La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó este viernes no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región, tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13 % de los electores.

En su informe preliminar, la misión afirmó que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia.

«La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región», señala el documento, que también cuestiona la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.

Aunque el informe destacó el desarrollo pacífico de la jornada electoral, expresó preocupación por la baja participación ciudadana y la falta de condiciones de accesibilidad en varias casillas.

«La Misión destaca que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad y reconoce el trabajo de las y los integrantes de las casillas, así como de los funcionarios electorales», señaló la OEA. No obstante, alertó que «la participación para la elección fue de aproximadamente 13%; se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral».

Según la OEA, el proceso electoral «se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad».

Esta elección fue resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que estableció el voto popular como mecanismo de selección para jueces, magistrados y ministros en todo el país. «No existe precedente en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegida mediante sufragio universal», subrayó la Misión.

En la elección se votó por nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 de Salas Regionales, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se llevaron a cabo elecciones judiciales locales en 19 estados y elecciones municipales ordinarias en Durango y Veracruz.

Bailan entre aguas contaminadas pese a riesgos sanitarios y eléctricos; el video causa indignación y burlas en redes.

Un video captado en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, ha generado controversia en redes sociales al mostrar a un grupo de personas bailando durante una celebración callejera, a pesar de que el lugar se encontraba completamente anegado por aguas residuales.

En las imágenes, difundidas a través de TikTok y con más de 36 mil visualizaciones, se observa a los asistentes disfrutando de la música del “Sonido Sumer” sin prestar atención al entorno insalubre ni a los posibles riesgos para su salud.

Aunque no se ha determinado con precisión la fecha del evento, internautas han especulado que ocurrió durante el pasado fin de semana, en medio de las intensas lluvias que han provocado inundaciones en varias zonas del país. La situación ha llevado a autoridades de Protección Civil a emitir alertas y recomendaciones para evitar la exposición a focos de infección y peligros eléctricos.

La grabación desató una variedad de reacciones en redes sociales: mientras algunos usuarios aplaudieron el entusiasmo de los participantes, otros expresaron su preocupación por los riesgos sanitarios y de seguridad.

“Qué miedo. Imagínense que un cable con corriente cayera al agua”, comentó un usuario, mientras que otro ironizó: “Ya está pagado el sonido… ni modo de no bailar”.

El video ha servido como un recordatorio de la necesidad de concientizar sobre los peligros que pueden implicar este tipo de conductas en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos, así como de reforzar la cultura de prevención ante desastres naturales.

Fiesta en zona inundada de Tlaxcala causa polémica en redeshttps://t.co/COdlTpq4Qx pic.twitter.com/qfVm6GzHrQ

— PacoZeaCom (@PacoZeaCom) June 6, 2025

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez debido a que se niega a transparentar el destino de 900 millones de pesos del presupuesto municipal 2023.

Pese a múltiples requerimientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero. La edil insiste en que no tiene obligación de rendir cuentas al órgano estatal.

Durante una reciente declaración pública, la presidenta municipal minimizó la situación diciendo: “No hay ninguna afectación. Lo demás es el Guerrero negro”. Y reiteró que “en Guerrero todo se puede”, aludiendo a una supuesta falta de atribuciones de la ASE para auditarla.

A la alcaldesa de Acapulco “se le desaparecieron” 900 millones, y contesta con este descaro del porqué se amparó para no responder por ello.

Pero no importa…pueden darse el lujo de ser así de cínicos porque saben que la gente seguirá votando por ellos a cambio de apoyos… pic.twitter.com/R0WaP3jrnD

— Luis González (@luis_gj) June 6, 2025

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Abelina López se niega a justificar uso de más de 800 millones

La ASE acusa a López Rodríguez de negarse a entregar la documentación que justifique el uso de 898 millones de pesos provenientes de fondos federales como el Ramo 33, Ramo 38, el Fortamun y el Fondo de Infraestructura Social Municipal.

De hecho, inició un amparo que la protege de justificar los millones desaparecidos.

El organismo sostiene que dichos recursos deben ser utilizados de forma transparente y en beneficio directo de los ciudadanos en Acapulco. Aseguró también que no teme a las investigaciones.

La legislación vigente, a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obliga a los servidores públicos a rendir cuentas y a administrar los recursos bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez.

El artículo 7, fracciones I, III y IV, establece claramente estos deberes fundamentales, que la alcaldesa estaría evadiendo.

La negativa de la alcaldesa ha generado fuerte indignación en la ciudadanía y organismos civiles, quienes exigen que se esclarezca el paradero del dinero y se garantice el cumplimiento de la ley.