Una red de nueve empresas creó una estructura interna conocida como «La Fábrica de Licitaciones» para simular competencia y obtener contratos del Gobierno federal con precios que llegaron hasta 40% por encima de su costo real.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por 67 millones de pesos a las compañías y a siete personas físicas. Sanciones que se dan tras acreditar que coordinaron sus ofertas en 14 procedimientos de contratación pública entre 2012 y 2022.

Las irregularidades involucraron la compra y el arrendamiento de computadoras, impresoras, equipos de telecomunicaciones.

Además de otros servicios tecnológicos para dependencias como el IMSS, Pemex, ISSSTE, Conagua y la Secretaría de Economía.

¿Cómo funcionaba la «fábrica de licitaciones»?

De acuerdo con la investigación, las empresas pertenecían a un mismo grupo económico denominado Grupo Soluciones. Cuyos accionistas y administradores mantenían vínculos familiares, personales o laborales.

Aunque se presentaban como competidoras independientes, sus propuestas eran elaboradas por un equipo encargado de decidir qué compañía participaría en cada concurso y qué precios ofrecería.

De esta manera, aparentaban competir entre sí para conseguir contratos gubernamentales, cuando en realidad sus ofertas respondían a una estrategia coordinada.

La autoridad identificó estas prácticas en cuatro licitaciones públicas y diez procedimientos de invitación a cuando menos tres participantes.

¿Qué pasará con las empresas sancionadas?

La Comisión determinó que las conductas constituyen prácticas monopólicas absolutas, consideradas entre las infracciones más graves a la legislación de competencia económica.

La resolución, aprobada el 15 de octubre y difundida el martes 27, será notificada a las instituciones involucradas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar las acciones legales correspondientes.

Sin embargo, los 67 millones de pesos corresponden a las multas administrativas y no al daño económico total, cuyo monto no fue precisado.

Las compañías y personas sancionadas todavía podrán impugnar la resolución ante tribunales federales especializados.

Blanca Cruz García confirmó los movimientos en áreas directivas del organismo y aseguró que el INE seguirá listo para organizar elecciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un proceso de renovación en sus áreas directivas tras registrarse tres renuncias de funcionarios clave ligados a la exconsejera electoral Guadalupe Taddei, quien renunció a su cargo en la previa por señalamientos de corrupción relacionados con el contratista Alfredo Hernández Casillas.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, dio a conocer los cambios durante su primer mensaje a medios de comunicación en el cargo, este martes 27 de octubre.

De acuerdo con lo informado, estos movimientos forman parte del primer bloque de acuerdos adoptados por el Consejo General para revisar el desempeño de las estructuras de toma de decisiones del organismo.

Las renuncias corresponden al titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UCIN), a la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como al encargado de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Revisión interna en el INE

En su intervención, Cruz García enfatizó que las estructuras de dirección deben responder a las necesidades de la institución y a los acuerdos colegiados, en lugar de lealtades personales.

También subrayó que el inicio de su gestión busca priorizar la colegialidad y restar protagonismo individual a la presidencia.

Entre los acuerdos informados destaca el impulso a revisiones exhaustivas sobre posibles conductas indebidas en la institución. Para ello, el Consejo General promoverá la colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El objetivo de esas revisiones es investigar los señalamientos contra funcionarios o exfuncionarios, garantizando el respeto al debido proceso y la transparencia.

INE garantiza continuidad operativa

La presidenta provisional del INE aseguró que el organismo mantendrá su continuidad operativa de cara a los próximos procesos electorales.

Señaló que el instituto cuenta con la capacidad técnica e institucional para cumplir con sus mandatos constitucionales.

“El Instituto Nacional Electoral está de pie, está trabajando y está plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional de realizar elecciones”, afirmó en su intervención.

La información fue dada a conocer como noticia en desarrollo, con base en el primer mensaje público de Blanca Cruz García al frente de la presidencia provisional del INE.

El caso ocurre en un contexto de revisión interna de las áreas directivas del instituto y de seguimiento a señalamientos vinculados con exfuncionarios y contratistas.

Durante la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción en el INE, por parte de los principales actores políticos nacionales del PAN, el Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero, junto con Roberto Gil, Luisa Gutiérrez, Jorge Triana, y demás dirigentes del partido, la diputada federal Kenia López Rabadán, advirtió que el Instituto Nacional Electoral enfrenta una severa crisis de credibilidad, por lo que consideró indispensable fortalecer su autonomía, garantizar la pluralidad y evitar que las decisiones del organismo respondan a intereses partidistas.

“El INE está en el peor momento de la historia de este país y necesitamos que eso se detenga por el bien de la pluralidad, de los partidos políticos, pero sobre todo de los ciudadanos”, expresó.

Ante la designación de la consejera Blanca Cruz como presidenta provisional del Instituto, López Rabadán, hizo un llamado a ejercer el cargo con independencia, honestidad y responsabilidad institucional, sin favorecer al partido en el poder.

“La presidenta del INE debe rendirle cuentas a todo México, no a Palacio Nacional”, sostuvo, al señalar que el país requiere una autoridad electoral fuerte, plural, inteligente y honesta.

En este contexto, anunció que el Partido Acción Nacional presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el propósito de retirar las facultades excesivas concentradas en la presidencia del INE y devolver al Consejo General las decisiones electorales, políticas y administrativas.

La legisladora cuestionó que, con los votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se haya permitido una concentración de atribuciones en la presidencia del organismo.

“Ya vemos que pasa cuando hay una concentración absurda del poder”, afirmó al insistir en que las decisiones fundamentales del Instituto deben corresponder al órgano colegiado de consejeras y consejeros electorales.

Por otra parte, López Rabadán exigió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, asumir su responsabilidad institucional en la designación de las dos personas que corresponde proponer a ese organismo para integrar el Comité Técnico encargado de evaluar  los perfiles para la próxima presidencia del INE.

Señaló que ambas propuestas deben garantizar independencia, autonomía y distancia respecto del poder político, a fin de contribuir a un procedimiento de selección transparente y ajeno a intereses partidistas.

“Este es el momento de pensar en México, no de pensar en Morena, no de pensar en una convicción política, sino de pensar en todo México”, enfatizó.

Finalmente, la diputada reiteró que la defensa de la autonomía del INE y el fortalecimiento de sus órganos colegiados son fundamentales para preservar la confianza ciudadana y garantizar la independencia de las instituciones electorales.