A medida que se acercan las elecciones, el problema crece; en un municipio, cambiaron ocho veces a los aspirantes debido a amenazas.

La violencia contra los candidatos, especialmente de oposición, llevó a ampliar el plazo de registro de postulaciones para las elecciones del 1 de junio, en las que se renovarán los 212 ayuntamientos de Veracruz.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz terminó de recibir los registros el pasado 4 de abril, siendo que estaba establecido que lo harían hasta el 31, porque los partidos no terminaban de concretar los nombramientos de los candidatos.

Fueron varios factores, pero el principal ha sido las amenazas que los participantes han recibido para exigirles que se retiren de la contienda. En algunos casos ya hubo asesinatos y en otros casos ya hubo peticiones de seguridad, sólo que el OPLE no puede otorgar hasta que no sean formalmente nombrados candidatos, según lo señalado por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional.

A esta queja también se sumó el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, quienes acusaron que sus candidatos han recibido amenazas para que no participen en la contienda electoral.

Y aunque las autoridades estatales aseguran que no hay “focos rojos” en violencia política-criminal en Veracruz, la Organización Data Cívica publicó en su reporte mensual sobre los eventos y expectativas de su evolución en 2025, del 1 al 28 de febrero, un estudio en el que señala que la violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.

Si bien data cívica señala hechos de violencia en 14 estados, tan sólo en Veracruz contabilizaba en febrero de 2025 ocho casos.

Era la temporada de los precandidatos, las intenciones ya se hacían públicas, pero conforme los aspirantes hacían exposiciones sobre su intención de participar, así también era el nivel de la amenaza. Durante febrero, Veracruz registró tres ataques violentos contra aspirantes.

“La violencia político-criminal en Veracruz sigue creciendo conforme se acercan las elecciones. Sólo en febrero de este año, presuntos grupos de la delincuencia organizada atacaron a tres precandidatos y aspirantes para alcaldes en el estado”, indica el documento.

El 3 de febrero, José Antonio Olivares Solano, aspirante a la candidatura de Morena en Jilotepec, municipio cercano a la capital del estado, denunció que sujetos armados balearon la fachada de su vivienda y le dejaron un mensaje amenazante para abandonar la contienda.

El 6  de febrero, en el municipio de Paso del Macho, región cañera ubicada en la región central del estado, el secretario del ayuntamiento Carlos Ramsés Neri, aspirante a la alcaldía junto con su hermano Daniel, fueron secuestrados y un día después los encontraron muertos, con huellas de tortura.

El empresario ferretero Vicente Domínguez, aspirante a la candidatura para la alcaldía de Cotaxtla, fue secuestrado el lunes 10 de febrero, cuando con un grupo de personas pintaban bardas en una comunidad. Tres días después llegó por su propio pie a su domicilio, golpeado.

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En Poza Rica, el regidor octavo del PRI, Víctor Manuel Benavides Cobos fue secuestrado y liberado días después. Previamente había sido atacado a balazos afuera de un hospital, pero en esta ocasión se lo llevaron y le exigieron a su familia una cantidad por su liberación. “Tuvieron que ofertar bienes para que lo liberaran rápido”.

Benavides había mostrado interés en participar en la contienda, pero a partir de este secuestro se retiró y dijo que ya no participaría.

“Veracruz es la tercera entidad con más ataques de violencia político-criminal desde 2018 a la fecha. De acuerdo con la base de datos de Votar entre balas hemos observado que estos eventos se intensifican en los meses previos a las elecciones locales”, señala Data Cívica.

Y EN MARZO NADA MEJORÓ

Al iniciar marzo, cuando ya comenzaban los partidos políticos a realizar la elección de sus candidatos, el Partido Movimiento Ciudadano en una conferencia denunció que al menos 10 aspirantes a las candidaturas para las elecciones municipales habían recibido amenazas para retirarse de la contienda, con mensajes intimidatorios.

De lo que ellos me cuentan, algunos, y que me han mostrado, uno de ellos me mostró un mensaje en el que le exigen que no participe”, dijo el dirigente estatal Luis Carbonell. Sostuvo que por miedo no habían presentado denuncias.

Por su parte, el Partido Acción Nacional reconoció que en al menos 10 municipios se presentaron problemas para que pudieran tener a sus candidatos, “teníamos ya listas a personas que después dijeron que muchas gracias, pero que ya no”, explicaron integrantes de la dirigencia.

Indicaron que en al menos tres de estos 10 municipios, los candidatos les hablaron y les dijeron que les sería muy difícil, porque aparentemente ya habían recibido advertencias. Algunos de los municipios en donde hubo dificultades para poder conseguir aspirantes fueron Tamiahua y Cazones, en el norte y Playa Vicente, en el sur, entre otros.

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Y más que pedir seguridad exclusivamente para los candidatos, lo que indican es que es preocupante lo que se viva el día de las elecciones, el próximo 1 de junio. Reconocieron que no hay interlocución con autoridades estatales, sólo con el Organismo Público Local Electoral.

Creo que en este momento están más preocupados creo que solucionado todo el desastre que dejó (el exgobernador) Cuitláhuac García, que por estar dándole seguridad a los ciudadanos. Está muy complicado”, explicaron los panistas.

En el Partido del Trabajo, que en esta ocasión no hizo alianza con Morena, también hubo dificultades para encontrar candidatos. En los primeros días de marzo, Vicente Aguilar, coordinador estatal del Partido del Trabajo, reveló que le “hacían falta mujeres” para poder cumplir con la paridad; sin embargo, cuando las consiguió, tuvieron problemas para conservarlas porque hubo amenazas.

Anell Acevedo, del municipio de La Antigua, hizo un video en el que renunció a sus aspiraciones sin decir abiertamente lo que había sucedido, sólo sugirió amenazas al mencionar que no quería poner en riesgo a sus hijos y a su familia. Días después el propio dirigente del PT confirmó que dos personas llegaron a su casa y le advirtieron que se retirara porque de lo contrario atentaría contra alguno de sus hijos, su esposo o sus padres.

Crispín Hernández Sánchez, expresidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, también era aspirante del Partido del Trabajo, pero el pasado 1 de abril su camioneta amaneció baleada y calcinada. En un principio los integrantes del PT aseguraban que su candidato no se bajaría, pero las amenazas proferidas le demostraban al contendiente que la advertencia era peligrosa y decidió renunciar públicamente. Crispín Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía General.

El último de los candidatos que se retiró del PT es José Hernández Cayetano, alias Juquilita, quien desapareció el pasado martes 8 de abril. Dos días después la Fiscalía  General del Estado informó que el candidato había sido presentado ante las autoridades por una supuesta simulación de secuestro. El dirigente del PT puso en tela de juicio este caso porque aseguró que hubo petición de dinero y que la familia sí temía por su vida.

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PETICIÓN A HARFUCH

Al Partido Revolucionario Institucional tampoco le fue nada bien en esta temporada de proceso electoral. Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del tricolor, aseguró que, a pesar de los problemas que enfrentaron, lograron seleccionar 212 candidatos pese a las amenazas, pero a la par enviaron un oficio al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que participen en la seguridad electoral en el estado de Veracruz.