Blanca Yassahara Cruz García fue elegida este martes 27 de octubre como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas un día después de que Guadalupe Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados.

Las 10 consejerías que permanecen en el Consejo General acordaron por unanimidad respaldar a Cruz García mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para nombrar a quien encabezará definitivamente el organismo.

Pero sus primeras horas al frente ya dejaron señales sobre el rumbo que pretende imprimir a la transición.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Cruz llamó a que el protagonismo regrese al propio INE y sostuvo que el organismo debe concentrarse en garantizar elecciones transparentes y generar confianza entre los ciudadanos.

El mensaje llega en un momento particularmente delicado.

Taddei dejó la presidencia en medio de señalamientos por posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés, asuntos que todavía deben investigarse y sobre los cuales no existe una resolución definitiva de responsabilidades.

Cruz tendrá además que conducir al instituto mientras continúa la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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Blanca Cruz frena contratos y revisará nombramientos de la gestión de Taddei

Una de las primeras decisiones de la nueva conducción fue detener temporalmente la entrega de contratos pendientes dentro del instituto.

De acuerdo con información publicada por El Universal, Cruz informó que los procedimientos serán revisados antes de continuar con su asignación.

La revisión también alcanzará los perfiles de funcionarios que fueron nombrados durante la administración de Guadalupe Taddei.

La medida adquiere especial relevancia por las circunstancias en las que ocurrió la renuncia de la expresidenta del INE.

Durante los últimos días se difundieron señalamientos sobre contratos entregados a proveedores y posibles conflictos de interés. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones del organismo, tanto durante la administración de Taddei como en periodos anteriores.

La revisión solicitada desde Palacio Nacional no implica que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas, pero sí aumenta la presión para transparentar los procesos administrativos del instituto.

En paralelo, Cruz señaló en su primera conferencia que el INE debe recuperar centralidad como institución, por encima de las personas que temporalmente ocupan sus cargos.

Su prioridad, dijo, será garantizar que los procesos electorales mantengan condiciones de certeza y transparencia.

El reto inmediato será doble: mantener en marcha la elección de 2027 y, al mismo tiempo, conducir una transición interna en medio del escrutinio sobre contratos y decisiones administrativas de la gestión anterior.

¿Quién es Blanca Cruz, la presidenta provisional del INE?

Blanca Yassahara Cruz García tiene 39 años y llegó al Consejo General del INE apenas en abril de 2026.

Fue elegida por la Cámara de Diputados para desempeñarse como consejera electoral durante un periodo de nueve años, que concluirá en abril de 2035.

Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con especialización en Derecho Constitucional y Amparo.

Su carrera profesional está estrechamente ligada a las instituciones electorales.

Entre 2011 y 2022 ocupó diferentes cargos en juntas distritales del entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente del INE en Puebla, principalmente en áreas de organización electoral.

En 2022 fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, organismo que encabezó durante el proceso electoral local de 2024.

Dejó ese puesto anticipadamente en abril de este año para incorporarse como consejera nacional del INE.

Dentro del Consejo General también ha presidido la Comisión del Registro Federal de Electores, una de las áreas estratégicas encargadas de asuntos relacionados con el padrón y las listas nominales.

Su perfil había sido, hasta ahora, considerablemente más técnico que mediático.

En septiembre aseguró que uno de los principales riesgos para la democracia mexicana era la pérdida de confianza ciudadana y sostuvo que la independencia del INE debe demostrarse mediante decisiones y argumentos técnicos, no únicamente proclamarse.

Ahora tendrá que llevar esa posición a la práctica desde la silla principal del instituto.

Su permanencia será provisional. La Cámara de Diputados debe iniciar el procedimiento para elegir a la persona que sustituirá definitivamente a Guadalupe Taddei y se estima que el relevo podría resolverse durante las próximas semanas.

Mientras eso ocurre, Blanca Cruz recibe un INE con una elección federal en preparación, investigaciones pendientes y una crisis interna que todavía no termina de esclarecerse.

Su primera señal fue detenerse a revisar.

Contratos, funcionarios y decisiones de la administración anterior quedan ahora bajo una nueva mirada, mientras el instituto intenta recuperar estabilidad después de una de las salidas más abruptas de su historia reciente.

Una empresa que durante años recibió contratos de la Secretaría de Bienestar se convirtió también en proveedora de Morena pocos días después de que Ariadna Montiel asumiera la presidencia nacional del partido.

Así lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación publicada este 27 de octubre.

La empresa es Grupo Maferefun S.A. de C.V., constituida en 2019 con un capital de 50 mil pesos y cuyo domicilio comercial aparece vinculado a un espacio dentro de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

De acuerdo con MCCI, entre 2021 y 2026 la compañía recibió al menos 21 contratos de la Secretaría de Bienestar por 307.5 millones de pesos.

Después, ya con Montiel al frente de Morena, la empresa se registró como proveedora ante el Instituto Nacional Electoral y obtuvo un contrato por 11.4 millones de pesos para organizar el evento de registro de aspirantes a las llamadas Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La investigación identifica, en total, al menos 322 millones de pesos en recursos públicos que habrían llegado a Grupo Maferefun mediante contratos del gobierno federal y de Morena.

De microempresa a contratista recurrente de la Secretaría de Bienestar

MCCI documentó que Grupo Maferefun fue constituida el 22 de mayo de 2019 por Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez, con un capital inicial de 50 mil pesos.

Entre sus objetos legales quedaron registrados la organización de eventos y la participación en licitaciones públicas y privadas.

La primera contratación identificada por MCCI ocurrió en junio de 2021.

La Secretaría de Bienestar le otorgó entonces una adjudicación directa por 4.5 millones de pesos para servicios de box lunch destinados a beneficiarios del programa para personas en emergencia social o natural en Chiapas.

Cuatro meses después recibió otro contrato por 3 millones de pesos para suministrar herramientas y otros materiales a población migrante.

De acuerdo con la investigación, entre enero de 2022 y abril de 2026, durante el periodo en que Ariadna Montiel encabezó la Secretaría de Bienestar, Grupo Maferefun obtuvo otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos.

Los servicios fueron diversos: abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil, sillas y carpas para el programa Salud Casa por Casa y alimentos para eventos relacionados con las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

MCCI señala además que la empresa siguió siendo clasificada como microempresa dentro de los procedimientos de contratación, pese al volumen de recursos que ya había recibido.

La investigación recuerda que, de acuerdo con criterios de la Secretaría de Economía, una microempresa tiene menos de 10 trabajadores y ventas anuales inferiores a 4 millones de pesos.

El cambio de titular en Bienestar tampoco frenó las contrataciones.

Desde que Leticia Ramírez asumió la dependencia, Grupo Maferefun recibió otros seis contratos por 109 millones de pesos.

MCCI también identificó ocho contratos adicionales por 3.1 millones de pesos provenientes de otras dependencias y organismos federales, entre ellos Conagua, Fonatur, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cinco días después de la llegada de Montiel a Morena, la empresa se registra ante el INE

El dato que coloca a la empresa nuevamente bajo la lupa ocurre en 2026.

Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar el 29 de abril y asumió formalmente la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo.

Cinco días después, el 8 de mayo, Grupo Maferefun se registró en el Registro Nacional de Proveedores del INE, requisito indispensable para contratar con partidos políticos.

Un mes más tarde, Morena publicó la convocatoria para registrar aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 entidades.

Los registros presenciales se realizaron durante cinco días de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México.

MCCI tuvo acceso a documentos oficiales que muestran que Morena tramitó un pago por 11 millones 431 mil 979 pesos a Grupo Maferefun por la “Gestión de Evento, Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional”.

El servicio incluyó la renta y operación de salones del WTC, mobiliario, sonido, iluminación y conducción del evento.

La solicitud de pago fue autorizada por Alfredo Nader Mena, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del CEN de Morena, mientras que la realización del pago correspondió a Óscar del Cueto García, secretario de Finanzas del partido.

La investigación también recuerda que Ariadna Montiel fue cuestionada en agosto sobre los costos de los eventos internos de Morena.

Entonces respondió que el partido y los comités estatales cubrían los materiales y calificó esos gastos como “una inversión”.

MCCI sostiene que parte de esa inversión terminó precisamente en Grupo Maferefun, una empresa que ya había obtenido contratos millonarios durante la etapa de Montiel al frente de la Secretaría de Bienestar.

La coincidencia temporal es uno de los puntos centrales de la investigación: una compañía contratista recurrente de la dependencia que dirigía Montiel se registró como proveedora electoral apenas cinco días después de que ella asumiera la presidencia nacional de Morena.

La investigación de MCCI documenta los contratos y los pagos mediante registros públicos y documentos oficiales.

Eso no acredita por sí mismo la comisión de un delito ni demuestra que los contratos hayan sido otorgados de manera irregular.

Lo que sí deja sobre la mesa es una relación contractual que pasó del gobierno federal al partido político bajo una misma figura dirigente, y cuyo manejo de recursos públicos merece transparencia y explicación.