Tlalnelhuayocan, Ver.- Ante las manifestaciones ciudadanas por las deficiencias en el servicio de transporte público, el Gobierno Municipal de Tlalnelhuayocan reiteró su respaldo a las familias afectadas y llamó a privilegiar el diálogo para encontrar soluciones, sin generar perjuicios a terceros.

La presidenta municipal, Arianna Angeles Aguirre, informó que desde el día anterior se gestionó la instalación de una mesa de trabajo con el propósito de atender las inconformidades y evitar que la situación derivara en bloqueos y afectaciones a la movilidad de la población.

La alcaldesa detalló que la mesa permanece abierta en la Secretaría de Gobierno estatal, con la participación de representantes de Transporte Público, Política Regional y de la empresa Servicio Urbano de Xalapa, a fin de establecer acuerdos que permitan atender las demandas de los usuarios.

“Desde ayer se les ofreció una mesa de trabajo para que no se llegara a los bloqueos y hubiera afectaciones a la ciudadanía. Sin embargo, hoy la mesa está abierta en la Secretaría de Gobierno, con Transporte Público estatal, Política Regional y con quienes representan a la empresa del Servicio Urbano de Xalapa”, expresó.

Angeles Aguirre reconoció que las deficiencias en las rutas y horarios del transporte público afectan las actividades cotidianas de numerosas familias; no obstante, precisó que la regulación y autorización de este servicio corresponden a las instancias estatales competentes, así como a la empresa concesionaria.

En ese sentido, explicó que, aunque se trata de un asunto que no es competencia directa del Ayuntamiento, su administración se mantiene atenta y realiza las gestiones necesarias para facilitar el acercamiento entre los ciudadanos, la empresa y las autoridades responsables.

“Los ciudadanos contarán siempre con todo nuestro apoyo, privilegiando el diálogo con las instancias correspondientes. Nosotros estamos al pendiente, como siempre”, puntualizó.

La presidenta municipal también hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen con respeto a los derechos de todas las personas, evitando acciones que afecten la movilidad, las actividades laborales y el traslado de quienes dependen del transporte público. Asimismo, pidió que las demandas ciudadanas no se utilicen con fines políticos ni respondan a intereses ajenos al bienestar colectivo.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará acompañando los planteamientos de la población y trabajando para contribuir a una solución mediante las vías institucionales.

“Las necesidades de Tlalnelhuayocan deben unir esfuerzos, no convertirse en motivo de confrontación. El diálogo y las soluciones deben estar por encima de cualquier interés particular”, concluyó.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz lograron la localización y recuperación de tres de los cuatro vehículos que fueron robados a familias durante un atraco masivo registrado en la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo de las Cumbres de Maltrata.

Las unidades fueron halladas abandonadas en medio de terrenos de siembra de caña ubicados en el municipio de Acultzingo, Veracruz. Tras su aseguramiento, quedaron a disposición de la Fiscalía Regional de Córdoba para continuar con los peritajes y el deslinde de responsabilidades.

Atraco nocturno en las Cumbres de Maltrata

De acuerdo con los reportes oficiales y denuncias de las víctimas, el asalto masivo ocurrió la noche del viernes 23 de octubre, minutos antes de las 23:00 horas, sobre el tramo carretero Ciudad Mendoza–Esperanza, a la altura de la zona del panteón de la comunidad de Magueyes.

En ese punto, un grupo de sujetos armados y encapuchados interceptó a cuatro familias que transitaban sobre la arteria vial, obligándolas a descender de sus automóviles bajo amenazas para despojarlas de sus pertenencias y de sus medios de transporte. Una de las víctimas difundió el testimonio del atraco a través de redes sociales, evidenciando el momento de pánico que enfrentaron en el corredor limítrofe entre Puebla y Veracruz.

Vehículos asegurados y estatus de las investigaciones

Tras el despliegue de operativos de búsqueda en la zona de las Altas Montañas, las autoridades localizaron tres de las unidades sustraídas:

• Una camioneta Mitsubishi Xpander.
• Una camioneta Chevrolet Suburban, color blanco.
• Una camioneta Haval, color negro.

La SSP y la FGE informaron que los propietarios de dichos vehículos ya comparecieron ante la autoridad ministerial para rendir su declaración e integrar datos a las carpetas de investigación correspondientes.

A pesar del hallazgo de estos tres automotores, un cuarto vehículo involucrado en el atraco masivo permanece desaparecido, en tanto que las corporaciones de seguridad no reportan personas detenidas por estos hechos.

El Pleno de la Suprema Corte determinó, por mayoría de ocho votos, que la legislación invadió facultades exclusivas del Congreso de la Unión en materia de propaganda gubernamental y gasto en comunicación social.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la totalidad de la Ley Número 841 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al considerar que el Congreso estatal excedió sus atribuciones al legislar sobre una materia reservada al ámbito federal.

La resolución, aprobada por mayoría de ocho votos, pone en entredicho la legislación impulsada durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y aprobada por la LXV Legislatura del Congreso local, cuando Juan Javier Gómez Cazarín presidía la Junta de Coordinación Política.

La Corte sustentó su decisión en la invasión de competencias del Congreso de la Unión para regular la propaganda gubernamental y el gasto público en comunicación social, en el marco del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la reforma político-electoral de 2014.

Una ley bajo cuestionamiento

La Ley 841 fue publicada el 15 de marzo de 2021 en la Gaceta Oficial del Estado. Su propósito declarado era establecer las reglas para que los recursos públicos destinados a comunicación social se ejercieran bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La legislación surgió después de que una norma anterior, identificada como Ley 248, fuera invalidada por vicios en su procedimiento legislativo.

Sin embargo, la nueva ley terminó enfrentando un cuestionamiento de fondo sobre las facultades de las autoridades estatales para regular esta materia. Con la determinación de la SCJN, el ordenamiento quedó invalidado en su totalidad.

El gasto en comunicación social, en el centro de las críticas

Durante la gestión de Gómez Cazarín al frente de la coordinación política del Congreso de Veracruz, el manejo de los recursos destinados a comunicación social fue objeto de señalamientos y cuestionamientos políticos.

Entre las acusaciones difundidas contra esa administración se encuentran presuntas irregularidades en la asignación de convenios publicitarios, la contratación de campañas y el destino del presupuesto legislativo para difusión institucional.

No obstante, estos señalamientos deben distinguirse de los argumentos jurídicos que sustentaron la resolución de la Suprema Corte: la invalidez de la Ley 841 obedeció a un problema de competencia legislativa y no constituye, por sí misma, una resolución judicial que acredite las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Un revés para la legislación del gobierno anterior

La decisión de la SCJN representa un revés jurídico para el marco normativo aprobado durante la administración de Cuitláhuac García. También reabre el debate sobre la regulación del gasto público en publicidad oficial y la necesidad de garantizar reglas claras, transparentes y constitucionalmente válidas para la distribución de los recursos entre los medios de comunicación.

El fallo pone de relieve que las entidades federativas deben actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución y respetar las competencias del Congreso de la Unión en materia de comunicación social.

Más allá de las controversias políticas que rodearon la aprobación y aplicación de la ley, la resolución deja un mensaje institucional: la regulación del gasto público en propaganda gubernamental debe ajustarse al marco constitucional y no puede sustentarse en disposiciones locales que invadan atribuciones federales.