Narcotráfico
Iván Archivaldo Guzmán asesinó personalmente a dos agentes de la PGR y tres integrantes de “Los Zetas”
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor del capo Joaquín Guzmán Loera, asesinó personalmente a dos agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y a tres integrantes del grupo delictivo “Los Zetas” en 2017, de acuerdo con la acusación que el estado de Nueva York sostiene contra el narcotraficante, su hermano Jesús Alfredo y otras 21 personas integrantes del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento revisado por el portal Latinus, Iván Archivaldo lidera el aparato de seguridad de “Los Chapitos”, y en ese papel, “comanda a los sicarios que perpetran la violencia para proteger y promover las operaciones y sus vastas propiedades”, además de que “ha ordenado y perpetrado personalmente actos de violencia, incluido el secuestro y asesinato de agentes de la ley y narcotraficantes rivales”.
En las tareas de seguridad, explica la acusación radicada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Iván Archivaldo comparte las tareas de seguridad con su hermano Jesús Alfredo, a quien sindican como un importante traficante de fentanilo y de ingresar los precursores para elaborarlos a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Jesús Alfredo también “ha participado en la tortura de narcotraficantes rivales con el propósito de obtener información sobre la infiltración de otras organizaciones en el territorio controlado por ‘Los Chapitos’, y ordenó el tiroteo de un individuo que le había robado drogas”.
El documento relata que a principios de 2017, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, junto con Oscar Noé Medina alias “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas alias “El Nini” ?hoy preso en Estados Unidos? y líder de “Los Ninis” capturaron, torturaron y asesinaron a dos agentes federales de la PGR, antecesora de la actual Fiscalía General de la República (FGR).
“Miembros de ‘Los Ninis’ ubicaron a uno de estos agentes con base en información proporcionada por Pérez Salas, lo secuestraron de su vehículo mientras salía del aeropuerto de Culiacán y lo llevaron al rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Navolato, Sinaloa, donde fue torturado hasta que Iván Archivado y Jesús Alfredo Guzmán Salazar llegaron al día siguiente”, refiere la acusación.
Cuando ambos capos llegaron, detalla, “interrogaron a la víctima y finalmente le dispararon en la cabeza”.
Después, “Los Ninis” secuestraron al otro agente de la PGR y lo llevaron al mismo rancho que al anterior.
“Durante aproximadamente dos horas, los miembros de ‘Los Ninis’ torturaron a la víctima insertando un sacacorchos en sus músculos, arrancándolo de sus músculos y colocando chiles picantes en sus heridas abiertas y nariz”.
Después de esta tortura, “Iván Archivaldo Guzmán Salazar disparó a la víctima”. Posteriormente, ambos cuerpos “fueron arrojados cerca de un motel en particular en la carretera federal mexicana 15 a las afueras de Navolato”.
El documento consigna también que en mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, Iván Archivaldo y su hermano José Alfredo, junto con “El Panu” y “El Nini”, “capturaron a tres miembros del cártel de drogas rival Los Zetas en las montañas cerca de la frontera de Sinaloa y Durango”.
Por orden de los hermanos Guzmán Salazar, “Los Ninis” los torturaron “incluso con electrocución para obtener información sobre las asociaciones de Los Zetas con otros cárteles rivales”.
Cuando se completaron los interrogatorios, detalla la acusación, “Iván Archivaldo disparó contra las víctimas, matándolas”.
Narcotráfico
Lilly Téllez reafirma que Trump tiene pruebas del «narcopacto» de Morena
La senadora Lilly Téllez generó controversia al asegurar que Donald Trump posee evidencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. La legisladora advirtió que «esto apenas empieza», sin presentar pruebas que respalden sus declaraciones.
Trump tendría evidencias del «narcopacto» de Morena
La senadora panista sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump cuenta con elementos sobre un presunto «narcopacto» entre integrantes de Morena y grupos criminales.
Téllez afirmó haber advertido sobre este tema durante varios años y aseguró que la discusión continuará en los próximos días.
«Esto apenas empieza», declaró la legisladora en un mensaje público que rápidamente se difundió en redes sociales.
Sin embargo, la senadora no detalló cuáles serían esas pruebas ni presentó documentos, investigaciones o evidencias verificables que respaldaran su afirmación.
Acusaciones sin sustento documental público
Las declaraciones de Lilly Téllez se mantienen únicamente en el ámbito político, sin estar acompañadas de información comprobable.
La legisladora no ofreció detalles sobre el origen de la supuesta información ni explicó cómo Donald Trump habría obtenido dichos elementos.
Tampoco presentó expedientes, investigaciones judiciales o documentos públicos que permitan corroborar la existencia de las pruebas mencionadas.
De acuerdo con su posicionamiento, el presunto vínculo entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales debería investigarse y debatirse públicamente.
Nueva confrontación en el escenario político
Las afirmaciones se suman a una serie de intercambios entre figuras de oposición y representantes del partido oficialista.
La frase «esto apenas empieza» sugiere que la senadora mantendrá vigente este tema en la discusión pública durante las próximas semanas.
Téllez colocó nuevamente sobre la mesa una de las principales líneas de confrontación que ha sostenido con Morena en los últimos años.
Esta declaración representa un nuevo episodio en la serie de señalamientos que la legisladora ha dirigido contra el partido en el poder, aunque sin el respaldo de pruebas verificables hasta el momento.
La controversia generada por estas afirmaciones promete mantenerse en el centro del debate político nacional en los próximos días.
Narcotráfico
Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses
Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.
La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».
Sonora califica de falsa la información sobre Durazo
Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.
La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.
Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.
Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal
Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.
El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.
Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.
Periodista comparte supuesta evidencia migratoria
El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.
Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.
Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.
Narcotráfico
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York
Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.
Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.
I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.
Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.
Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.
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