Raquel Buenrostro avanza en la conformación de un grupo compacto en la Secretaría de la Función Pública que le permita un enviar un mensaje contundente al resto de los secretarios.

En los últimos días despidió a todo el personal que consideraba poco apto para la tarea y que venía del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Buenrostro está convencida de que su trabajo es elemental porque cree que, a diferencia del sexenio anterior, Claudia Sheinbaum no tendría la misma resistencia que AMLO ante la opinión pública en caso de que sucediera un escándalo de corrupción.

Por eso la SFP ya tiene dos objetivos iniciales. El primero es la gestión de Octavio Romero en Pemex, que es una catástrofe a todo nivel y que además tienen sombras de maniobras de supuesta corrupción que son conocidas en el sector petrolero y que se ejecutaban desde las oficinas de Pemex en Tabasco. El eje de ese sistema irregular es la sideral deuda con proveedores que alcanza los 25 mil millones de dólares.

Movimientos que agradan en el gabinete, comenzando por Rogelio Ramírez de la O, que detesta a Romero por cuestiones personales nunca aclaradas y siguiendo por la presidenta, que no quería al agrónomo en su gabinete pero que por la presión de López Obrador debió ubicarlo en Infonavit.

Detalles mencionados en voz baja: ¿Qué sucedería si Buenrostro encuentra en Pemex cuestiones tóxicas ligadas a Andrés López Beltrán o al general Audomaro Martínez, que hasta hace algunas semanas manejaba el espionaje doméstico?

En lugar de ese escenario, en Palacio domina el pragmatismo: si la auditoría en Pemex es una catástrofe será el atajo directo para quitar al tabasqueño del Infonavit. «Para él problema no sería, su amigo Javier May seguro lo nombra tesorero», deslizan con sorna.

El otro objetivo para auditar es el IMSS, que maneja fondos millonarios para impulsar el programa IMSS Bienestar. Un territorio sensible y que influye en el futuro inmediato de Morena y su flamante dirigente nacional.

La diferencia respecto a Pemex es que Zoé Robledo tiene contacto directo con Sheinbaum y figura entre los primeros considerados en caso de que fueran necesarios ciertos ajustes en el gabinete.

Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su renuncia tras la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Piña Hernández afirmó que su decisión está motivada por un acto de congruencia y respeto a la Constitución.

La reforma judicial, que generó debate entre diferentes sectores, impulsó su determinación de dejar el cargo para respetar el marco normativo vigente.

“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.

“Tuve el honor de ser nombrada Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito a través de concursos de oposición y ratificada en mi cargo hasta ser nombrada por el Senado de la República, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de diciembre de 2015”, añadió Norma Piña.

En su carta de renuncia declaró que declina a su candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de ministras y ministros de la Corte.

Su renuncia marca un momento significativo para el Poder Judicial en México.

Minutos más tarde, la Suprema Corte de Justicia, confirmó que ocho ministros acataron el séptimo transitorio de la reforma judicial y presentaron sus renuncias al Senado, con efectos al 31 de agosto de 2025

Claudia Sheinbaum acusó este martes, durante su conferencia mañanera, a los ministros y ministras que amenazaron con renunciar de buscar irse antes de perder sus lujosos retiros.

«Renuncian porque se van a ir con todos los haberes del retiro, que es un montón de dinero. Si no presentan ahorita su renuncia, ya no se llevan ese dinero», acusó la presidenta al ser cuestionada al respecto.

El comentario surge luego de que se diera a conocer que hoy renunciarían siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Laynez, Margarita Ríos y la presidenta Norma Piña. Su renuncia sería efectiva hasta 2025.

Vale recordar que por su parte, el ministro Luis María Aguilar termina su periodo en un mes. Por su parte, permanecerán las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

La decisión la dio a conocer el ministro González Alcántara en una entrevista para el diario Reforma, luego de presentar un proyecto en la que se eliminaría de la reforma al Poder Judicial la elección popular de jueces y magistrados, quedando solo la de ministros de la Corte y del Tribunal Electoral.

«Habrá siete u ocho ministros que decidamos presentar la renuncia y a otra cosa. Quedamos en hacerlo en forma conjunta», avisó González Alcántara en dicha entrevista.

Para la presidenta se trata de una estrategia de irse aún con cuantiosas pensiones antes de que ocurra el proceso de elección de las y los juzgadores del Poder Judicial.

Sheinbaum insistió que las y los ministros están actuando de forma inconstitucional al revisar los amparos que promueven los partidos de oposición y dijo que habrá que esperar cómo votan por el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá.

«Ellos lo saben, son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la constitución», dijo.

Y agregó: «Van a pasar a la historia estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va en contra de la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución. Ellos también van a ser juzgados por la historia y por el pueblo», sentenció.