alumnos a 12 millones 520 mil 339, lo que representa 317 mil 862 estudiantes menos y una disminución de 2.48%. La caída se presentó en 31 de las 32 entidades federativas, con Coahuila como la única excepción.

El segundo mayor retroceso se registró en preescolar, donde la matrícula disminuyó en 173 mil 73 niñas y niños, al pasar de casi 4 millones de alumnos a poco más de 3 millones 823 mil. En conjunto, primaria y preescolar concentraron 490 mil 935 estudiantes menos, equivalentes a 92.7% de la reducción acumulada en los niveles que perdieron matrícula.

También se reportaron descensos en educación inicial, secundaria y media superior, aunque en menor proporción. La tendencia, sin embargo, muestra una reducción simultánea en prácticamente todos los niveles educativos anteriores a la universidad, mientras la educación superior avanzó en sentido contrario.

En contraste, la matrícula universitaria aumentó en 240 mil 687 estudiantes, al pasar de 5 millones 519 mil 791 a 5 millones 760 mil 478, un crecimiento de 4.36%. Para Educación con Rumbo, este comportamiento refleja un contraste preocupante: mientras aumenta el número de jóvenes que logra llegar a la educación superior, disminuye la población estudiantil en los primeros años de la trayectoria escolar.

La organización advirtió que la reducción de la matrícula no significa automáticamente que todos esos estudiantes hayan abandonado la escuela, pues también pueden intervenir factores demográficos, migración, movilidad de la población o cambios en la incorporación de alumnos al sistema. Sin embargo, sostuvo que las cifras obligan a conocer con precisión qué está ocurriendo con las niñas, niños y adolescentes que deberían estar en las aulas.

Ante este panorama, Educación con Rumbo pidió a la SEP y a su titular, Mario Delgado, explicar las causas detrás de la caída y precisar cuántos estudiantes efectivamente abandonaron el sistema educativo. El reto, señaló la organización, no se limita a celebrar el crecimiento de la educación superior, sino a garantizar que las nuevas generaciones puedan ingresar, permanecer y avanzar en la escuela desde los primeros años, en un contexto en el que la pérdida de matrícula comienza a concentrarse precisamente en los niveles básicos.

El régimen actual intenta minimizar la nueva emergencia ambiental en el Golfo de México, asegurando que el reciente derrame de hidrocarburo frente a las costas de Campeche no alcanzará tierra firme, a pesar de que la petrolera estatal evade comprometer una fecha exacta para el cese total de la fuga.

La negligencia institucional de la administración morenista vuelve a quedar expuesta ante la falta de transparencia en la gestión de la infraestructura petrolera. Petróleos Mexicanos emitió un posicionamiento oficial para descartar que el desastre ecológico detectado el pasado 10 de septiembre llegue a la línea costera, sustentando su discurso en un supuesto monitoreo permanente que carece de verificabilidad independiente. Las operaciones de contención y limpieza se desarrollan a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, donde las embarcaciones desplegadas intentan mitigar los daños ocasionados por la deficiente supervisión técnica de los ductos en el complejo Cantarell.

La opacidad gubernamental se manifiesta en la indefinición de los tiempos de solución, ya que la empresa productiva del Estado únicamente atinó a estimar que la reparación concluirá en los siguientes días, sin ofrecer certidumbre a los sectores productivos y pesqueros de la región. Mientras la gerencia de la petrolera intenta calificar la situación como controlada mediante el despliegue precautorio de embarcaciones para la recolección y dispersión mecánica del hidrocarburo, la realidad operativa demuestra la vulnerabilidad constante de las instalaciones estratégicas bajo la actual administración federal.

El colapso operativo tuvo su origen en la caída de presión reportada por el personal del Activo de Extracción Cantarell en un ducto marino de recolección que alimenta las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2. Este fallo estructural provocó la emisión de cuatro reportes de observaciones satelitales basadas en imágenes de Radar de Apertura Sintética y multiespectrales, evidenciando la magnitud del daño ambiental que la burocracia oficial intenta minimizar ante la opinión pública nacional.

La gravedad del siniestro obligó a la comunidad científica del Observatorio Permanente del Golfo de México a utilizar datos de tres modelos de pronóstico de deriva, los cuales proyectan un desplazamiento neto de la mancha contaminante hacia el oeste durante un periodo crítico de cinco días. Ante la presión de las evidencias científicas y el escrutinio público, la empresa estatal reconoció que los trabajos técnicos avanzan de manera tardía, reportando que al 12 de septiembre apenas concluyó el dragado del lecho marino y el retiro del lastre de concreto del ducto dañado.

Las labores de contención continúan mediante la habilitación de una envolvente metálica destinada a cubrir la zona afectada, un procedimiento correctivo que llega tarde para prevenir la afectación a los ecosistemas marinos de la Sonda de Campeche. La falta de mantenimiento preventivo y la precariedad en la supervisión de los activos petroleros reflejan el fracaso de la política energética del régimen de Morena, el cual prioriza el discurso político sobre la seguridad industrial y la protección ambiental en las zonas de extracción del país.

(Con información de Proceso)