Desde abril pasado esta redacción informó sobre un nuevo proyecto de comunicación de la 4T. Ahora, gracias a publicaciones en redes sociales de los presuntos involucrados, podría confirmarse la fecha del inicio de la programación, cuando formalmente habrá iniciado la precampaña electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Entre las personalidades que habrían sido reclutadas se encuentran el periodista español Alberto Peláez, el articulista José Ureña, los conductores Alejandro Cacho y Jesús Martín Mendoza Arriola.

Destaca la supuesta incorporación de Adela Micha, quien de acuerdo con los rumores en redes sociales se encargaría de la sección de espectáculos, lo cual fue desmentido por la propia periodista en su perfil de Twitter. «Solo para aclarar que yo no formo parte del equipo ! Les deseo suerte a los amigos y colegas», escribió la dueña de La Saga.

También quien salió a desmentir su supuesto fichaje fue el periodista Vicente Serrano. El director de Sin Censura TV publicó varios mensajes en los que calificó de fake news las publicaciones que lo ligan con la empresa periodística.

«Esto NO es verdadero. NOTICIA FALSA. Yo no formo parte ni fui invitado. Espero que me borren de la lista. Bonito me viera en un proyecto con Adela. Les pido que publiquen lo que corresponda para aclarar la mención que se hace de mi persona», escribió Serrano.

«Me quieren, de muy mala leche, involucrar con un medio que está a punto de lanzarse. ¿Qué intención hay de meterme en un proyecto con algunos personajes de dudosa reputación como los de la lista que publican?», insistió en otra publicación el periodista de las mañaneras de Palacio Nacional.

Otra figura de los medios salió a desmentir que esta supuesta incorporación. Se trata del

analista político Alex Lelo de Larrea quien en Twitter aseguró de forma breve lo siguiente. «Me entero por un amigo de este post y de la supuesta existencia de tal canal. Me suena fake. De cualquier manera, aclaro que no formo parte de este grupo de colaboradores».

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutaron la aprehensión de una joven de 18 años, identificada como Danna Yanina “N”, por su presunta responsabilidad en la muerte de Dafne Zapata, una menor de tan solo 13 años de edad, en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

El caso, que ha causado profunda indignación entre la sociedad, es investigado formalmente bajo el estricto protocolo de feminicidio.

Primera detenida por la muerte de Dafne

La detenida, Danna Yanina “N”, es una exalumna de la institución que actualmente laboraba como auxiliar del área femenil dentro del campamento de verano al que asistía la víctima.

Aunque en un inicio se manejaron versiones sobre un presunto accidente durante las actividades de adiestramiento e instrucción, la necropsia de ley practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo) arrojó que Dafne Zapata fue víctima de asfixia, al hallarse presencia de agua en sus pulmones.

Tras los hallazgos forenses y las contradicciones en las declaraciones iniciales del personal del campamento, se emitió la orden de aprehensión contra la joven de 18 años, convirtiéndose en la primera persona detenida por el caso.

Irregularidades en la Academia Doenitz

Los hechos ocurrieron en el marco de las actividades del curso de verano impartido por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, un plantel privado de disciplina militarizada en el sur de Tamaulipas.

Familiares e integrantes de la comunidad denunciaron presuntas omisiones en los protocolos de seguridad, falta de supervisión adecuada y castigos físicos severos ejercidos como parte de la disciplina interna del campamento.

Tras reportarse el fallecimiento de la adolescente, las autoridades estatales aseguraron el inmueble e iniciaron entrevistas con el personal directivo, instructores y alumnos que presenciaron los últimos momentos de Dafne dentro de las instalaciones.

Un reportaje elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló grandes cosas. Tres cooperativas de limpieza, constituidas entre enero y febrero de 2026 ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) que encabeza Catalina Monreal (hija de Ricardo Monreal), recibieron contratos por 76 millones 218 mil 388 pesos. Esto mediante adjudicación directa a sólo dos meses de haber sido creadas.

Dichas contrataciones públicas fueron otorgadas directamente por dependencias federales. Como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Distribución de los recursos y operación del INAES

La asignación de los recursos públicos se fraccionó entre las tres nuevas sociedades cooperativas de acuerdo con los registros analizados. La empresa denominada Dehe Sak Agua Limpia obtuvo el contrato más elevado, alcanzando los 50.5 millones de pesos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por su parte, la cooperativa Bienestar de Limpieza y Buen Servicio recibió un contrato por 20.2 millones de pesos adjudicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La organización Juntos por la Limpieza y el Bienestar acumuló contratos por más de 10 millones de pesos. Distribuidos entre el DIF y la Secretaría de Hacienda.

Cuestionamientos éticos y la figura de Ricardo Monreal

Las investigaciones periodísticas apuntan a que la administración de estos fondos recae directamente en el INAES. Esta institución gubernamental se encarga de administrar los recursos financieros, suscribir los acuerdos y efectuar los pagos operativos. Mientras que los socios fundadores carecen de control sobre las cuentas bancarias corporativas.

Diversos integrantes de estas cooperativas declararon que renunciaron a empleos previos bajo la promesa de convertirse en emprendedores independientes. Aunque en la práctica desconocen los montos totales de los contratos firmados a su nombre y dependen de los créditos otorgados por FINABIEN bajo la supervisión del instituto.

El caso coloca bajo el escrutinio público la participación de funcionarios vinculados a la administración federal y su cercanía con figuras de la cúpula legislativa. Particularmente con el diputado Ricardo Monreal. Aunque las organizaciones civiles exigen transparencia en la asignación de contratos públicos mediante adjudicación directa. Hasta el cierre de esta edición las autoridades del INAES y la dirección del organismo han evitado emitir una postura oficial que aclare los criterios de selección de estas empresas de reciente creación.