Se ha viralizado un video donde una mujer extranjera confronta a visitantes de una playa, afirmando tener una concesión pagada que le permitiría cerrar el acceso al finalizar la construcción de su casa.

Sin embargo, dicha obra actualmente se encuentra clausurada por las autoridades municipales. Tras difundirse el video, personal del Ayuntamiento acudió al sitio y encontró a obreros trabajando, a pesar de los sellos de clausura, lo que derivó en su detención por una falta administrativa.

“No se debieron haber violado los sellos, ni tener gente trabajando ni realizar ningún movimiento. Como es una reincidencia, se pidió apoyo a seguridad pública y se procedió con la detención. Si ella hubiera estado presente, también habría sido consignada”, explicó Juan Edel Castro, director de Desarrollo Urbano del municipio.

La mujer no tiene derecho; la playa es de todos, afirma el alcalde

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, reiteró su compromiso con la defensa de los espacios públicos y aseguró que no permitirá que nadie se apropie de las playas.

“Las playas y sus accesos son de todas y de todos”, enfatizó el alcalde, quien ha sido enfático en su lucha contra la privatización del litoral en la región.

Empresa constructora cubre multas, pero la propietaria podría enfrentar sanción mayor

La empresa constructora involucrada pagó las multas administrativas de los siete obreros detenidos, las cuales ascendieron a 2,500 pesos por persona. No obstante, debido a la reincidencia en la violación de los sellos de clausura, se contempla una multa de hasta 150 mil pesos que podría ser impuesta directamente a la propietaria extranjera.

“Esto servirá para complementar la denuncia en su contra. La sanción será por reincidencia tanto para la propietaria como para la propiedad”, puntualizó Edel Castro.

Se espera que en los próximos días las autoridades emitan una actualización oficial sobre el caso y detallen las posibles consecuencias legales para la mujer, en caso de que vuelva a intentar restringir el acceso a una playa que, por ley, es pública.

La comunidad de Huajuapan de León, Oaxaca, se encuentra consternada tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Hanna Ali Rosales Sierra, una joven de 19 años reconocida por su participación en certámenes de belleza y actividades cívicas.​

El pasado jueves, autoridades localizaron el cuerpo de Hanna Ali Rosales Sierra en una vivienda situada en la colonia San Isidro Poniente, en la región Mixteca de Oaxaca. La joven, quien ostentaba el título de Señorita Simpatía 2024 en Huajuapan de León, había sido reportada como desaparecida tres días antes. El hallazgo se produjo tras una llamada anónima que alertó sobre la presencia de un cadáver en el lugar.​

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el cuerpo presentaba signos de violencia, incluyendo heridas de bala y posibles indicios de tortura. El inmueble donde fue encontrada la víctima es considerado por las autoridades como una posible casa de seguridad utilizada por grupos delictivos. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.​

Hanna Ali no solo era conocida por su participación en certámenes de belleza, sino también por su involucramiento en actividades cívicas, siendo miembro del Cabildo Juvenil de Huajuapan de León. Además, era hija de Alejandro Rosales Olmos, director del Sistema de Agua Potable de la localidad, lo que ha llevado a las autoridades a considerar diversas líneas de investigación, incluyendo posibles represalias relacionadas con su entorno familiar o su visibilidad pública.​

Organizaciones feministas, como Marea Verde Mixteca, han denunciado un patrón preocupante de desapariciones de mujeres jóvenes en la región, muchas de las cuales están vinculadas a redes de trata de personas. Según Valeria Palma, integrante de dicha organización, en los últimos dos años se han documentado al menos 14 casos similares en la zona. Las activistas también critican la inacción de las autoridades, señalando que en muchos casos se espera hasta 72 horas para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, tiempo crucial que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.​

La trágica muerte de Hanna Ali ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad, así como un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las medidas de protección hacia las mujeres y actúen con prontitud ante reportes de desapariciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado una investigación sobre un presunto desfalco cometido en 2017 en SuperISSSTE, cuyas operaciones irregulares habrían causado un daño al erario estimado en 61 millones de pesos, de acuerdo con una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta indagatoria, que se encontraba prescrita, tomó nuevo rumbo tras una denuncia presentada en junio de 2024 por Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la ASF, con base en la auditoría 260-DS de la Cuenta Pública 2017.

Simulación de operaciones y productos no entregados

Según la auditoría, más del 80% de los ingresos de SuperISSSTE provienen de operaciones irregulares. Se descubrió una simulación en la compra-venta de productos entre el ISSSTE y SuperISSSTE, que incluían desde útiles de oficina hasta mobiliario y ropa quirúrgica, sin que la mayoría de los bienes fueran entregados.

Aunque inicialmente se calculó un posible desfalco por mil millones de pesos, la cifra actual de la investigación se redujo a 478 millones 351 mil pesos, y el daño neto confirmado al erario se estima en 61 millones.

Exfuncionarios implicados y deslinde de responsabilidades en SuperISSSTE

En la carpeta de investigación original de 2021, figuraban como señalados Minerva Castillo Rodríguez, exdirectora de administración del ISSSTE; Francisco Javier Ortiz Villanueva, subdirector de Recursos Materiales y Servicios; y José Remedios López Sánchez, jefe del Departamento de Adquisiciones.

Sin embargo, en la nueva indagatoria de 2024, Castillo Rodríguez ha sido deslindada, y en su lugar, la FGR imputa a Raúl Cerón, exsubdirector de Abasto; Juan Nazario Ahuactzin Ponce, exdirector de Administración; y José Castañeda Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam.

SuperISSSTE en crisis desde 2015

El presunto desfalco ocurrió en un contexto de crisis para SuperISSSTE, que cerró 224 tiendas en 2015 de las 294 que operaban. Actualmente sólo permanecen activas 61 tiendas a nivel nacional. Entre 2013 y 2019, los ingresos del organismo disminuyeron en promedio 27.4% anual, siendo desplazado por la competencia de grandes cadenas comerciales.

La ASF señaló que SuperISSSTE ha sido utilizado como intermediario para eludir normas de adquisiciones, especialmente en compras realizadas por dependencias gubernamentales.

Recuperan 27 inmuebles indebidamente utilizados por la fundación ISSSTE

Paralelamente, como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, se recuperaron 27 inmuebles utilizados sin autorización por la fundación ISSSTE. Estas instalaciones, ubicadas en hospitales y clínicas de la Ciudad de México, eran operadas como cafeterías y espacios comerciales, y 15 de ellas fueron subarrendadas, obteniendo ganancias sin beneficiar a la derechohabiencia.

Tras un proceso judicial iniciado en la administración anterior y concluido entre febrero y abril de 2025, todos los espacios fueron restituidos al ISSSTE.