El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo 2023-2024, la cual proporciona evidencia para mejorar la política de desarrollo social a partir de identificar los principales retos en la materia y plantear recomendaciones y rutas de acción cuya implementación permitiría al Gobierno federal avanzar en su tarea de garantizar este derecho a toda la población.

En sus resultados, encontró que más de la mitad de la población mexicana se encuentra en la informalidad laboral; las y los jóvenes, las personas adultas mayores y trabajadoras del sector primario, así como quienes tienen un menor nivel educativo, son los grupos prioritarios por atender. Sin embargo, el Consejo señala que es necesario destacar que la informalidad es un fenómeno complejo y heterogéneo que responde a diferentes causas por lo que no existen responsables o soluciones únicas.

Así mismo, más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral; “las mujeres y las personas trabajadoras informales son las más afectadas por esta situación”, señaló.

El CONEVAL señala también que los mecanismos de protección del ingreso ante la pérdida del empleo son insuficientes, especialmente en contextos de informalidad laboral, ya que afectan a toda la población económicamente activa.

“La falta de capacitación y formación para el trabajo limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral. En el país, las y los jóvenes, mujeres, personas trabajadoras informales y quienes tienen una menor escolaridad acceden a menores oportunidades de capacitación. Predomina la búsqueda de empleo a través de medios informales de intermediación y vinculación laboral. En el país hay poca presencia territorial de los servicios públicos de vinculación, y los servicios digitales para la intermediación pueden excluir a la población más vulnerable que no tiene acceso a internet, habilidades digitales u otros requisitos que les impediría hacer uso de este servicio”, revela.

El estudio también señala que existen brechas salariales no justificadas por tipo de trabajo o productividad, las cuales reflejan un trato discriminatorio que afecta, principalmente, a mujeres, población indígena y personas trabajadoras del sector primario y del hogar.

“Las jornadas laborales excesivas afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además de frenar el aumento de la productividad e incrementar los riesgos en el trabajo. En México, esta se compone de 48 horas semanales, siendo una de las más largas de la región. Se recomienda establecer una estrategia que asegure un balance adecuado entre la duración de la jornada laboral, la conciliación del tiempo de trabajo y vida personal, así como el pago justo por las horas trabajadas”, ahonda el estudio.

Sobre el trabajo infantil, el Consejo afirma que este “afecta negativamente el desarrollo de la infancia y adolescencia y el ejercicio de otros derechos, como la educación. Este es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas”.

Respecto a los contratos y la estabilidad laboral, se identificó que las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas sufren mayor inestabilidad laboral. Además, muchos empleos no proporcionan prestaciones laborales adecuadas. Los grupos más afectados por ambas problemáticas son las mujeres, la población indígena, personas en situación de pobreza, personas trabajadoras del hogar y del sector primario.

La implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección laboral afectan negativamente a las personas trabajadoras y a la población económicamente activa. “Es necesario fortalecer la difusión de los derechos laborales, pues esto permitiría que las personas trabajadoras cuenten con la información necesaria para exigir el cumplimiento de sus derechos”.

Al considerar el derecho al trabajo, resulta fundamental analizarlo a la luz de otros derechos sociales, como la seguridad social y la salud; un sistema de seguridad social universal permitiría abordar retos relacionados con la informalidad laboral, aunque seguirían pendientes aspectos fiscales, económicos y de acceso a la justicia laboral.

Las medidas laborales deben estar alineadas con la capacidad de crecimiento económico y la generación sostenible de empleos formales. Asimismo, el potencial de las acciones en materia laboral puede incrementarse mediante políticas que impulsen la productividad, reduzcan las desigualdades regionales y fomenten el empleo en sectores tecnológicos avanzados, finalizó en un comunicado.