La Fiscalía General del Estado de Michoacán advirtió que Grecia Quiroz podría ser arrestada si continúa sin entregar los teléfonos celulares de su esposo, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal estatal, informó que la institución prepara un nuevo requerimiento para obtener los dispositivos y realizar los peritajes relacionados con el homicidio del exfuncionario.

La solicitud incluirá medidas de apremio que podrían aumentar gradualmente si la alcaldesa de Uruapan mantiene su negativa.

El funcionario explicó que el incumplimiento también podría derivar en una carpeta de investigación por el delito de obstrucción de la justicia.

Sin embargo, aclaró que actualmente no existe una investigación penal contra Quiroz ni hay elementos suficientes para iniciar un procedimiento en su contra.

La Fiscalía requiere los equipos para determinar si hubo modificaciones en la cuenta de WhatsApp de Manzo y buscar información relacionada con su asesinato.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, celebrado en el centro de Uruapan.

Grecia Quiroz acusa una “guerra sucia”

La alcaldesa respondió que existe una campaña para desprestigiarla, retirarla del cargo y llevarla a prisión.

“Hoy quieren meterme a la cárcel porque quieren regresar a saquear Uruapan”, escribió en sus redes sociales.

Quiroz aseguró que desde hace aproximadamente 10 meses enfrenta acciones para “derrocarla y encarcelarla”. También acusó el uso de las fiscalías para intentar separarla del gobierno municipal.

No identificó a las personas que supuestamente estarían detrás de estas acciones ni presentó pruebas para sustentar sus señalamientos.

La presidenta municipal ha condicionado la entrega de los teléfonos a que su revisión se realice bajo su supervisión, pues teme que la información sea alterada o manipulada.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que necesita tener los dispositivos bajo custodia para efectuar los análisis con autorización judicial.

Quiroz asumió la alcaldía después del asesinato de su esposo y encabeza el Movimiento del Sombrero, agrupación fundada por Manzo.

Morena designó a Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León, un cargo estratégico de cara a la elección de gubernatura de 2027 que suele anteceder a la definición formal de candidaturas.

La exalcaldesa de General Escobedo retoma sus aspiraciones políticas tras haber contendido sin éxito en los comicios de 2021, donde obtuvo aproximadamente el 14% de los votos y quedó ubicada en la cuarta posición de las preferencias electorales.

Antecedentes electorales y el impacto del caso NXIVM

Durante la campaña por la gubernatura en 2021, la trayectoria de la aspirante enfrentó un fuerte desgaste mediático y cuestionamientos públicos derivados de su relación con la organización NXIVM. Semanas antes de los comicios, adversarios políticos difundieron un video donde aparecía reunida con Keith Raniere, fundador de dicho grupo y posteriormente condenado en Estados Unidos por delitos graves de explotación sexual y tráfico de personas.

En un principio, la política guanajuatense negó cualquier vínculo con el líder sectario. Sin embargo, ante la presión pública y la evidencia audiovisual, reconoció su encuentro y ofreció una disculpa pública, argumentando que asistió a un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas de la red. Este episodio afectó su imagen institucional y dividió el respaldo interno dentro de la coalición durante aquel proceso.

Trayectoria institucional y nombramientos estatales de Morena

La nueva coordinadora cuenta con una sólida formación académica en ciencias jurídicas y un doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Su carrera pública incluye tres administraciones municipales en General Escobedo, así como responsabilidades federales recientes al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como diputada federal.

El nombramiento forma parte de la última tanda de designaciones realizada por la dirigencia nacional de Morena en la Ciudad de México, completando el bloque de coordinaciones estatales en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Con esta estructura partidista definida, la militancia inicia los preparativos organizativos rumbo a los próximos comicios locales.

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas contra 21 personas físicas y 25 entidades jurídicas vinculadas directamente con las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Entre los implicados destaca Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora morenista de Baja California, tras una investigación exhaustiva realizada por las agencias de inteligencia norteamericanas para desarticular las redes financieras y de lavado de dinero de esta organización delictiva internacional.

Sanciones financieras y alcances de la investigación contra el Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) congeló todos los bienes y cuentas bancarias de los involucrados en territorio estadounidense. Asimismo, las autoridades prohibieron cualquier transacción comercial entre ciudadanos de aquel país y los implicados.

Las indagatorias revelaron un esquema complejo de triangulación de recursos mediante empresas fachadas, bienes raíces y comercios aparentemente legales. Estas compañías facilitaban el ocultamiento de ganancias ilícitas obtenidas por el Cártel de Sinaloa a través del tráfico de sustancias prohibidas hacia Norteamérica.

Implicaciones políticas y el caso de Carlos Torres

La inclusión de figuras políticas y ex funcionarios en las listas negras del gobierno estadounidense generó una fuerte polémica en el ámbito nacional. Las autoridades hacendarias y de procuración de justicia en México analizan la información proporcionada por el extranjero para abrir líneas de investigación locales sobre los vínculos financieros señalados.

Especialistas en seguridad nacional indican que este tipo de medidas financieras buscan debilitar la estructura operativa de los grupos criminales mediante el corte de sus flujos de capital. Las agencias internacionales mantienen la presión sobre las redes de apoyo logístico para frenar el trasiego ilegal y la impunidad en ambos lados de la frontera.