Más poder al poder: las transferencias millonarias al Ejército.

En los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos por fuera del presupuesto que le aprobó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este dinero fue transferido a través de convenios de colaboración con otras dependencias y no se refleja en su Cuenta Pública. El monto representa casi el 40% de lo que se le aprobó a la dependencia militar durante esos años en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El 4 de diciembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador recién celebraba sus dos años como presidente y fue a Nayarit para supervisar el Canal Centenario, la llamada «obra hidroagrícola del siglo, la más importante del sexenio».  «Estoy seguro que en este sexenio, antes de que concluya nuestra función, vamos a terminar esta obra con los 8 mil millones de pesos de inversión», aseguró López Obrador. La obra se inició en 2014 y se abandonó en 2017, como muchas otras en el país, acusó el presidente, sin presupuesto y con avances mínimos.

Cuando su administración retomó los trabajos en 2019, en vez de lanzar una convocatoria para la licitación -como hizo la CONAGUA en 2014-, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para continuar y terminar las obras.

«Eso es lo que se está haciendo ahora: utilizar todo el conocimiento de una institución profesional como la Secretaría de la Defensa para que podamos avanzar en la realización de obras llevando a cabo acciones en beneficio de nuestro pueblo», finalizó el presidente.

Los convenios y las transferencias

Los convenios se multiplicarían en los años siguientes, con CONAGUA, FONATUR, Banco del Bienestar, gobiernos estatales y municipales. Lo mismo para reforestar y crear viveros, que para construir aeropuertos, carreteras, o administrar empresas.  Los convenios de colaboración pactan una transferencia de recursos públicos de una dependencia a la Secretaría de la Defensa para que lo ejerza y realice una obra o cumpla con un proyecto.

El dinero que pasa a las cuentas bancarias de SEDENA no se refleja en su Cuenta Pública, el mecanismo de rendición de cuentas para que la Auditoría Superior de la Federación supervise los recursos. La Unidad de Investigación de MegaNoticias tiene documentadas las transferencias de dinero señaladas en esos convenios. En los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos a través de estos convenios, adicionales a su presupuesto validado por Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados Federal. Ese monto representa casi el 40% del presupuesto aprobado a la dependencia militar durante esos mismos años.

Las transferencias por sexenio

Las transferencias presupuestales a las Fuerzas Armadas -SEDENA y SEMAR- no son nuevas, recurren a los convenios de colaboración como el instrumento legal donde las dependencias acuerdan objetivos, condiciones de cumplimiento a través de cláusulas y los montos presupuestales que serán transferidos.

Pueden rastrearse desde los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón en 2007, cuando apenas eran por un par de cientos de millones al año. Con Enrique Peña Nieto rebasan los mil millones de pesos, en promedio, en el sexenio.

Pero es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potencia la práctica del Ejército Mexicano de recibir transferencias de recursos públicos. En este sexenio se concentra el 97% del monto del dinero que llega a la SEDENA de otra institución sin estar presupuestado así.

Solo en 2019, el primer año de AMLO, se transfirieron 5 mil 218 millones de pesos: tres cuartas partes de la sumatoria de transferencias de todo el gobierno de Peña Nieto.

El Inventario Nacional de lo Militarizado

La transferencia de funciones y presupuesto civiles a las Fuerzas Armadas está en la mira desde que se generalizó la militarización de la seguridad pública en la llamada guerra contra el narco.  En abril de este año, las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia, Intersecta y el Programa de Políticas de Drogas del CIDE publicaron una segunda versión del Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta cómo la militarización el país pasó de la seguridad pública a la administración pública.

«El Inventario Nacional de lo Militarizado documenta cómo las instituciones le están destinando dinero a las Fuerzas Armadas para que desempeñen su propio trabajo», explica en entrevista Sara Velázquez, investigadora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE y coordinadora del Inventario. Hasta ahora, estaban documentados en el Inventario 258 convenios entre 2007 y 2023 con 36 mil 125 millones de pesos transferidos a las Fuerzas Armadas, y de ellos, 29 mil millones corresponden a la SEDENA.

La Unidad de Investigación de MegaNoticias encontró mediante solicitudes y en la Plataforma de Transparencia 204 convenios más, distintos a los publicados hasta ahora; en 87 de ellos se acordó una transferencia presupuestal y el monto total es 7.9 veces mayor al que se conocía antes de integrar esta nueva base de datos.

La dinámica de los convenios

Estos convenios se celebran, invariablemente, después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados, para que los ejerza la Secretaría de la Defensa.  Por ejemplo, en 2017, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología le entregó 30 millones de pesos para diseñar una ametralladora giratoria y los gobiernos estatales de once entidades le entregaron parte de sus presupuestos para la construcción, remodelación o adecuación de instalaciones militares.

Los convenios con las transferencias más grandes están destinados a la construcción de obras públicas y han sido celebrados con el Banco del Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua y, destacadamente, con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

El año con más dinero transferido fue 2022. Ese año, la SEDENA recibió 187 mil 551 millones 308 mil 321 pesos del presupuesto de otras dependencias. Ese monto fue 80% mayor a lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le destinó para su propio presupuesto; es decir, además de ejercer los recursos que se le asignaron, la SEDENA contó con casi el triple de dinero ese año, gracias a las transferencias de otras dependencias.

La opacidad de los convenios

Una de las críticas a esta forma de administrar el dinero público es que los convenios ocurren fuera del radar de la discusión pública.  «Entonces esto implica un reto porque los recursos son transferidos, se realiza la obra pública, pero en el papel estos recursos son ejercidos por la institución que contrata y no a la institución a la que se transfieren los recursos», sostiene Natalia Campos, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad y coordinadora del área de Administración Pública.

Es decir, que al final del año, los recursos se reflejan en la Cuenta Pública de la dependencia que los transfirió y no en la de la SEDENA, aunque ésta los haya ejercido. Los convenios son documentos escuetos, firmados solo entre los directivos de las áreas ante un notario. Ni siquiera interviene el Órgano Interno de Control. Revelan muy poco sobre el destino del monto que se transfiere. Incluso, sus conceptos no dejan claro qué es exactamente lo que se compromete a hacer o construir el Ejército Mexicano.

Además, no es claro en qué artículos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria están fundamentados y presentan como justificación documentos tan amplios como el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Sectorial de la Defensa Nacional. En sus cláusulas se establece el monto que será transferido a la SEDENA, la vigencia del convenio y los compromisos que las partes asumen; sin embargo, los términos en que los recursos serán administrados son ambiguos y quedan a criterio de la dependencia militar.

Por otro lado, muchas de las especificidades de los proyectos se encuentran en anexos que los convenios citan pero que no están públicos y, por lo tanto, es imposible dar seguimiento a aspectos importantes de la ejecución de estas obras públicas como el presupuesto desglosado, la relación de costos de materiales y salarios o el programa de ejecución de los trabajos.

La Unidad de Investigación de MegaNoticias solicitó los contratos y otros documentos anexos de los convenios de varias de las obras para poder dar seguimiento al ejercicio de esos recursos; sin embargo, solo entregaron los contratos celebrados con empresas para la construcción del Hospital Agustín O?Horán, en Mérida, Yucatán. Para el resto de proyectos negaron los documentos por tratarse de «información de carácter reservado» por representar un riesgo a la seguridad nacional.

«Al final, aunque las Fuerzas Armadas son instituciones públicas que dependen del Ejecutivo, son instituciones que están pensadas para la guerra entonces tienen una regulación de excepción», declara Sara Velázquez respecto a la opacidad que se da en estas dependencias.

El futuro de las Fuerzas Armadas

Hasta el segundo trimestre del 2024, la SEDENA ya había recibido a través de estas transferencias más de la mitad de lo que recibió por este medio el año pasado. Esto significa que la tendencia continúa y al finalizar este año no veremos reflejado en la Cuenta Pública todo el dinero que recibió el Ejército, a menos que se transparenten todos los convenios que celebró.

La Unidad de Investigación de MegaNoticias buscó una entrevista con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cuestionar la opacidad de esta dinámica y saber si continuará durante la administración de Claudia Sheinbaum pero no obtuvimos respuesta.

También contactamos a la SEDENA y algunas de las dependencias que celebraron estos convenios como la CONAGUA, el Banco del Bienestar y el FONATUR, pero ninguna accedió a dar declaraciones.

«Al final, la SEDENA, por su naturaleza, reserva una cantidad considerable de información por seguridad nacional y esto incluye también esta participación en obras que al final no son obras necesariamente militares», advierte Natalia Campos.

De seguir esta tendencia, no podremos saber cómo se ejerce una parte significativa del presupuesto público, es decir, el dinero de todos los mexicanos.