Una corte civil de Miami dictó una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, quienes deberán pagar un total de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción relacionado con contrataciones ilegales durante el tiempo en que García Luna estuvo al frente de la seguridad nacional.

El fallo, emitido por la jueza Lisa Walsh, señala que el exfuncionario deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa tendrá que restituir mil 740 millones.

La sentencia fue resultado de una demanda presentada por el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que solicitó una resolución sin necesidad de juicio, luego de que los acusados no comparecieran ni enviaran representantes legales para defenderse del proceso iniciado en 2021.

Según el tribunal, esta falta de respuesta implica que admitieron los hechos y aceptaron el alivio solicitado por el demandante.

De acuerdo con la UIF, el esquema de corrupción permitió que el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera ilegalmente 30 contratos con instituciones de seguridad pública mexicanas, transfiriendo más de 634 millones de dólares a paraísos fiscales y posteriormente a Florida. Los fondos se utilizaron para adquirir propiedades y otros bienes en Estados Unidos, encubriendo el origen ilícito de los recursos.

La demanda civil presentada en septiembre de 2021 permitió asegurar 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus socios. Los abogados señalaron que, entre 2012 y 2018, el exfuncionario y su red recibieron al menos 580 millones de dólares por contratos ilegales, de los cuales 250 millones fueron transferidos específicamente al condado de Miami-Dade.

La jueza había dado hasta el 28 de abril de 2025 para alcanzar un acuerdo o proceder con el juicio, advirtiendo que de no hacerlo, la demanda sería desechada.

La UIF también reclamó 28 inmuebles en Florida, aunque 18 ya habían sido vendidos, 12 antes del litigio y seis durante el proceso. Otros involucrados en el esquema aceptaron llegar a acuerdos reparatorios, como José Francisco Niembro González, exfuncionario durante la gestión de García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares.

Por su parte, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg siguen en negociaciones con el gobierno mexicano.

Este caso civil es independiente del proceso penal que concluyó en octubre de 2024 en una corte de Nueva York, donde García Luna fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

En ese juicio, el juez Brian Cogan también le impuso una sanción económica de 2 millones de dólares. Actualmente, García Luna cumple su condena en una penitenciaría del condado de Lee, en Virginia.

México enfrenta un preocupante repunte de sarampión, con 1,520 casos confirmados a nivel nacional, informó la Secretaría de Salud (Ssa). Esta cifra representa un alarmante aumento del 261% respecto al último corte del 16 de abril.

Los casos están distribuidos en 17 estados y 55 municipios, siendo Chihuahua el epicentro del brote con 1,434 contagios, seguido por Sonora con 30 y Zacatecas con 13.

En las últimas 72 horas se han sumado 78 nuevos casos, además de cuatro muertes: tres en Chihuahua y una más en Sonora. A pesar de la gravedad del brote, las autoridades destacan que la tasa de letalidad se mantiene baja: en Chihuahua es del 0.21% y en Sonora del 3.33%.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a verificar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, para frenar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Este brote se presenta en un contexto donde se había considerado al sarampión como erradicado en gran parte del país, lo que ha encendido alertas epidemiológicas y obliga a redoblar esfuerzos de vacunación y vigilancia sanitaria.

Las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras el asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, provocaron una fuerte ola de críticas y reacciones en redes sociales. El legislador atribuyó el ataque —en el que murieron Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, y José Muñoz, asesor en seguridad— a “una campaña de agresión promovida por la derecha”.

Sin embargo, usuarios en plataformas como X (antes Twitter) cuestionaron la postura del senador, al considerar que politizar un crimen de tal magnitud es irresponsable. “No es la derecha, es la impunidad”, fue una de las respuestas más compartidas. Otros señalaron que este tipo de declaraciones evaden la responsabilidad del propio gobierno ante la creciente violencia en el país.

Diversos perfiles de abogados, periodistas y académicos reprocharon el uso de términos como “campaña de agresión” sin pruebas contundentes. “Reducir un ataque armado a una narrativa electoral solo profundiza la división”, escribió un analista político.

También se hicieron comparaciones con otros casos recientes, como el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. “Cuando fue lo de Ciro dijeron que era autoatentado. ¿Ahora sí es político?”, cuestionó un usuario con más de 40 mil seguidores.

Si bien algunos defendieron a Fernández Noroña argumentando que sí existe un clima de polarización, incluso ellos pidieron moderación. “El país necesita verdad, no teorías de complot”, comentó un profesor universitario.

El ataque ocurrió el 20 de mayo por la mañana, en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, y hasta ahora no hay detenidos. La ciudadanía exige una investigación sin tintes partidistas, centrada en la justicia y la seguridad pública.