La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó señalamientos contra Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México, al relacionarla con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La acusación representa un nuevo episodio de tensión entre la administración estatal panista y el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, los señalamientos deben distinguirse de hechos comprobados: una acusación política no demuestra por sí misma la existencia de relaciones con organizaciones criminales.

Maru Campos señala a funcionaria federal

Las declaraciones de la gobernadora colocan a Ariadna Montiel en el centro de una controversia que involucra a dos figuras relevantes de la política nacional.

La gravedad de la acusación exige conocer qué información sustenta los señalamientos y si existen denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

Hasta contar con pruebas verificables o resoluciones oficiales, no corresponde presentar los presuntos vínculos como hechos acreditados.

Sheinbaum exige pruebas y denuncias

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este 23 de octubre que la gobernadora le planteó esas acusaciones durante una reunión privada celebrada el 19 de septiembre en Ciudad Juárez.

Sheinbaum respondió que cualquier señalamiento de esa gravedad debe acompañarse de pruebas y presentarse ante las autoridades correspondientes.

También defendió públicamente a Montiel y sostuvo que, hasta ese momento, no se habían presentado elementos que acreditaran las acusaciones.

¿Qué pasará con las acusaciones?

En otra entrevista, Maru Campos aseguró que presentará denuncias relacionadas con los presuntos vínculos criminales que atribuye a Ariadna Montiel.

La gobernadora mencionó supuestos acuerdos con grupos delictivos en Guadalupe y Calvo desde las elecciones de 2021, aunque no exhibió públicamente pruebas que permitieran corroborarlos.

El enfrentamiento ocurre mientras Chihuahua se prepara para las elecciones estatales de 2027, en las que la seguridad pública ocupa un lugar central.

La pregunta ahora es si las acusaciones se convertirán en una investigación formal o permanecerán como parte de la confrontación política.

Por su gravedad, los señalamientos requieren documentación verificable, investigación independiente y respeto al derecho de defensa de las personas involucradas.

“No pacté con la presidenta de la República ni con nadie, no tendría por qué”, afirmó Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, al rechazar las versiones sobre un acuerdo político con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, o con Morena.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, la mandataria negó que hubiera negociado el futuro político del estado o un cargo diplomático. También rechazó haber entregado al exfiscal César Jáuregui como parte de un arreglo.

“No pacté con la presidenta de la República ni con Morena porque son ajenos a mis principios, a mis valores”, insistió.

Niega acuerdos electorales y un intercambio por el caso del exfiscal

Campos sostuvo que su reunión con Sheinbaum, realizada el 19 de septiembre en una oficina junto al aeropuerto de Ciudad Juárez, estuvo centrada en asuntos de seguridad.

Al preguntarle si durante el encuentro hablaron de las candidaturas a la gubernatura de Chihuahua, respondió: “No, nada, absolutamente nada”.

La gobernadora también rechazó que el proceso contra Jáuregui hubiera sido una negociación para protegerse. “No, nunca lo haría”, declaró, y sostuvo que la actuación de la Fiscalía estatal respondió a una investigación sobre hechos de su competencia.

Explicó que existió coordinación con la Fiscalía General de la República porque las investigaciones comprendían asuntos estatales y federales. Sin embargo, aseguró que no se les informó que la autoridad federal imputaría al exfiscal por traición a la patria, acusación que calificó de desproporcionada.

Sobre las versiones de que podría recibir una embajada o un consulado, reiteró su negativa a cualquier pacto: “Maru Campos no se ha doblado”.

Una reunión con reclamos mutuos por la seguridad

En la segunda parte de su relato, Campos describió el encuentro con Sheinbaum como una conversación de casi una hora, con momentos de tensión y reclamos de ambas partes.

“Sí, nos levantamos la voz las dos”, reconoció. Según su versión, la presidenta le reclamó por la presencia de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, en Morelos, Chihuahua.

La gobernadora señaló que, por su parte, expresó su inconformidad por los señalamientos públicos de traición a la patria que, aseguró, había recibido desde las conferencias matutinas.

También dijo haber solicitado mayor respaldo de las fuerzas federales en la Sierra Tarahumara, particularmente en Guadalupe y Calvo, y atención a las alertas enviadas por su gobierno.

Campos relató que después bajaron el tono y abordaron las necesidades de seguridad del estado. Precisó que ambas habían acordado mantener en privado el contenido de la conversación, algo que distinguió de un pacto político.

La mandataria defendió la necesidad de mantener la colaboración institucional con la Federación y con Estados Unidos, por la condición fronteriza de Chihuahua y los retos del combate al crimen organizado.

El director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin, reveló en la Ciudad de México que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum acumula 18 homicidios de comunicadores y una impunidad casi absoluta, tras haber cumplido únicamente el veintisiete por ciento de los compromisos pactados para salvaguardar la libertad de prensa.

Radiografía de una crisis persistente para la prensa nacional

Reporteros Sin Fronteras calificó el escenario mexicano como una de las tragedias más graves del siglo XXI para el gremio informativo.

La organización internacional de derechos humanos documentó que, en un lapso de dos décadas, 169 comunicadores han perdido la vida en territorio nacional, de los cuales 18 crímenes corresponden exclusivamente a los primeros dos años del actual sexenio federal. Durante la presentación del informe titulado «México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa?», el director general de la instancia, Thibaut Bruttin, advirtió que de los 22 compromisos firmados al inicio del mandato para proteger al sector, la mayoría carece de efectos reales, evidenciando una parálisis institucional preocupante que agudiza la vulnerabilidad de quienes ejercen la labor informativa en las regiones más peligrosas del país.

Citas institucionales y promesas de revisión gubernamental

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal Ernestina Godoy sostuvieron encuentros de carácter urgente con la comitiva de la organización.

Acompañado por Bia Barbosa, directora de Incidencia en América Latina, y Balbina Flores, representante en el país, el directivo expuso los resultados de las reuniones sostenidas en la capital mexicana con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. En dichos encuentros, las funcionarias reconocieron los retrasos acumulados en la implementación de las salvaguardas pactadas y se instruyó a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo Federal de Protección, a identificar los obstáculos para el esclarecimiento de los expedientes abiertos. Por su parte, la titular de la FGR asumió el compromiso de reforzar la capacitación de los agentes del Ministerio Público e incluir el tema en la agenda de la próxima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.

Radiografía estadística de la impunidad y el desplazamiento forzado

El informe sitúa a la nación en el puesto 122 global debido a un nivel de esclarecimiento que apenas alcanza el uno por ciento.

Los datos presentados detallan que, de los 169 homicidios registrados en los últimos 20 años, 166 víctimas cubrían información de carácter local, 34 sufrieron tortura antes de morir, el 59 por ciento investigaba al crimen organizado y el 46 por ciento fiscalizaba temas políticos, siendo las entidades de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas los puntos con mayores registros de violencia letal. Asimismo, Balbina Flores alertó sobre 43 desapariciones documentadas, de las cuales siete corresponden a desaparición forzada, 13 víctimas fueron localizadas sin vida y 24 continúan en calidad de no localizadas, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de al menos 70 periodistas y sus núcleos familiares hacia zonas de mayor seguridad.

Balance crítico de los compromisos gubernamentales y el retroceso institucional

La evaluación revela que diez de las promesas iniciales no mostraron avances sustanciales verificables y dos sufrieron retrocesos.

El análisis de la organización con sede en Francia subraya que los avances registrados durante la gestión actual resultan insuficientes para transformar las condiciones de riesgo, señalando que 10 compromisos carecen de progresos tangibles, cinco presentan avances limitados, dos sufrieron un retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de transparencia oficial. Entre las principales alertas destacan la ausencia de mejoras operativas en el Mecanismo Federal de Protección, la persistencia de descalificaciones públicas contra medios críticos desde el poder y el debilitamiento de las garantías de independencia informativa tras la absorción de funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por parte del gobierno federal.