Narcotráfico
Nos reclutaron autoridades de Chilpancingo y nos llevaron al Rancho Izaguirre: sobreviviente
Un sobreviviente identificado como “Roberto” dijo que autoridades de Chilpancingo, Guerrero, lo reclutaron a él junto con otras personas y los llevaron al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco en 2023.
Nos reclutaron autoridades de Chilpancingo y nos llevaron al Rancho Izaguirre: sobreviviente
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, “Roberto” –como se hizo llamar por su seguridad–, dijo que las autoridades de Chilpancingo ofrecían trabajo para presuntamente una empresa de seguridad de Estados Unidos (EE. UU.).
Por lo que él y varias personas más aplicaron para el trabajo e hicieron la entrega de todos sus documentos porque, según las autoridades de Chilpancingo, la empresa les daría una visa para laborar en EE. UU.
El sobreviviente aseguró que acudió a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Ayuntamiento de Chilpancingo.
“Asistimos al Ayuntamiento Municipal, asistimos al área de Relaciones Exteriores. Ahí estaban (autoridades) convocando a esta jornada de trabajo y ahí nosotros entregamos nuestros documentos. Y nos dieron una cita para salir de aquí de Chilpancingo.
“Nos reunimos con autoridades, me parece que participaron autoridades de la UAGro (Universidad Autónoma de Guerrero), autoridades del Ayuntamiento del área de Relaciones Exteriores”, dijo “Roberto” en entrevista con Uresti.
Esto no me lo esperaba, pero no sorprende, en el espacio de @azucenau una persona llevada al rancho de #Teuchitlán da su testimonio:
¡FUE RECLUTADO JUNTO CON MUCHOS MÁS, POR EL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO!LA PROMESA ERA DE CAPACITARLOS Y TRAMITARLES VISA PARA TRABAJAR EN 🇺🇸😭 pic.twitter.com/z8gqgBTBWl
— Ana Lucía Medina 🇲🇽 (@analucia_medina) March 19, 2025
Asimismo, indicó que le dijeron que iba a trabajar un mes en Guanajuato donde recibiría capacitación, luego del mes lo llevarían a él y los demás a EE. UU.
De acuerdo con el testimonio de “Roberto”, las autoridades de Chilpancingo los trasladaron en autobús hasta llegar a Jalisco, pero que los llevaron al Rancho Izaguirre sin que ellos estuvieran informados de dónde estaban.
“No llegamos a Guanajuato, íbamos confiados de que llegaríamos a Guanajuato. (…) Cuando llegamos a ese rancho no nos dijeron que era Jalisco.
Era de madrugada y desconocíamos totalmente en dónde estábamos. Nos recibieron unas personas que eran los reclutadores”, indicó “Roberto”.
Habían más de 500 personas en el rancho
Asimismo, señaló que los reclutadores le dijeron a él y a las demás personas que estarían durante un año en el rancho y sí hacían las cosas bien les darían una visa para poder trabajar en EE. UU.
De acuerdo con su declaración, en el rancho había más hombres de otros estados de la República, alrededor de 500 personas.
Asimismo, “Roberto” indicó que les ofrecieron pagos de 5 mil a 6 mil pesos semanales, les prohibieron salir del lugar y hablar con los pobladores de la zona.
Incluso señaló que la comida que les deban no sabían que era, que tenía mal aspecto y olía mal.
Hasta ese momento “Roberto” y las demás personas no sabían que se trataba de un reclutamiento por parte del crimen organizado hasta que una noche llegaron hombres armados, amagaron a los reclutadores y los golpearon.
Posteriormente pidieron ayuda, pero ya no pudieron dejar el lugar y pasaron varios días hasta que logró escapar.
Él y otras personas escaparon luego de que lo comisionaron para ir a comprar insumos, pero se fueron directo a una central de autobuses donde tomaron un autobús y regresaron a Guerrero.
Finalmente, “Roberto” señaló que hasta marzo pasado es que se enteró que él estuvo en el Rancho Izaguirre luego de que se dio a conocer el caso.
Narcotráfico
Lilly Téllez reafirma que Trump tiene pruebas del «narcopacto» de Morena
La senadora Lilly Téllez generó controversia al asegurar que Donald Trump posee evidencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. La legisladora advirtió que «esto apenas empieza», sin presentar pruebas que respalden sus declaraciones.
Trump tendría evidencias del «narcopacto» de Morena
La senadora panista sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump cuenta con elementos sobre un presunto «narcopacto» entre integrantes de Morena y grupos criminales.
Téllez afirmó haber advertido sobre este tema durante varios años y aseguró que la discusión continuará en los próximos días.
«Esto apenas empieza», declaró la legisladora en un mensaje público que rápidamente se difundió en redes sociales.
Sin embargo, la senadora no detalló cuáles serían esas pruebas ni presentó documentos, investigaciones o evidencias verificables que respaldaran su afirmación.
Acusaciones sin sustento documental público
Las declaraciones de Lilly Téllez se mantienen únicamente en el ámbito político, sin estar acompañadas de información comprobable.
La legisladora no ofreció detalles sobre el origen de la supuesta información ni explicó cómo Donald Trump habría obtenido dichos elementos.
Tampoco presentó expedientes, investigaciones judiciales o documentos públicos que permitan corroborar la existencia de las pruebas mencionadas.
De acuerdo con su posicionamiento, el presunto vínculo entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales debería investigarse y debatirse públicamente.
Nueva confrontación en el escenario político
Las afirmaciones se suman a una serie de intercambios entre figuras de oposición y representantes del partido oficialista.
La frase «esto apenas empieza» sugiere que la senadora mantendrá vigente este tema en la discusión pública durante las próximas semanas.
Téllez colocó nuevamente sobre la mesa una de las principales líneas de confrontación que ha sostenido con Morena en los últimos años.
Esta declaración representa un nuevo episodio en la serie de señalamientos que la legisladora ha dirigido contra el partido en el poder, aunque sin el respaldo de pruebas verificables hasta el momento.
La controversia generada por estas afirmaciones promete mantenerse en el centro del debate político nacional en los próximos días.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
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