El director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin, reveló en la Ciudad de México que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum acumula 18 homicidios de comunicadores y una impunidad casi absoluta, tras haber cumplido únicamente el veintisiete por ciento de los compromisos pactados para salvaguardar la libertad de prensa.

Radiografía de una crisis persistente para la prensa nacional

Reporteros Sin Fronteras calificó el escenario mexicano como una de las tragedias más graves del siglo XXI para el gremio informativo.

La organización internacional de derechos humanos documentó que, en un lapso de dos décadas, 169 comunicadores han perdido la vida en territorio nacional, de los cuales 18 crímenes corresponden exclusivamente a los primeros dos años del actual sexenio federal. Durante la presentación del informe titulado «México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa?», el director general de la instancia, Thibaut Bruttin, advirtió que de los 22 compromisos firmados al inicio del mandato para proteger al sector, la mayoría carece de efectos reales, evidenciando una parálisis institucional preocupante que agudiza la vulnerabilidad de quienes ejercen la labor informativa en las regiones más peligrosas del país.

Citas institucionales y promesas de revisión gubernamental

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal Ernestina Godoy sostuvieron encuentros de carácter urgente con la comitiva de la organización.

Acompañado por Bia Barbosa, directora de Incidencia en América Latina, y Balbina Flores, representante en el país, el directivo expuso los resultados de las reuniones sostenidas en la capital mexicana con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. En dichos encuentros, las funcionarias reconocieron los retrasos acumulados en la implementación de las salvaguardas pactadas y se instruyó a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo Federal de Protección, a identificar los obstáculos para el esclarecimiento de los expedientes abiertos. Por su parte, la titular de la FGR asumió el compromiso de reforzar la capacitación de los agentes del Ministerio Público e incluir el tema en la agenda de la próxima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.

Radiografía estadística de la impunidad y el desplazamiento forzado

El informe sitúa a la nación en el puesto 122 global debido a un nivel de esclarecimiento que apenas alcanza el uno por ciento.

Los datos presentados detallan que, de los 169 homicidios registrados en los últimos 20 años, 166 víctimas cubrían información de carácter local, 34 sufrieron tortura antes de morir, el 59 por ciento investigaba al crimen organizado y el 46 por ciento fiscalizaba temas políticos, siendo las entidades de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas los puntos con mayores registros de violencia letal. Asimismo, Balbina Flores alertó sobre 43 desapariciones documentadas, de las cuales siete corresponden a desaparición forzada, 13 víctimas fueron localizadas sin vida y 24 continúan en calidad de no localizadas, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de al menos 70 periodistas y sus núcleos familiares hacia zonas de mayor seguridad.

Balance crítico de los compromisos gubernamentales y el retroceso institucional

La evaluación revela que diez de las promesas iniciales no mostraron avances sustanciales verificables y dos sufrieron retrocesos.

El análisis de la organización con sede en Francia subraya que los avances registrados durante la gestión actual resultan insuficientes para transformar las condiciones de riesgo, señalando que 10 compromisos carecen de progresos tangibles, cinco presentan avances limitados, dos sufrieron un retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de transparencia oficial. Entre las principales alertas destacan la ausencia de mejoras operativas en el Mecanismo Federal de Protección, la persistencia de descalificaciones públicas contra medios críticos desde el poder y el debilitamiento de las garantías de independencia informativa tras la absorción de funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por parte del gobierno federal.

Apagar fuego con sonido llevó a una estudiante de Tamaulipas a ganar una medalla internacional. Ángela Karime, alumna del CETis 78 de Altamira, obtuvo el oro en la Feria Internacional de Ciencia e Invenciones ISIF 2026.

El evento se celebró en Indonesia, con su proyecto Vortex Tech.

Se trata de un prototipo de extintor acústico. Es decir, que utiliza ondas sonoras para sofocar pequeñas llamas, sin recurrir al agua o al polvo químico de los equipos convencionales.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó el reconocimiento en la categoría de Tecnología. Además de la medalla, la estudiante recibió el IYSA Semi Grand Award. Una distinción que le permitirá participar en el encuentro internacional en línea I2ASPO 2026.

¿Cómo funciona Vortex Tech?

Según explicó la joven a El País, el dispositivo emplea una batería de 12 voltios, un generador de frecuencias, un amplificador, una bocina y un cañón modificado para dirigir pulsos de baja frecuencia.

La idea surgió después de observar un experimento de la agencia estadounidense DARPA. Junto con su tío y asesor, José Arturo Hernández Muñoz, trabajó durante un año y desarrolló cinco versiones hasta llegar al prototipo presentado en la competencia.

El equipo genera una frecuencia cercana a los 30 hertz y dirige las ondas hacia el fuego. Las pruebas reportadas corresponden a llamas pequeñas en condiciones controladas: el reconocimiento distingue una propuesta experimental, cuya capacidad todavía no puede trasladarse automáticamente a incendios de mayor tamaño.

Antes de viajar a Indonesia, el proyecto obtuvo una acreditación internacional en la ExpoCiencias Nacional 2025, realizada en Tampico, que abrió la puerta para su participación en ISIF.

Su desarrollo contó con la asesoría de Hernández Muñoz, quien acompañó el trabajo de investigación y construcción del dispositivo. Ahora, el segundo reconocimiento obtenido en Indonesia ofrece a Ángela otra oportunidad para presentar su propuesta ante una comunidad científica internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este jueves por qué el gobierno decidió modificar las reglas de la Modalidad 40 del IMSS: aseguró que detectaron esquemas fraudulentos utilizados para obtener pensiones muy altas que, según dijo, no correspondían a los trabajadores.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas”, señaló durante su conferencia matutina del 22 de octubre.

La mandataria sostuvo que algunos casos aprovecharon la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, nombre formal de la Modalidad 40, para elevar considerablemente el salario de cotización antes de solicitar una pensión.

“Por eso se decidió regular la Modalidad 40, que era a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta agregó que otro de los objetivos es proteger los recursos del IMSS y garantizar que existan fondos suficientes para cubrir las pensiones que calificó como “reales”.

La explicación llega un día después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social publicara nuevas reglas que modifican de manera importante la forma en que podrán incorporarse nuevos trabajadores a este esquema.

La Modalidad 40 no desaparece, pero desde este 22 de octubre ya no podrá utilizarse de la misma manera para elevar abruptamente el salario con el que se calcula una futura pensión.

¿Qué fraude dice Sheinbaum que detectaron en la Modalidad 40?

La preocupación del gobierno está relacionada principalmente con trabajadores que podían incorporarse a Modalidad 40 con un salario de cotización considerablemente mayor al que tenían registrado antes de dejar un empleo formal.

Esto era especialmente relevante para quienes pueden jubilarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

En ese régimen, el cálculo de la pensión considera, entre otros elementos, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, aproximadamente cinco años.

Por eso, elevar el salario durante ese periodo podía aumentar de manera importante el monto de la futura pensión.

El problema, según explicó Sheinbaum, es que se detectaron casos en los que este mecanismo habría sido utilizado de forma fraudulenta para obtener pensiones que no correspondían con el historial laboral real del trabajador.

El nuevo acuerdo del IMSS busca limitar precisamente ese salto.

Desde el 22 de octubre, quienes ingresen a la Modalidad 40 podrán cotizar con el último salario que tenían registrado al causar baja o hasta ese mismo monto más una Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA.

Dicho más sencillo:

Antes, una persona podía dejar un empleo con determinado salario y posteriormente incorporarse a Modalidad 40 con una base de cotización mucho mayor, dentro de los límites legales.

Ahora ese incremento queda restringido.

También se eliminaron las nuevas altas retroactivas. A partir de este cambio, la incorporación a la Modalidad 40 tendrá efectos únicamente desde la fecha en que se presente la solicitud.

Las nuevas inscripciones deberán realizarse además mediante plataformas digitales que permitan al IMSS rastrear y verificar los movimientos afiliatorios.

¿Qué pasa con quienes ya están inscritos en Modalidad 40?

El cambio no cancela los derechos de quienes ya están pagando este esquema.

Las personas inscritas antes de la entrada en vigor del acuerdo podrán conservar las condiciones actuales hasta que termine el periodo que ya tienen contratado.

También se reconocerán las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para calcular sus derechos pensionarios.

El escenario cambia cuando finalice ese periodo y una persona quiera volver a incorporarse.

En ese caso deberá sujetarse a las nuevas condiciones vigentes, incluido el límite relacionado con su último salario base de cotización.

Las medidas tampoco son necesariamente definitivas.

El IMSS tiene un plazo de hasta seis meses para analizar el impacto financiero de la Modalidad 40. Después deberá elaborar una propuesta normativa para determinar cómo puede mantenerse este esquema de forma viable en el mediano y largo plazo.

El cambio también abrió una discusión jurídica.

Especialistas citados por El Financiero han cuestionado si el Consejo Técnico del IMSS puede restringir mediante un acuerdo administrativo condiciones que se encuentran contempladas en la legislación y señalan que ciertos cambios podrían requerir una reforma legal.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también señaló que cualquier modificación legal o constitucional relacionada con la Modalidad 40 tendría que pasar por el Congreso.

Por ahora, el argumento del gobierno está definido.

Sheinbaum asegura que el objetivo es cerrar espacios a posibles fraudes en pensiones elevadas y proteger los recursos del Seguro Social.

Para quienes utilizaban la Modalidad 40 como una estrategia para mejorar sustancialmente su pensión, el cambio es considerable: el esquema continúa, pero la posibilidad de elevar abruptamente el salario de cotización quedó limitada.