Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, estaría buscando un acuerdo para entregarse a las autoridades de Estados Unidos, según información difundida por el periodista Jesús Lemus Barajas.

En una entrevista con Infobae México, Lemus afirmó que uno de los abogados del mandatario estableció contacto con la Fiscalía estadounidense durante el fin de semana para explorar una posible negociación.

El periodista consideró que Rocha Moya podría buscar convertirse en testigo protegido. Sin embargo, hasta el momento, ni la defensa del morenista ni los gobiernos de México y Estados Unidos han confirmado las conversaciones.

Lemus agregó que un eventual acuerdo implicaría que el gobernador con licencia aceptara alguna responsabilidad y proporcionara información sobre otras personas relacionadas con los delitos investigados.

Estados Unidos acusa a Rocha Moya de proteger a Los Chapitos

El Departamento de Justicia estadounidense presentó en abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los fiscales lo señalan por presuntamente participar en una conspiración para importar narcóticos, utilizar armas de alto poder y brindar protección institucional a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La acusación sostiene que el grupo criminal habría respaldado la campaña de Rocha Moya en las elecciones de 2021. A cambio, presuntamente recibió protección para operar en la entidad. El político ha rechazado los señalamientos y los ha atribuido a una campaña en su contra.

Lemus relacionó la supuesta negociación con los casos de antiguos integrantes del Gobierno sinaloense que habrían pactado su entrega. Entre ellos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

No obstante, la versión sobre las conversaciones de Rocha Moya permanece sin confirmación independiente. El gobernador con licencia aseguró recientemente que permanece en su domicilio en Culiacán y negó estar bajo protección de corporaciones federales.

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, morirá en una prisión estadounidense tras recibir la máxima pena por parte de la justicia norteamericana.

El juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York —el mismo magistrado que dictó sentencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna—, lo sentenció oficialmente a cadena perpetua, asegurando que el capo de 78 años pase el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad sin posibilidad de salir en libertad condicional.

Cadena perpetua: La resolución del Juez Brian Cogan

Durante la audiencia de lectura de sentencia, el juez Cogan ratificó que la magnitud de los delitos cometidos por Zambada García a lo largo de más de cuatro décadas justificaba la pena más severa contemplada por el sistema legal.

Entre los cargos clave que sustentaron la condena a prisión de por vida destacan:

• Conspiración para el tráfico masivo de drogas: Envío sistemático de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a suelo estadounidense.
• Liderazgo continuo de una empresa criminal de gran escala: Operar como la cabeza operativa y financiera del Cártel de Sinaloa.
• Uso de armas de fuego y lavado de dinero: Operaciones complejas para blindar sus redes de distribución e infiltrar el sistema financiero.

Un precedente definitivo para la justicia internacional

Con esta condena, las autoridades de Estados Unidos asestan un golpe determinante contra la cúpula del crimen organizado mexicano. Ismael Zambada, quien durante décadas logró evadir la acción de la justicia y nunca antes había pisado una celda, enfrentará de manera definitiva el confinamiento en un penal federal estadounidense.

Previo a escuchar la sentencia, Zambada dijo “la violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”.

En un operativo coordinado entre fuerzas federales, José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido junto con otras nueve personas durante una serie de cateos realizados en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las estrategias federales para combatir a los grupos delictivos que operan en la región.

Labores de inteligencia permitieron ubicar inmuebles vinculados al grupo criminal

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de una organización criminal.

Tras reunir los elementos de prueba, un juez de control autorizó siete órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea por las fuerzas federales, logrando la captura de los presuntos responsables sin que se reportaran incidentes mayores durante el despliegue.

“M4” coordinaba operaciones del CJNG en Nayarit y Tlaxcala

Las autoridades federales señalaron que José Guadalupe Ahumada Villegas, conocido como “M4”, fungía como uno de los principales coordinadores de actividades ilícitas del CJNG en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

Asimismo, indicaron que las otras nueve personas detenidas estarían presuntamente relacionadas con diversos delitos, entre ellos:

• Homicidio.
• Secuestro.
• Extorsión.
• Delitos contra la salud.

Las investigaciones continuarán para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos dentro de la estructura criminal.

Aseguran armas, vehículos y teléfonos celulares

Como parte de los cateos, las autoridades federales aseguraron diversos objetos presuntamente utilizados por la organización delictiva, entre ellos:

• Tres armas largas.
• Tres vehículos.
• Teléfonos celulares.

Además, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Golpe económico de 4 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones representan una afectación operativa, logística y patrimonial para la organización criminal, estimada en 4 millones de pesos, considerando tanto los bienes asegurados como el impacto en la estructura del grupo.

Las autoridades destacaron que la captura de un mando considerado de nivel medio forma parte de la estrategia federal para debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones delictivas, especialmente aquellas que mantienen presencia en diversas entidades del país.