La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Gobierno de México haya emitido una alerta para que la población prepare una mochila de emergencia ante un posible ataque nuclear, luego de que rumores sobre una supuesta amenaza internacional comenzaran a circular en redes sociales.

Durante su conferencia matutina del 10 de noviembre, la mandataria aseguró que no existe información sobre algún peligro nacional o internacional que justifique emitir una alerta especial.

“No tenemos información que pueda haber un peligro, situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, señaló.

Ante los contenidos que circulan en redes sociales en el sentido de que el gobierno de México se habría sumado a un supuesto llamado internacional para que los ciudadanos tengan una “mochila segura” ante el rumor en redes sociales de un ataque bélico nuclear, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su administración haya hecho esa convocatoria.

Inclusive, remarcó que su gobierno no tiene información de que se pueda dar un ataque como el que se refiere en los rumores de las redes sociales.

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— La Jornada (@lajornadaonline) November 10, 2026

¿Por qué recomiendan preparar una mochila de emergencia?

Sheinbaum explicó que la recomendación de contar con una mochila de emergencia forma parte de las medidas habituales de Protección Civil y no está relacionada con una posible guerra nuclear.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda esta preparación, especialmente para quienes viven en zonas expuestas a sismos, huracanes e inundaciones.

Entre los artículos básicos que debe contener se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, linterna, radio portátil y un botiquín de primeros auxilios.

La aclaración de la Presidenta ocurre después de que publicaciones en redes sociales relacionaran las recomendaciones de Protección Civil con una posible escalada de conflictos internacionales. Por ahora, el Gobierno federal sostiene que no existe una alerta específica por amenaza nuclear para México.

Estados Unidos pidió a México detener al juez Luis Benítez Alcántara, acusado por autoridades estadounidenses de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un presunto operador del narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 11 de noviembre que el gobierno mexicano conocía la existencia de una orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que Washington había solicitado su captura en territorio nacional.

Sin embargo, cuando se buscó ejecutar la detención, Benítez Alcántara ya había salido de México.

“Habían solicitado su detención aquí. Él se fue de México y fue detenido en Colombia”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El juez fue capturado en Colombia y ahora Estados Unidos busca su extradición para procesarlo por nueve cargos federales.

La acusación presentada en California sostiene que Benítez utilizó su cargo para facilitar la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado por autoridades estadounidenses como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, exsnowboardista olímpico acusado de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína.

El juez habría recibido 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark

El caso se remonta a octubre de 2024.

Andrew Clark fue detenido en México por cargos relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en Estados Unidos.

Después de su captura, compareció ante Luis Benítez Alcántara, quien en ese momento se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y tenía bajo su responsabilidad parte del proceso de extradición.

Washington solicitó formalmente la extradición de Clark en noviembre de ese año.

Según la acusación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados con el objetivo de conseguir su liberación.

De ese dinero, alrededor de 2 millones de dólares habrían sido destinados directamente al juez.

El Departamento de Justicia sostiene que el 24 de febrero de 2025 Benítez recibió el pago completo del supuesto soborno.

Ese mismo día concedió libertad bajo fianza a Clark y ordenó su salida de prisión.

La libertad duró poco.

El canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde continúa enfrentando cargos federales.

Para los fiscales estadounidenses, las resoluciones emitidas por el juez permitieron que un integrante de alto nivel de una organización criminal evitara temporalmente su detención y procesamiento.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por actuar presuntamente como cómplice después del delito.

Cada uno podría implicar una pena máxima de hasta 15 años de prisión en caso de que sea declarado culpable.

Sheinbaum dice que México conocía la orden, pero no la red completa

La confirmación de Sheinbaum agrega ahora una nueva pieza al caso: las autoridades mexicanas sí conocían que Estados Unidos buscaba al juez.

La presidenta explicó que el gobierno tenía información sobre la orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia, aunque señaló que corresponde al Gabinete de Seguridad ampliar los detalles sobre qué acciones se realizaron en México antes de que Benítez abandonara el país.

Sheinbaum fue cuestionada además sobre si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de una estructura más amplia de protección vinculada con organizaciones criminales.

La mandataria respondió que lo que conocían hasta ese momento era la existencia de la orden estadounidense.

“Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahí”, señaló.

La detención se produjo finalmente en Colombia, con participación de autoridades de ese país y agencias estadounidenses.

El Departamento de Justicia ya informó que solicitará formalmente su extradición.

La defensa de Benítez Alcántara ha cuestionado que sea trasladado a Estados Unidos y ha sostenido que cualquier posible responsabilidad relacionada con sus decisiones como funcionario judicial debería investigarse en México.

También ha presentado recursos en Colombia para impugnar aspectos de su detención.

El caso se conecta además con una investigación más amplia contra la organización de Ryan Wedding.

Wedding, exatleta olímpico canadiense, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada además con homicidios e intentos de homicidio.

Por ahora, el punto que México deberá esclarecer es qué ocurrió entre la solicitud estadounidense y la salida del juez del país.

Estados Unidos asegura que Benítez Alcántara recibió millones de dólares para beneficiar a un presunto narcotraficante.

México reconoce que sabía que existía una orden de captura.

Pero la detención no ocurrió aquí.

Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, habría permitido que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaran en operativos contra el narcotráfico en territorio mexicano a cambio de recuperar su visa estadounidense.

Una investigación de The New York Times, publicada el martes 10 de noviembre, reveló que el funcionario colaboró durante más de seis meses con agentes extranjeros, pese a las restricciones establecidas por el gobierno mexicano para impedir operaciones estadounidenses sin autorización federal.

De acuerdo con el reportaje, Estados Unidos había revocado previamente la visa de Zuany por sospechas sobre sus posibles vínculos con organizaciones criminales, según documentos enviados por autoridades mexicanas al FBI.

La CIA habría aprovechado esa situación para obtener su colaboración. A cambio, el exfuncionario recuperó el documento migratorio, según funcionarios de ambos países citados por el periódico.

Durante las operaciones, agentes estadounidenses acompañaban a policías de Chihuahua portando armas, equipo táctico y, en ocasiones, insignias de las corporaciones estatales.

Un accidente destapó las operaciones de la CIA

El esquema quedó al descubierto el 19 de abril de 2026, cuando una camioneta cayó a un barranco después de un operativo contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

En el accidente murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos.

Según la investigación, Zuany habría dado instrucciones para ocultar la identidad de los agentes extranjeros y evitar que se conociera su participación en los operativos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra el exfuncionario.

Zuany, quien permanece prófugo, negó haber actuado de manera irregular y aseguró que la gobernadora Maru Campos conocía la presencia de los estadounidenses.

La mandataria rechazó esa versión y sostuvo que desconocía las operaciones de la CIA en Chihuahua.