CD de México, Mx.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación de cuatro centros utilizados para procesar combustible de forma ilícita en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos,

La investigación comenzó tras las denuncias anónimas sobre una nave en el municipio de San Luis Potosí a la que ingresaban autotanques de manera constante.

Desarticulan cuatro centros clandestinos de procesamiento de combustible – centros-de-procesamiento-ilegal-de-combustible
Centros de procesamiento ilegal de combustible. Foto de FGR
Las autoridades localizaron ocho tanques de unos 80 mil litros, ocho cilindros horizontales, seis verticales y 894 contenedores de mil litros.

También aseguraron una máquina asfaltadora, generadores, herramientas, equipo de cómputo, documentación, una camioneta y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, además de cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

En Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, se aseguraron 18 tanques verticales, dos líneas de producción, unos 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico e hidrocarburos y documentación.

En Tizayuca, Hidalgo, la FGR intervino una instalación denunciada por probable procesamiento de combustibles, donde halló 32 contenedores de mil litros, 25 de 5 mil y 456 mil 300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como posible hidrocarburo o producto químico, además de equipos electrónicos y documentos.

El cuarto inmueble fue localizado en Cuautla, Morelos, después de una denuncia sobre el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y químicos.

Allí se recogieron seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques.

La operación, realizada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, forma parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y derivó de labores de inteligencia e investigación coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR no informó de personas detenidas por estas cuatro operaciones y señaló que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a quienes participen en estas actividades.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno mantiene investigaciones sobre las redes de delincuencia organizada vinculadas con el robo y procesamiento ilegal de combustibles, después del hallazgo de instalaciones clandestinas.

Como parte de estos esfuerzos, la FGR informó en julio del aseguramiento de 18.9 millones de litros de hidrocarburos en 170 ferrotanques y mantiene abiertas líneas de investigación sobre más de 70 personas en nueve estados.

Con información de EFE

Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia de este martes, un nuevo decreto para garantizar la transparencia del gobierno, tras días de debates sobre los nuevos lineamientos para los medios de comunicación y señalamientos de intentos de censura.

La presidenta explicó que se debe cumplir con el derecho a la información, como establece el artículo 6 de la Constitución: garantizar el derecho a las audiencias y garantizar que el gobierno cuente con un portal de transparencia claro.

Explicó que, si bien estos lineamientos ya están establecidos en la Constitución, se trata de ser «todavía más transparentes con la información», a partir de volver más accesibles el portal de transparencia, que antes estaba a cargo del INAI.

Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, detalló el decreto. Entre otras medidas, establece que se debe especificar qué información se puede resguardar, en esencia, todo aquello que esté en proceso judicial o sea considerado de seguridad nacional. De tal forma que estos criterios ya no estén a cargo de servidores públicos.

La presidenta dijo que esta iniciativa forma parte del esfuerzo del gobierno por garantizar la transparencia, como se establece por ley, lo mismo que los medios de comunicación y en ese sentido, volvió a defender la iniciativa sobre la defensa de los lineamientos para las audiencias.

«Así como el gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información deben tener un código de ética para garantizar el derecho a la información», defendió Sheinbaum.

En la conferencia participó Luisa María Alclade, consejera jurídica de presidencia, para presentar nuevamente estos lineamientos y rechazar los señalamientos de intento de censura, pues acusó que hubo una «campaña de desinformación».

La funcionaria dijo que hay una «falsa narrativa» de que estos lineamientos buscan censurar y que sea el Estado el que determine como única palabra que es verdad y que no, callar voces y limitar opiniones. «Nada de eso está establecido en los lineamientos», aclaró.

Explicó que lo que establece esta iniciativa es que los propios medios de comunicación establezcan de forma obligatoria códigos de ética y establecer mecanismos para garantizar que la información sea veraz, que no sea falsa, además de nombrar a un defensor de las audiencias.

En cuanto al papel del regulador, aseguró que este solo intervendrá para emitir una sanción en caso de que no se cumplan con los puntos anteriores, por ejemplo, que no se publique el código de ética.

«Eso nada tiene que ver con censura o intervenir en qué información se presenta», aseguró Alcalde.

La presidenta nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el inicio de un procedimiento sancionador para suspender los derechos políticos de las diputadas locales en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, luego de que emitieran expresiones despectivas que afectaron a más de 12 millones de adultos mayores en el país durante un programa de podcast.

Durante su conferencia semanal del 4 de agosto de 2026, la dirigencia nacional subrayó que las burlas relativas a que las personas de la tercera edad huelen “a baúl” no reflejan los principios éticos ni la postura institucional del movimiento político, exigiendo una sanción ejemplar ante la gravedad de los dichos públicos.

Rechazo institucional y defensa de la dignidad política

La líder partidista enfatizó que la dignificación de los sectores vulnerables ha constituido un pilar fundamental en la agenda legislativa de la transformación, impulsando programas sociales prioritarios como la Pensión para el Bienestar. Por consiguiente, la dirigencia rechazó tajantemente las declaraciones de las legisladoras poblanas, manifestando su molestia ante conductas que contradicen el respeto histórico hacia quienes abrieron camino en la lucha social de México.

«Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la comisión. Y también reiterar y hacer un llamado a todas y todos nuestros militantes a siempre dirigirnos con respeto a todas las personas». Ariadna Montiel.

Asimismo, la presidencia del partido aclaró que, si bien cada militante mantiene autonomía en el manejo personal de sus redes sociales, la representación popular exige un compromiso ético inquebrantable. Ante la falta de congruencia con los estatutos internos, la dirigencia sugirió que las legisladoras abandonen la militancia si no están dispuestas a conducirse con el decoro necesario que demanda la ciudadanía.

Criterios de disciplina partidaria y futuros escenarios electorales

La solicitud de investigación interna abre un debate profundo sobre los límites de la disciplina partidista y la responsabilidad de los servidores públicos frente a sus expresiones en medios digitales y espacios de entretenimiento. Analistas políticos señalan que esta medida disciplinaria busca blindar la imagen institucional del partido frente a los procesos electorales federales y locales que se aproximan en los próximos años.

La Cnhj evaluará los elementos probatorios del caso para dictaminar la resolución definitiva en torno a la permanencia de las legisladoras dentro de las filas del movimiento oficialista. Mientras tanto, diversos sectores sociales continúan exigiendo la aplicación de sanciones políticas que inhiban cualquier forma de discriminación hacia los adultos mayores.