La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), inició los trabajos periciales para conocer la causa del derrumbe de un edificio en la colonia Transito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el que murieron tres trabajadores.

Este martes por la mañana, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México liberó el cuerpo de la tercera víctima mortal, luego de más de 20 horas de trabajo.

El derrumbo ocurrió antes de las 14:00 horas del lunes; se reportaron cuatro trabajadores desaparecidos, de los cuales uno fue localizado con vida y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

Los dos primeros cuerpos fueron localizados la tarde y noche del lunes, mientras que temprano este martes se localizó el último. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas

Tras la localización del tercer cuerpo, el lugar fue entregado a los peritos de la FGJCDMX, quienes de inmediato iniciaron con la recolección de pruebas, toma de imágenes e interrogatorios a trabajadores sobrevivientes.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugado, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes, que no habrá impunidad y que se aplicará todo el peso de la ley.

El inmueble está registrado ante el Gobierno de la Ciudad de México como una propiedad privada de alto riesgo, por lo que se estaba realizando el trabajo de demolición.

Libros antes que ladrillos. Esa es la consigna que hoy resuena en Sitilpech, la comunidad maya de Izamal, Yucatán, que el 27 de enero de 2026 frenó la construcción de 50 viviendas del programa federal Vivienda para el Bienestar en su único terreno disponible y exigió, en cambio, un plantel digno para su telebachillerato. La frase clave, libros antes que ladrillos, sintetiza una demanda que va más allá del cemento: educación, consulta y respeto a la decisión comunitaria.

¿Qué pasó y cuándo pasó?

El conflicto estalló públicamente el martes 27 de enero de 2026, cuando habitantes de Sitilpech se manifestaron para detener las obras de “Casas del Bienestar” —como la gente nombra localmente a los desarrollos vinculados al Programa de Vivienda para el Bienestar— en un predio que, afirman, pertenece al pueblo desde hace décadas. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el espacio fue donado a la comunidad hace más de 50 años por un maestro con el propósito de impulsar la educación. Hoy, piden que ahí se levante la escuela de telebachillerato y no un fraccionamiento de 50 casas.

La movilización del 27 de enero encendió focos rojos regionales. Las y los pobladores denunciaron que la alcaldesa de Izamal, Melissa Puga, “donó el predio” sin consultar a la asamblea y que, ante la protesta, amagó con acciones legales si continuaban bloqueando las obras. En la plaza central de la comisaría, las y los mayas acordaron sostener su postura: alto a los ladrillos, sí a los libros.

El reclamo de fondo: una escuela, no un fraccionamiento

La demanda central es clara: un plantel educativo propio para el Telebachillerato Comunitario de Sitilpech. Aunque la localidad ya cuenta con la modalidad de telebachillerato, las clases se imparten prestando espacios de otra escuela.

La comunidad quiere un campus digno, con aulas, laboratorios, biblioteca y servicios básicos, para que sus jóvenes no tengan que abandonar los estudios ni viajar a otras localidades. En sus palabras, “ya toca”: la educación es la obra prioritaria.

El énfasis en la escuela no es casual. En México, el acceso a la educación para pueblos originarios sigue marcado por brechas duras: los rezagos educativos son mayores y la deserción golpea con más fuerza.

Para Sitilpech, apostar por un telebachillerato formal es una estrategia comunitaria contra esa estadística y una manera de resguardar la lengua, la identidad y la vida en el territorio. Libros antes que ladrillos se vuelve entonces una apuesta por el futuro.

Consulta previa: el derecho que reclaman

La asamblea de Sitilpech insiste en algo básico: si se trata de su territorio, debe haber consulta. El principio de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, reconocido en la legislación y en tratados internacionales, no es un adorno jurídico; es la ruta para validar o corregir proyectos públicos que impacten la vida comunitaria. Para la gente de Sitilpech, la falta de consulta desfondó la legitimidad del proyecto de vivienda en ese predio.

Según documentos de fiscalización y reportes periodísticos, un empresario ligado al clan Bermúdez financió la precampaña de Adán Augusto.

La pista apunta a Fernando Paniagua Garduño, quien, de acuerdo con registros del INE consultados por distintos medios, pagó nueve asambleas en 2023 mientras competía por la candidatura de Morena. Sí, el mismo Paniagua que figura como socio en una firma donde participa la familia Bermúdez.

De acuerdo con El Siglo de Torreón y El Universal, Fernando Paniagua, aportó 189 mil pesos para eventos en Jalisco, Aguascalientes y Sonora. La relevancia no es solo el monto, sino el vínculo societario.

Paniagua fue socio en Inmobiliaria y Constructora Samaria, donde también aparece Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, exjefe de seguridad en Tabasco y señalado por sus nexos con “La Barredora”.

El rastro documental del INE

Las órdenes de servicio, contratos y cuestionarios de riesgo firmados durante la contienda interna de Morena muestran que la donación se destinó a logística de mítines —audio, templetes, sillas, producción— a través de una proveedora de eventos.

Aunque el equipo de Adán Augusto reportó 3.5 millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó gastos mucho mayores, lo que mantiene bajo la lupa el financiamiento y la trazabilidad de esos recursos.

Otro dato que levanta cejas: la conexión política. Rafael Paniagua, hermano del financista, fue nombrado por Adán Augusto como director de la Junta Estatal de Caminos en 2019.

En paralelo, Hernán Bermúdez se integró al gabinete estatal como secretario de Seguridad ese mismo año. El mapa de relaciones sugiere una cercanía prolongada entre los Paniagua y los Bermúdez que hoy rebotan en el terreno electoral.

¿Y ahora qué?

Por ahora, la narrativa oficial rechaza ilegalidades; sin embargo, los hallazgos periodísticos y los papeles del INE abren preguntas legítimas sobre quiénes financiaron y cómo se reportaron los gastos. Mientras avanzan las investigaciones, una cosa queda clara: la historia sobre quién financió precampaña Adán Augusto apenas empieza y podría escalar si se confirman más cruces societarios y políticos.