Nacionales
Inicia en EU juicio por corrupción en Pemex
En la Corte del Distrito Sur de Texas comenzó formalmente el juicio contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa Martínez, señalado por las autoridades de Estados Unidos de haber participado en una red de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la acusación, Rovirosa habría pagado cuantiosos sobornos a funcionarios de la empresa estatal para obtener contratos millonarios, junto con su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo de Pemex y militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien permanece prófugo de la justicia estadounidense y cuya ausencia ha generado aún más atención en torno al caso.
El medio El País reportó que este juicio tiene el potencial de revelar detalles inéditos sobre cómo operaba la corrupción dentro de la petrolera mexicana entre los años 2019 y 2021, un periodo en el que el Gobierno federal destinó miles de millones de pesos para intentar sanear financieramente a Pemex.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rovirosa y Ávila Lizárraga habrían conformado una estructura de sobornos dirigida a por lo menos tres altos funcionarios de Pemex, quienes a cambio de dinero, regalos de lujo y favores personales, facilitaron la obtención de contratos para obras, mantenimiento de pozos, adquisición de materiales y hasta la cancelación de auditorías que ponían en riesgo sus negocios.
Los documentos judiciales revelan que parte fundamental de la evidencia proviene del teléfono móvil de Ávila Lizárraga, del que se extrajeron mensajes comprometedores que demuestran cómo operaba la red de corrupción.
En esas conversaciones, los implicados discutían montos de sobornos, hacían referencia a la entrega de artículos de lujo, como una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot con valor de 12,500 dólares, e incluso bromeaban sobre los pagos. “Un Hublot como comisión, jaja”, se lee en uno de los mensajes.
La defensa de Rovirosa intentó desestimar esta evidencia alegando que las traducciones al inglés eran defectuosas y que fueron entregadas fuera de los tiempos legales establecidos, lo cual, según sus abogados, violaba la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. No obstante, el juez negó esta solicitud, permitiendo que el juicio siguiera su curso y dejando abierta la posibilidad de que el acusado presente traducciones alternativas si lo considera necesario.
A lo largo del proceso, Rovirosa también ha buscado otras estrategias legales para evitar ser juzgado. Argumentó que su relación con el crimen organizado fue una acusación infundada y que los cargos en su contra ya habían prescrito, asegurando que la supuesta conspiración concluyó en abril de 2020. Sin embargo, el tribunal desechó estas afirmaciones al confirmar que existen pruebas que documentan pagos ilegales hasta octubre de 2021, lo cual demuestra que la conspiración continuó más allá del periodo que él sostiene.
En una petición que fue duramente criticada por el tribunal, el empresario solicitó que se le permitiera modificar sus condiciones de arresto para poder viajar a México con su esposa e hijos, supuestamente para tomar unas “vacaciones de lujo” y asistir a una celebración privada de boda y cumpleaños en San Miguel de Allende.
La corte negó la solicitud de manera tajante, señalando que, dada la riqueza del acusado, sus conexiones en México y la gravedad del caso en su contra, existía un alto riesgo de fuga. Además, el juez resaltó que su socio en este caso, Ávila Lizárraga, sigue prófugo en México, justamente el país al que Rovirosa pretendía viajar, lo cual aumentaba aún más la posibilidad de que intentara evadir la justicia.
Ambos acusados han residido legalmente en Estados Unidos desde 2016. El Departamento de Justicia los acusa de conspiración y de violar leyes anticorrupción al participar en un esquema que involucró el pago de al menos 150,000 dólares –cerca de 2.8 millones de pesos– a tres funcionarios de Pemex con el objetivo de manipular licitaciones y asegurarse jugosos contratos con la paraestatal y sus subsidiarias.
El País también documentó que Rovirosa firmó un contrato de explotación por 30 años para operar el campo petrolero VC-01, ubicado en el estado de Veracruz y con una extensión de 125 kilómetros cuadrados. Tan solo en un año, esta operación le generó ingresos por aproximadamente 1.2 millones de dólares, es decir, más de 24 millones de pesos.
Además, sus empresas Tubular Technology e Isa Data obtuvieron al menos 19 contratos con Pemex y sus filiales, acumulando más de 746 millones de pesos en obras de construcción, mantenimiento de infraestructura energética y adquisición de equipos.
Mientras el juicio avanza, Rovirosa enfrenta solo la defensa de su caso, en espera de que las autoridades logren ubicar y extraditar a Mario Ávila Lizárraga. El proceso no solo pone bajo la lupa a los acusados, sino que también arroja dudas sobre el alcance real de la corrupción en una de las empresas más importantes de México, durante una administración que hizo bandera de la lucha contra ese mismo fenómeno.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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