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Narcotráfico

Sube a 29 cifra de militares caídos en operativo

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La cifra de personas adscritas a las fuerzas armadas (Ejército y Guardia Nacional) que perdieron la vida en el contexto del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha crecido a 29, luego de que se confirmara el fallecimiento de tres elementos de fuerzas especiales que habían resultado heridos durante el operativo de captura en Tapalpa, Jalisco.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el operativo murieron 25 elementos del Ejército Mexicano adscritos a la Guardia Nacional, además de registrarse agresiones y bloqueos en diversas entidades del país. Los hechos ocurrieron en el contexto de acciones federales desplegadas principalmente en Jalisco y otras regiones, como respuesta a la reacción violenta del grupo delictivo ante la muerte de su máximo líder.

En un reporte oficial, García Harfuch precisó que se contabilizaron 25 agresiones contra la autoridad en varias partes del país. De estas, seis ocurrieron en Jalisco, donde perdieron la vida los 25 elementos de la Guardia Nacional, así como un custodio de un penal y un agente de la Fiscalía General de Jalisco; además, una mujer embarazada murió en el fuego cruzado en el municipio de Zapopan. El funcionario detalló que también fueron abatidos 30 integrantes del CJNG en distintos puntos del país.

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En Michoacán se registraron tres agresiones adicionales, en las que murieron cuatro presuntos delincuentes y 15 elementos de corporaciones policiales locales resultaron lesionados. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el operativo realizado en Tapalpa fueron abatidos ocho integrantes del CJNG, y que «El Mencho» y dos de sus escoltas fueron lesionados y murieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México.

Aunque hay algunas discrepancias en las cifras oficiales, al menos 60 personas murieron durante los enfrentamientos registrados tras el abatimiento del narcotraficante, considerando los fallecidos de ambas partes y las víctimas colaterales. García Harfuch también dio a conocer que se reportaron 85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; de estos, 18 ocurrieron en Jalisco. Asimismo, informó que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país por su presunta participación en los actos violentos.

Las autoridades federales señalaron que las agresiones y bloqueos se registraron como reacción a las acciones de seguridad implementadas tras el operativo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió el trabajo del Ejército Mexicano y lamentó la muerte de los elementos durante el operativo. Indicó que ya no hay bloqueos carreteros y que se mantiene un despliegue preventivo en todo el país para evitar nuevos incidentes. Además, hizo un llamado a mantener la calma y a confiar en las instituciones.

La cifra de 29 militares muertos en el operativo contra «El Mencho» representa una de las pérdidas más dolorosas para las fuerzas armadas en un solo operativo en los últimos años, reflejando la ferocidad de la respuesta del CJNG y el costo humano de la lucha contra el crimen organizado.

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Narcotráfico

Lilly Téllez reafirma que Trump tiene pruebas del «narcopacto» de Morena

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La senadora Lilly Téllez generó controversia al asegurar que Donald Trump posee evidencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. La legisladora advirtió que «esto apenas empieza», sin presentar pruebas que respalden sus declaraciones.

Trump tendría evidencias del «narcopacto» de Morena

La senadora panista sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump cuenta con elementos sobre un presunto «narcopacto» entre integrantes de Morena y grupos criminales.

Téllez afirmó haber advertido sobre este tema durante varios años y aseguró que la discusión continuará en los próximos días.

«Esto apenas empieza», declaró la legisladora en un mensaje público que rápidamente se difundió en redes sociales.

Sin embargo, la senadora no detalló cuáles serían esas pruebas ni presentó documentos, investigaciones o evidencias verificables que respaldaran su afirmación.

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Acusaciones sin sustento documental público

Las declaraciones de Lilly Téllez se mantienen únicamente en el ámbito político, sin estar acompañadas de información comprobable.

La legisladora no ofreció detalles sobre el origen de la supuesta información ni explicó cómo Donald Trump habría obtenido dichos elementos.

Tampoco presentó expedientes, investigaciones judiciales o documentos públicos que permitan corroborar la existencia de las pruebas mencionadas.

De acuerdo con su posicionamiento, el presunto vínculo entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales debería investigarse y debatirse públicamente.

Nueva confrontación en el escenario político

Las afirmaciones se suman a una serie de intercambios entre figuras de oposición y representantes del partido oficialista.

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La frase «esto apenas empieza» sugiere que la senadora mantendrá vigente este tema en la discusión pública durante las próximas semanas.

Téllez colocó nuevamente sobre la mesa una de las principales líneas de confrontación que ha sostenido con Morena en los últimos años.

Esta declaración representa un nuevo episodio en la serie de señalamientos que la legisladora ha dirigido contra el partido en el poder, aunque sin el respaldo de pruebas verificables hasta el momento.

La controversia generada por estas afirmaciones promete mantenerse en el centro del debate político nacional en los próximos días.

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Narcotráfico

Durazo y Villarreal niegan retiro de visas estadounidenses

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Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente las versiones sobre un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La polémica surgió tras una publicación del diario Los Angeles Times.

La controversia inició cuando el medio estadounidense difundió información sobre una supuesta revocación de visas y posibles investigaciones contra ambos mandatarios estatales en Estados Unidos. Aunque ninguno de los gobernadores se pronunció directamente, sus equipos de comunicación calificaron los señalamientos como «completamente falsos».

Sonora califica de falsa la información sobre Durazo

Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, defendió al gobernador Alfonso Durazo. «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», escribió en su cuenta de X.

La funcionaria rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento. Aseguró que la información difundida por medios estadounidenses carece de veracidad y forma parte de una campaña de desinformación contra el gobierno sonorense.

Las declaraciones de Terán Villalobos buscan desmentir las versiones que apuntan a una posible restricción migratoria contra Durazo. El gobierno estatal mantiene que no existe evidencia oficial que respalde tales afirmaciones.

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Tamaulipas desmiente señalamientos contra Villarreal

Gerardo Algaraín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, negó las acusaciones contra Américo Villarreal. «Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», declaró.

El funcionario tamaulipeco criticó la difusión de información no verificada sobre el gobernador Villarreal. Sostuvo que estos señalamientos carecen de fundamento legal y buscan dañar la imagen del mandatario estatal.

Ambos gobiernos estatales coinciden en señalar que no han recibido notificación oficial alguna de autoridades estadounidenses. Mantienen que sus respectivos gobernadores conservan sus documentos migratorios vigentes.

Periodista comparte supuesta evidencia migratoria

El periodista Luis Chaparro difundió en redes sociales una imagen que presuntamente corresponde a una consulta en sistemas migratorios estadounidenses. En la captura aparece la leyenda «ST-SUSPECTED TERRORIST» junto al apellido Durazo.

Esta información, de ser auténtica, apuntaría a la existencia de una restricción migratoria o revocación de visa. Sin embargo, no se ha verificado la autenticidad del documento ni su procedencia oficial.

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Las autoridades estatales no han comentado específicamente sobre esta supuesta evidencia. Mantienen su posición de que no existen registros públicos que respalden las versiones difundidas por medios estadounidenses.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la situación migratoria de ambos gobernadores. La controversia permanece sin una respuesta definitiva de Washington.

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Narcotráfico

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez compareció ante una corte federal de Nueva York, convirtiéndose en el primer funcionario acusado en el caso de presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla concedió a la Fiscalía estadounidense dos meses adicionales para revisar evidencias y avanzar en la integración del expediente. Una nueva comparecencia fue programada para agosto.

Mérida Sánchez permaneció bajo custodia durante la sesión y estuvo acompañado por su defensa legal y un intérprete judicial.

I¿Por qué lo acusa Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al exfuncionario por presuntamente recibir sobornos de una facción criminal.

Según la acusación, esos pagos habrían servido para alertar anticipadamente sobre operativos policiales contra laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal movieran narcóticos y equipo antes de los cateos.

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El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza Cázares.

Mientras Estados Unidos impulsa las acusaciones, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación propia y ha tomado declaraciones a varios de los señalados.

El proceso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, especialmente después de que México rechazara ejecutar detenciones con fines de extradición sin una investigación previa en territorio nacional.

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