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Influencers: el nuevo orden social que rige al mundo
De crear contenido por diversión y monetización a volverse figuras públicas que pueden cambiar el rumbo de la sociedad. Este es el impacto que generan los influencers en el mundo.
El auge de los influencers se comenzó a construir desde la década del 2010, solo que bajo el seudónimo de youtubers, dado que la principal plataforma para generar contenido era YouTube. Desde los que hacían videos divertidos como “HolasoyGerman” hasta los que informaban sobre las culturas del mundo como “Luisito Comunica”, los creadores de contenido comenzaron a agarrar fuerza en la sociedad y empezaron a forjar una nueva realidad en el mundo.
Actualmente, con las redes sociales cada vez más fuertes como TikTok, los creadores de contenido se han convertido en personas con un peso real en los temas importantes del mundo. La postura que tomen puede llegar a dividir los bandos públicos; pueden desde concientizar sobre lo que ocurre en el planeta hasta terminar con una empresa por no compartir sus lineamientos. Pero ese poder también los coloca en una zona de riesgo: infracciones a las plataformas, “funas” digitales y un marco legal que aún corre detrás de la realidad digital.
El alcance que sí tiene consecuencias
Cuando una persona se comienza a considerar influencer, deja de crear contenido solo para él o un grupo reducido de seguidores; se vuelve una figura con impacto social, económico y político. Una publicación puede detonar campañas, afectar reputaciones o escalar conflictos. Por eso, plataformas como Meta, X o TikTok imponen reglas claras: discurso de odio, desinformación, acoso o incitación a la violencia son sancionables, incluso con la cancelación de cuentas.
El problema es que estas reglas no siempre se aplican con el mismo criterio. Hay sanciones exprés y, en otros casos, omisiones evidentes cuando el perfil es popular o políticamente relevante.
El odio a escalas mundiales
El “hate” dejó de ser un asunto individual y presencial. Hoy opera como dinámica de grupo: ataques coordinados, cancelaciones masivas y juicios sin contexto. Influencers, periodistas y figuras públicas quedan expuestos a una presión constante sobre qué pueden o no decir, ya que todo puede derivar en violencia digital, amenazas o daños psicológicos, no solo hacia ellos, sino hacia las personas que los rodean.
El caso más popular en México es sobre la comediante Karla Panini. En su momento recibió críticas en medios televisivos por casarse con el esposo de su mejor amiga, la cual tenía cáncer. Sin embargo, con el poder de las redes sociales, influencers se dieron a la tarea de convertirla ya no “en la mujer más odiada de México”, sino del mundo entero. Compartieron la historia y se encargaron de que otros influencers del mundo lo tradujeran a otros idiomas y así todos supieran lo que hizo. Este movimiento tuvo tanta popularidad que incluso se volvió un trend de Tik Tok.
Algo parecido ocurrió con la cantante Ángela Aguilar tras su relación con Christian Nodal, y con la actriz Florinda Meza, luego del estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, cómo separó al actor de su esposa y 6 hijos. Este último caso tuvo más peligros en cuanto al odio colectivo, cuando la actriz que interpretaba a la famosa comenzó a ser atacada por su papel.
Muchas veces los influencers no miden el nivel que tienen sus palabras u opiniones que, cuando han causado un gran revuelo o movimientos en contra de una persona u organización, han tenido que crear videos de disculpa y solicitar a sus seguidores que paren el “hate”.
Las marcas dependen de ellos
El poder de los influencers ha crecido tanto que ahora muchas marcas piden colaborar con ellos con el objetivo de hacerse conocer y que recomienden sus productos. Que un creador de contenido hable bien de lo que ofreces es el éxito seguro. Lo más extraño de esto es que ya no se necesita un anuncio sumamente producido de minutos como antes; con un solo video de un par de segundos es suficiente; muchas veces solo es mencionando el nombre o mostrando el producto por unos instantes.
¿Qué dice la ley en México sobre los influencers y su contenido?
En México no existe una ley específica y clara que regule el discurso digital de influencers. Sin embargo, sí hay marcos aplicables:
- Constitución: protege la libertad de expresión, pero no ampara el discurso de odio ni la violencia.
- Código Penal Federal y estatales: contemplan delitos como amenazas, difamación (en algunos estados), violencia digital y acoso.
- Ley Olimpia: sanciona la violencia digital, aunque su enfoque principal es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Ante el constante crecimiento del poder de los influencers en el país, se ha comenzado un debate sobre regularizar su marco legal como un empleo formal, entre ellos el censurar el odio y la desinformación que cada vez se ha ido normalizando bajo el concepto de “opinión personal”.
Al realizar estos ajustes en la ley, también se estará apoyando a ellos cuando se traten temas legales como el uso de su imagen de manera indebida, un tema que ha ido en incremento ahora con la inteligencia artificial. Recientemente, se viralizaron los casos de influencers que eran “copiados” con ayuda de la IA para generar videos como si fueran propios y promocionar ideas o productos.
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Sheinbaum se deslinda de la academia militarizada tras muerte de Dafne
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deslindó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de cualquier relación operativa o administrativa con la academia militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde falleció la menor Dafne, de 13 años, durante un curso de verano.
Durante su conferencia matutina del 22 de julio de 2026, la mandataria federal aclaró que estos establecimientos operan bajo esquemas particulares o estatales con registros locales, por lo que no forman parte de las Fuerzas Armadas. Asimismo, puntualizó que el esclarecimiento de los hechos y la revisión de los permisos de funcionamiento corresponden estrictamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Investigaciones ministeriales y contradicciones en el caso
El fallecimiento de la adolescente, ocurrido el pasado 17 de julio, movilizó a las autoridades estatales, quienes mantienen abierta una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Los peritajes forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, detectando además lesiones físicas en el cuerpo de la víctima. Estos hallazgos contradicen la versión preliminar emitida por los directivos del plantel, quienes afirmaban que la menor se había desvanecido accidentalmente mientras se bañaba.
Ante la gravedad de los indicios, las instalaciones de la academia militarizada fueron aseguradas por el Ministerio Público para preservar evidencias. Paralelamente, diversos padres de familia y exalumnos alzaron la voz para denunciar presuntos abusos físicos, castigos extremos y prácticas de adiestramiento riguroso dentro del centro educativo, obligando a las autoridades a indagar posibles redes de negligencia y omisión de cuidados.
Impulso a la iniciativa legislativa conocida como Ley Dafne
El impacto social del caso generó una respuesta institucional orientada a reforzar la vigilancia sobre establecimientos recreativos y formativos infantiles. Alejandra Quintos, madre de la adolescente afectada, promueve activamente la denominada “Ley Dafne”. Esta propuesta legislativa busca establecer un marco regulatorio estricto para campamentos de verano y escuelas con disciplina castrense que atienden a menores de edad, prohibiendo tajantemente cualquier forma de castigo físico o sobreexigencia física.
Mientras continúan las diligencias periciales en el estado de Tamaulipas, la exigencia de justicia se mantiene firme por parte de los familiares de la víctima. Las autoridades locales analizan las declaraciones de los instructores y responsables del plantel para fincar responsabilidades penales. El caso pone bajo el escrutinio público la necesidad de supervisar con mayor rigor a los centros de formación privada que utilizan métodos de adiestramiento intensivo en todo el país.
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Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impulsar a Gianni Infantino, actual dirigente de la FIFA, como próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La versión fue publicada por el New York Post, que citó a fuentes cercanas al mandatario estadounidense. Hasta ahora, la Casa Blanca y la FIFA no han confirmado públicamente la propuesta.
Según el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, tiene reconocimiento internacional y capacidad para unir a distintos sectores.
La relación entre ambos se fortaleció durante la organización del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Además, aparecieron juntos en diferentes actos relacionados con el torneo.
En diciembre, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA.
Trump no puede nombrarlo directamente
El proceso para elegir al próximo secretario general de la ONU ya comenzó, pues António Guterres concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026.
Infantino tendría que recibir primero la nominación formal de algún Estado miembro. Posteriormente, necesitaría la recomendación del Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.
Estados Unidos cuenta con poder de veto dentro del organismo, al igual que China, Rusia, Francia y Reino Unido. Por ello, Trump podría bloquear a otros aspirantes, pero no imponer por sí solo a su candidato.
Después, la Asamblea General deberá aprobar el nombramiento. La persona seleccionada asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.
Hasta el momento, Infantino no ha expresado públicamente su interés en abandonar la FIFA para competir por el puesto.
La versión surge mientras el dirigente enfrenta críticas por la ampliación de los torneos internacionales y la saturación del calendario. Javier Tebas, presidente de LaLiga, incluso pidió su dimisión al considerar que sus decisiones perjudican al futbol.
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Querían comprar una plaza en el DIF y los estafaron
Todo ocurrió en el DIF, al menos en la Ciudad de México. Ya lo dice el refrán: «ladrón que roba a ladrón». Para que hacer una solicitud de empleo si puedes sobornar para adquirir una plaza. Pero tras ver que su intención ilícita falló, irónicamente recurren a la justicia. «Disculpe señor policía, yo compré algo ilegal y no me lo dieron: dígale al ratero al que yo contraté que respete la ley». Esta gente quería una plaza comprada, pero no contaban con que otros serían más astutos.
De forma poética así inicia el reportaje de CRONICA. En donde revelan una red de corrupción dedicada a la comercialización ilegal de puestos de trabajo defraudó a por lo menos 200 personas, acumulando un desfalco estimado entre 7 y 8 millones de pesos.
Las investigaciones documentadas revelan un esquema sistemático operado al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde los implicados exigían montos que oscilaban entre los 40 mil y 60 mil pesos por cada nombramiento falso. Sí, falso. Así que el hecho de querer comprar algo falso con la intención de quitarle el lugar a quien aspira limpiamente, le quita el derecho a esa persona de ser considerada una víctima total.
Las familias que intentaban cometer el ilícito de comprar una plaza, no contaban con que no eran los únicos corruptos. Así que ingenuamente creían ser los únicos y recurrieron a la venta de sus pequeños negocios y a pedir préstamos con intereses elevados para cubrir los pagos exigidos. Si todo ese dinero y empeño lo hubiesen enfocado a sus negocios legítimos, otra historia sería.
Foto del presunto nombramiento ilegal. FUENTE: CRONICA
Operación interna y complicidad institucional
Fraude sobre fraude. Claro, no entregaron la plaza que prometían, pero no puedo llamar «fraude» a algo que literalmente ofrecía algo ilegal como lo es la venta de plaza. El esquema operaba mediante el uso indebido de instalaciones gubernamentales y documentación oficial membretada con los logotipos institucionales. Los involucrados organizaban cursos de inducción simulados y entregaban nombramientos apócrifos para mantener la ilusión de un proceso de contratación legítimo.
Como rostro visible de la red, los testimonios identificaron a José Manuel Valdez González, exdirector de diversos Centros de Desarrollo Comunitario, quien utilizaba su posición sindical para enganchar a las víctimas bajo la promesa de obtener seguridad laboral.
La red se aprovechaba de la ingenuidad de los corruptos principiantes. Quienes creyendo estar «burlando la ley» eran a su vez enganañados durante meses o incluso años bajo el argumento de que las plazas correspondían a vacantes generadas por la pandemia.
Impacto social y exigencia de justicia
Siempre hay uno más listo. Así que piensa bien antes de que querer saltarte las normas, porque seguro otra persona lo hará contigo y de mejor manera. Las consecuencias económicas para los que querían pasarse de listos resultaron devastadoras, ya que muchos conservan deudas impagables tras haber liquidado sus fuentes de ingreso primarias. Parece que hasta la vida de corrupción exige estabilidad económica.
Es entendible que los afectados tengan temor de acudir ante las autoridades por el estigma de haber participado en un proceso irregular. Esperemos que así como piden justicia para quienes los engañaron, acepten su responsabilidad si es que la justicia se llega aplicar para ellos también.
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