A partir de octubre, las escuelas de educación básica enfrentarán un cambio importante en la dinámica cotidiana de las aulas: el uso de teléfonos celulares quedará totalmente restringido durante la jornada escolar en primarias y secundarias, de acuerdo con el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del organismo y difundida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. A diferencia de primaria y secundaria, en educación media superior y superior no habrá una prohibición nacional uniforme; serán las propias comunidades educativas las que establezcan sus reglas mediante acuerdos internos.

El argumento detrás de la medida es atender los problemas asociados con el uso excesivo de pantallas durante el horario escolar, particularmente las distracciones y la reducción de la convivencia entre estudiantes. Sin embargo, convertir el acuerdo nacional en una regla efectiva dentro de miles de planteles representa un desafío considerable: las autoridades deberán definir cómo se resguardarán los dispositivos, quién supervisará su cumplimiento y qué ocurrirá ante incumplimientos o conflictos con alumnos y padres de familia.

La restricción también abre interrogantes sobre situaciones en las que el teléfono puede cumplir una función práctica. Emergencias, comunicación con familiares, actividades educativas o necesidades particulares de los estudiantes deberán contemplarse en los protocolos para evitar que una prohibición general termine generando problemas adicionales. La eficacia de la medida dependerá, en buena parte, de que existan criterios claros y uniformes para docentes y directivos.

Para acompañar el cambio, las autoridades anunciaron campañas de difusión, asambleas escolares y actividades en los planteles, además de la distribución de más de 16 millones de guías dirigidas a estudiantes, familias y maestros. El objetivo es que la regulación no recaiga exclusivamente en los profesores y que los padres participen en la construcción de hábitos digitales fuera de la escuela.

Paralelamente, el gobierno federal pondrá en marcha la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años, como parte de las acciones de atención a la salud mental y promoción de la convivencia. El planteamiento oficial es que reducir el tiempo frente a las pantallas durante la jornada escolar contribuya al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El verdadero desafío, sin embargo, comenzará cuando la regla llegue a los salones. Prohibir el celular durante toda la jornada es una decisión sencilla de anunciar, pero mucho más compleja de aplicar cuando cada escuela enfrenta condiciones distintas. El resultado dependerá de la capacidad de las autoridades para establecer protocolos, capacitar al personal y lograr que las familias participen; de lo contrario, la medida podría terminar convirtiéndose más en un problema disciplinario que en una solución al uso excesivo de la tecnología.

 El caso de los 59 millones de litros de presunto combustible ilegal asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, pasó en pocos días de ser presentado públicamente como un importante golpe contra el huachicol fiscal a una investigación cuyo resultado todavía está por determinarse.

La propia Fiscalía General de la República (FGR) reconoció en su comunicado del 19 de septiembre que el cateo se realizó a partir de “indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades” y que aún se encuentra reuniendo información para establecer la legalidad del hidrocarburo. La precisión resulta relevante porque el primer comunicado de la FGR, difundido el 17 de septiembre, informó del hallazgo de más de 59 millones de litros y señaló que no se había acreditado su origen.

En aquel momento la comunicación oficial colocó el operativo dentro de una investigación contra redes vinculadas con el contrabando de combustible, mientras que el nuevo comunicado deja claro que todavía deben realizarse diligencias para determinar la propiedad, procedencia, manejo y destino de la totalidad del producto.

La propia Fiscalía admite ahora que está recabando documentos, analizando información y entrevistando a directivos de empresas relacionadas para verificar la trazabilidad financiera y fiscal del combustible. Es decir, hasta este momento no existe una determinación pública de la FGR que establezca que los 59 millones de litros sean ilícitos. Lo que existe es una investigación para determinar si se configuraron delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos o en el Código Fiscal de la Federación.

A esto se suma otro elemento que modifica la lectura inicial del operativo. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, rechazó que la terminal opere fuera de la ley y sostuvo que cuenta con un permiso federal de almacenamiento de petrolíferos con vigencia de 30 años, además de autorizaciones ambientales y de seguridad. La empresa afirma que el combustible almacenado pertenece a sus clientes, no a la propia terminal, y que éstos deben acreditar la propiedad y procedencia de sus productos.

También resulta significativo que la autoridad haya recurrido a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar el expediente debido a la complejidad del caso. La FGR sostiene que busca esclarecer posibles delitos y verificar la trazabilidad de los hidrocarburos; la empresa, por su parte, sostiene que su operación es “completamente lícita y verificable” y espera que la revisión de sus documentos confirme esa posición.

Así, el dato que permanece firme es el aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros, pero no la conclusión de que todo ese volumen constituya huachicol fiscal como lo adelantó la propia autoridad en su versión inicial del 17 de septiembre.

La principal inconsistencia en la comunicación pública está precisamente en la distancia entre presentar inicialmente el caso como un gran golpe al contrabando de combustible y reconocer posteriormente que todavía se debe comprobar el origen, propiedad y destino legal del hidrocarburo. Esa diferencia será determinante para establecer qué ocurrió realmente en la terminal de San José Iturbide.

La institución pidió a sus clientes no abrir enlaces ni descargar aplicaciones recibidas por mensajes o correos sospechosos.

Banamex puso en marcha una nueva campaña de prevención para alertar a sus clientes sobre los diferentes tipos de fraudes digitales y proteger su información, luego de identificar engaños que buscan inducir a las personas a descargar aplicaciones o archivos desde enlaces no confiables.

La estrategia del banco se enfoca en evitar que los usuarios caigan en prácticas que permiten a delincuentes acceder a datos personales y financieros contenidos en los dispositivos. De acuerdo con la institución, este tipo de fraude digital puede presentarse por medio de SMS, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

En algunos casos, los mensajes imitan comunicaciones oficiales y solicitan instalar una aplicación con el argumento de actualizar, verificar o desbloquear una cuenta. El objetivo de los delincuentes es intentar obtener acceso a la información personal y financiera contenida en los dispositivos.

Las recomendaciones de Banamex

Ante esta situación, Banamex recomendó cuatro acciones básicas a sus clientes: no abrir enlaces ni descargar aplicaciones o archivos recibidos mediante mensajes inesperados; descargar aplicaciones únicamente desde tiendas y fuentes oficiales; desconfiar de cualquier mensaje que solicite instalar una aplicación para actualizar, verificar o desbloquear una cuenta; y revisar periódicamente los movimientos de cuentas y tarjetas para identificar oportunamente cualquier operación no reconocida.

El banco recordó que nunca solicitará a sus clientes instalar aplicaciones mediante enlaces enviados por mensajes o correos electrónicos. Si una persona descargó una aplicación desde un enlace sospechoso o identifica alguna operación que no reconoce, debe comunicarse de inmediato con el banco a través de sus canales oficiales.

Banamex añadió que mantiene acciones continuas de monitoreo y fortalece sus iniciativas de prevención y educación para promover un uso más seguro de los servicios financieros digitales.

La campaña fue difundida este 8 de septiembre de 2026, en un contexto en el que los fraudes digitales siguen aprovechando canales de comunicación cotidianos para intentar engañar a usuarios y obtener acceso a información sensible.