La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta tras confirmar la falsificación de productos BOTOX® y BOTOX® Cosmetic. Esta medida se deriva de un análisis técnico-documental realizado en conjunto con la empresa AbbVie Farmacéuticos. Se detectaron irregularidades en el etiquetado, números de lote no reconocidos y la comercialización ilegal a través de redes sociales.

La dependencia enfatizó que el uso de estos artículos representa una amenaza para la salud, ya que se desconoce su origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Al no existir certeza sobre las materias primas utilizadas, no se puede garantizar la seguridad, la eficacia ni la calidad de los tratamientos.

Lotes identificados y anomalías detectadas

La alerta se enfoca en presentaciones de frasco ámpula con polvo liofilizado. Entre los casos detectados en México destaca el producto BOTOX® Cosmetic (OnabotulinumtoxinA) 100 U con lote HA88346. Este artículo presenta leyendas en inglés y turco y carece del permiso necesario para su comercialización en el país. Otra anomalías detectadas incluyen:

• BOTOX® 100 U con lote D0044C3: Leyenda de “caducidad” abreviada
• Lotes internacionales: C7746C3 (sin hologramas), C7936C3 (fechas de fabricación inconsistentes) y C8846C3 de 200 U (no válido para el fabricante)

De acuerdo con la Ley General de Salud, el BOTOX® (Toxina botulínica tipo A) es un producto que requiere receta médica para su adquisición. La Cofepris advierte que cualquier versión que se ofrezca sin registro sanitario no ha sido evaluada ni autorizada para su aplicación en seres humanos.

Recomendaciones a la población y profesionales de la salud

La Cofepris exhorta a la población a no adquirir productos médicos a través de redes sociales o sitios web no autorizados. Estos son los canales más frecuentes para la distribución de medicamentos falsificados. Asimismo, se recomienda a los profesionales de la salud verificar que los insumos adquiridos cuenten con los registros sanitarios vigentes.

En caso de detectar irregularidades en el etiquetado, empaques sospechosos o inconsistencias en los lotes mencionados, se solicita a la ciudadanía realizar la denuncia correspondiente ante la dependencia federal. El control es una responsabilidad compartida para prevenir daños irreversibles al bienestar de la población.

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que Colombia no autorizó el ingreso de su personal después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto.

Según el grupo mexicano, la coordinadora de Gestión de Riesgos, Silvia Vallen, comunicó que las capacidades nacionales tenían cubierta la emergencia y que no se permitiría el ingreso de equipos extranjeros.

Colombia prioriza insumos humanitarios

La versión coincide con información del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien señaló que Colombia solicitó ayuda únicamente mediante insumos. Los equipos colombianos permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Los Topos afirmaron que Colombia evaluaba la participación de grupos de Estados Unidos, Ecuador y Chile. Las autoridades no habían publicado una lista definitiva de equipos autorizados.

Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares para refugios, alimentos, protección y evaluación de daños. También activó un equipo para apoyar la coordinación.

México también preparó ayuda humanitaria y especialistas en rescate, pero la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el despliegue requería una solicitud formal de Bogotá.

Topos mantienen ofrecimiento de ayuda

La brigada mexicana respetará la decisión de Colombia y no enviará personal sin autorización. Sin embargo, mantuvo disponible su apoyo ante una nueva Evaluación de Daños y Necesidades.

El terremoto afectó ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Equipos nacionales continuaban buscando sobrevivientes mientras las comunidades recibían alimentos, agua, refugio y atención médica.

La decisión no supone el rechazo de toda cooperación internacional. Colombia ha solicitado materiales específicos para complementar su respuesta, pero distingue entre ayuda humanitaria y el ingreso de rescatistas extranjeros. Naciones Unidas permanece en contacto con las autoridades y ofreció respaldar la respuesta gubernamental conforme a las necesidades que sean comunicadas oficialmente.

El Gobierno colombiano sostiene que puede atender las operaciones con sus equipos. La participación de brigadas internacionales dependerá de nuevas evaluaciones y solicitudes oficiales.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se deslindó formalmente de la iniciativa para crear un padrón de comunicadores, aclarando que la idea original surgió de una reportera local y no de su administración.

El debate se originó tras una reunión celebrada el 27 de julio, cuando un miembro de la prensa sugirió registrar a quienes ejercen el oficio en el estado bajo el argumento de identificar a personas con supuestos nexos delictivos.

Aunque la mandataria estatal insistió en que ella no propuso el mecanismo, previamente había calificado la sugerencia como una opción viable para el gremio, generando diversas reacciones en el sector informativo.

Origen del debate y postura del gobierno estatal

Durante el encuentro con los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo local enfatizó que su administración no diseñó ningún instrumento de control para los trabajadores de la información. La funcionaria reiteró que, al escuchar la propuesta en una conferencia anterior, sugirió que fueran los propios comunicadores quienes organizaran sus esquemas de autorregulación si así lo consideraban pertinente.

Sin embargo, las declaraciones iniciales desataron críticas severas entre asociaciones de periodistas y colectivos defensores de la libertad de expresión, quienes cuestionaron la viabilidad de establecer registros oficiales para la labor informativa en la entidad veracruzana.

Reacciones del gremio periodístico y autonomía profesional

Diversos sectores del periodismo local expresaron su rechazo ante cualquier intento de catalogar o supervisar el ejercicio profesional desde las estructuras gubernamentales, señalando que estas medidas vulneran la confidencialidad y la seguridad de los reporteros.

Por su parte, el equipo de comunicación de Rocío Nahle intentó aclarar que la postura del gobierno se limita a respetar la autonomía de los profesionales de la noticia, dejando en manos de las comisiones internas cualquier decisión relacionada con padrones gremiales.

La administración estatal mantiene abierta la comunicación con los representantes de los medios para disipar tensiones y garantizar el libre desempeño de la labor periodística en la región.