Petróleos Mexicanos (Pemex) clasificó como confidencial la información financiera de Gas Bienestar después de que el proyecto registró una caída en sus ingresos por ventas durante sus primeros años de operación.

Desde 2025, los datos sobre ingresos, gastos y estados financieros de la filial permanecen restringidos. Pemex argumentó que su divulgación podría afectar la posición de Gas Bienestar frente a las empresas privadas que participan en el mercado de gas LP.

Antes de la reserva, la información disponible mostró una disminución sostenida en las ventas. Entre enero y mayo de 2022, Gas Bienestar obtuvo ingresos por 254.3 millones de pesos.

En el mismo periodo de 2023, la cifra bajó a 183.4 millones de pesos, mientras que en 2024 se redujo a 174.4 millones. En dos años, la caída acumulada fue de 79.9 millones de pesos, equivalente a 31.4%.

Gas Bienestar no logró expandirse fuera de CDMX

Gas Bienestar fue creado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de vender gas LP a precios competitivos y contener el incremento en el costo del combustible.

Para poner en marcha el proyecto, Pemex destinó aproximadamente 4 mil millones de pesos a infraestructura, vehículos, equipamiento y logística. Además, los gastos por la compra de gas LP, distribución, nómina y otros conceptos superaron los 2 mil 500 millones de pesos.

El plan inicial contemplaba comenzar operaciones en la Ciudad de México y extenderse posteriormente a Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, hasta alcanzar las 32 entidades del país.

Sin embargo, Gas Bienestar permanece concentrado en nueve alcaldías de la capital. Sus cilindros de 20 kilogramos se comercializan entre 335 y 390 pesos, frente a precios de entre 380 y 440 pesos ofrecidos por compañías privadas.

La clasificación de los estados financieros impide conocer cuánto vende actualmente el proyecto, cuánto cuesta mantenerlo en operación y si registra ganancias o pérdidas.

Grupo HB, operador oficial de DJI Store México, reportó el robo de un cargamento de drones, cámaras y accesorios ocurrido el pasado miércoles 19 de agosto de 2026, poco después de que la mercancía saliera de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante este ilícito, la compañía interpuso las denuncias correspondientes y solicitó la colaboración ciudadana para evitar la adquisición o comercialización de los dispositivos sustraídos.

Bloqueo de números de serie y medidas de seguridad

Los representantes de la empresa confirmaron que todos los equipos involucrados quedaron plenamente identificados mediante sus códigos de registro. Como parte de la estrategia para inhibir el mercado negro, los números de serie se bloquearon en los sistemas centrales, lo cual impide la correcta activación y configuración de los aparatos a través de las plataformas oficiales de la marca.

La compañía difundió una lista detallada con las claves de identificación para alertar a los distribuidores y consumidores sobre los artículos reportados. Las autoridades exhortaron a la población a desconfiar de ofertas en canales informales y a reportar cualquier intento de venta dudosa mediante el correo de relaciones públicas de la marca.

Proceso legal y recomendaciones para los consumidores

Las investigaciones ministeriales continúan su curso para esclarecer la forma en que el cargamento de drones fue interceptado tras abandonar la terminal aérea. Aunque los detalles específicos sobre la logística del atraco no se hicieron públicos por motivos de secrecía legal, las instancias correspondientes recaban indicios para dar con los responsables de este delito patrimonial.

Finalmente, los expertos en seguridad recomiendan adquirir tecnología exclusivamente en establecimientos autorizados para contar con garantías de origen. Comprar dispositivos electrónicos de dudosa procedencia expone a los compradores a adquirir herramientas bloqueadas e inservibles debido a los mecanismos digitales de protección implementados por los fabricantes.

Durante una conferencia de prensa, el senador Noroña declaró que el daño a la reputación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya está consumado. El legislador federal señaló que el mandatario estatal tendrá que emprender un esfuerzo considerable para reivindicar su trayectoria política tras los recientes acontecimientos y las investigaciones en curso.

Investigaciones de la FGR y el proceso político

El legislador morenista explicó ante los medios de comunicación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las indagatorias correspondientes. Asimismo, indicó que si las autoridades ministeriales encuentran pruebas suficientes durante el proceso legal, actuarán conforme a derecho; de lo contrario, la situación jurídica se resolverá sin mayores consecuencias punitivas para el político sinaloense.

La controversia se intensificó después de que el gobernador retomara sus funciones por un breve lapso antes de solicitar una nueva separación del cargo. Esta serie de decisiones administrativas generó diversas reacciones al interior de las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo federal, donde varios actores debatieron sobre la oportunidad y el impacto institucional de dichos movimientos.

Debate interno y repercusiones en el partido

Previamente, el senador Noroña externó diferencias públicas con otros correligionarios respecto a las recomendaciones emitidas para gestionar la crisis política en la entidad norteña. Mientras algunos dirigentes sugirieron separarse del cargo para proteger la imagen institucional, el legislador argumentó en su momento sobre la importancia de valorar el contexto legal y la defensa de los derechos políticos de los involucrados.

Finalmente, el desarrollo de las investigaciones ministeriales y la postura de los actores políticos continúan marcando la agenda informativa nacional. La evolución de este caso mantendrá la atención de la opinión pública y de los partidos políticos durante las próximas semanas en el Congreso de la Unión. Así, la figura de Noroña sigue resonando en los debates sobre la legalidad y la rendición de cuentas en el país.