El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue expulsado del PAN cuando votó por a favor de la reforma judicial, se encuentra inmiscuido en un nuevo escándalo.

Algunas fuentes aseguran que habría ocultado información clave en su declaración patrimonial presentada ante el Senado de la República.

De acuerdo con una investigación publicada por EMEEQUIS, el legislador declaró no tener bienes inmuebles ni participación en empresas privadas. Sin embargo, el Registro Público de Comercio revela una historia muy distinta.

Según el medio, Yunes Márquez figura como socio activo en al menos ocho empresas de distintos giros comerciales, entre ellos gasolineras, restaurantes, inmobiliarias e importadoras. A pesar de ello, en su declaración oficial señaló tener “cero ingresos adicionales” a su sueldo como senador y “cero conflicto de interés”.

¿Cuáles son las empresas vinculadas a Yunes Márquez?

Los documentos obtenidos muestran que Yunes Márquez mantiene participación vigente en las actas constitutivas de las siguientes compañías:

1. Promoagro, S.C. de R.L. de C.V. – Comercio de materias primas agrícolas.
2. Mr. Pampas Linda Vista, S.A. de C.V. – Restaurante en Nuevo León.
3. Hidrocarburos Imosa, S.A. de C.V. – Cadena de gasolineras en Veracruz.
4. Agregados Tauro, S. de R.L. de C.V. – Empresa minera.
5. Corporate Linkage, S.A. de C.V. – Consultoría empresarial.
6. Praxislong Pralo, S.A. de C.V. – Importadora de alimentos.
7. Grupo Inverproperties, S.A. de C.V. – Gestión de centros comerciales.
8. Desarrollos Habitania GMB, S.A.P.I. – Desarrolladora inmobiliaria en CDMX y Riviera Maya.

¿Violación a la ley o falta de transparencia?

Este hallazgo ha generado críticas por la posible omisión intencional de información patrimonial, un requisito obligatorio para los funcionarios públicos en México. Expertos en rendición de cuentas advierten que ocultar sociedades mercantiles puede constituir una falta grave, ya que impide detectar posibles conflictos de interés y enriquece la opacidad en el ejercicio del poder.

Hasta el momento, Miguel Ángel Yunes Márquez no ha respondido públicamente a las revelaciones. Su perfil político ha estado marcado por controversias, incluyendo su expulsión del PAN y su intento fallido por afiliarse a Morena, partido que no le otorgó el registro como militante.

El Senado de la República aprobó la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que funcionarios del SAT, CFE y Pemex, porten armas en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La bancada de Morena y sus aliados del PT y el PVEM, aprobaron con 105 votos a favor y sólo 16 en contra la polémica reforma que le permite a los funcionarios de empresas pública, paraestatales y órganos autónomos portar armas de fuego.

Mientras Morena y sus aliados en ambas cámaras legislativas aprobaron los cambios a la ley, la oposición denunció fallas estructurales en el modelo de seguridad actual.

Legisladores opositores señalaron que el actual modelo de seguridad tiene una continuidad fallida y se basa en la militarización centralista.

La polémica reforma permite que también a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo poseer en su domicilio un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre.

Ahora está permitida la posesión de armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el domicilio de los ciudadanos para “su seguridad y legítima defensa de sus moradores”.

La reforma aumentó las penas para la persona que posea, porte, comercie, transporte o introduzca ilícitamente al territorio nacional de armas.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que la alienación parental debe entenderse como una forma de violencia familiar que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.

Así lo expresó tras la resolución del Pleno que invalidó el artículo 168 Ter del Código Civil de Tlaxcala, el cual establecía la pérdida automática de la patria potestad en casos de alienación parental.

Yasmín Esquivel Mossa y la alineación parental

Durante la sesión, Yasmín Esquivel Mossa explicó que la alienación parental se manifiesta en conductas de manipulación ejercidas por un progenitor o familiar hacia el menor.

Lo anterior, con el propósito de generar rechazo o desprecio hacia el otro padre.

Este tipo de actos, advirtió, deben analizarse siempre desde la óptica del interés superior de la niñez.

“Se trata de una forma de violencia emocional que transforma la conciencia del menor, vulnerando su derecho a una vida familiar plena y al vínculo con ambos padres”, subrayó la Ministra.

La SCJN consideró que sancionar este fenómeno con la pérdida automática de la patria potestad resulta desproporcionado y contrario al principio constitucional del interés superior de la niñez.

Particularidades de cada caso

Según explicó Yasmín Esquivel Mossa, esta medida impide al juzgador valorar las particularidades de cada caso, elemento indispensable para dictar resoluciones justas y protectoras de los derechos de la infancia.

La decisión refuerza la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales cuenten con herramientas que les permitan intervenir de forma equilibrada y con perspectiva de infancia.

Sin recurrir a sanciones generalizadas que podrían causar daños mayores.

Yasmín Esquivel reiteró que el marco normativo debe centrarse en garantizar que las y los menores conserven relaciones afectivas estables con ambos progenitores.

Salvo en casos debidamente justificados por situaciones de violencia, negligencia o riesgo comprobado.