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Nacionales

Ordenan a Defensa entregar documentos de inteligencia sobre Ayotzinapa

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El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero el juicio de amparo 1350/2023, promovido por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ordenando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.

La resolución judicial advierte una brecha documental de aproximadamente 853 folios del CFRI que no han sido proporcionados por las autoridades castrenses, pese a que su existencia quedó evidenciada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Dicho organismo internacional documentó que, si bien tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI sobre el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, los folios entregados presentaban discontinuidades que demostraban la sustracción arbitraria de información.

El fallo precisa que la falta de continuidad en los documentos no prueba su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las instancias militares y debe ser entregada para garantizar el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad. La sentencia establece además que dicha documentación no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad por conocer lo ocurrido.

El amparo, presentado en agosto de 2023, derivó del incumplimiento de la SEDENA al Decreto Presidencial de 2018 que obliga a todas las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso. Las familias señalaron la responsabilidad directa de diversas áreas de inteligencia militar por el ocultamiento de documentos cuya relevancia resulta clave para entender el contexto criminal de Iguala y, particularmente, para esclarecer el paradero de los estudiantes.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había observado previamente que los avances en la investigación se encontraban estancados debido a la falta de entrega de información por parte de la SEDENA, puntualizando que el litigio actual pudo haberse evitado con una cooperación de buena fe por parte de las autoridades militares.

Cabe recordar que, dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.

A más de once años de los hechos, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos han debido mantener acciones legales nacionales e internacionales frente a la persistente negativa de la SEDENA de entregar de manera completa la información que podría contribuir a conocer el paradero de sus hijos, así como ante la parálisis de instancias como la COVAJ, que dejó de funcionar como mecanismo efectivo para superar los obstáculos en la investigación.

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Nacionales

Caso Rancho Izaguirre: Suman 47 detenidos y 64.4% en el procesamiento del sitio

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las investigaciones en el predio Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Hasta la fecha, se reporta un avance significativo en el procesamiento forense del sitio y la captura de casi medio centenar de implicados en actividades delictivas relacionadas con el reclutamiento forzado.

Hallazgos: Un centro de formación criminal y reclutamiento

Las investigaciones ministeriales han determinado de manera contundente que el predio funcionaba como un sitio de adiestramiento táctico. En el lugar se identificaron las siguientes instalaciones y actividades:

  • Entrenamiento físico: Áreas destinadas a prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos.
  • Casa táctica: Una zona diseñada para simular coberturas, movimientos estratégicos y generación de reacción operativa.
  • Reclutamiento forzado: Se detectó que las personas eran llevadas al lugar contra su voluntad, donde se les despojaba de sus pertenencias y vestimenta original para imponerles un nuevo uniforme.

Estatus forense: Avance del 64.44% en el sitio

El procesamiento del predio es realizado de forma minuciosa por el Centro Federal Pericial Forense y la Fiscalía Federal de Jalisco, logrando recuperar indicios clave:

  • Indicios localizados: Fragmentos y multifragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir.
  • Identificación genética: Se obtuvo un perfil genético masculino de los restos óseos; sin embargo, al realizar la confronta con la base de datos de familiares de desaparecidos, aún no hay un resultado concluyente para su identificación.
  • Continuidad: Las confrontas genéticas siguen activas conforme se integran nuevos perfiles de víctimas.

47 personas capturadas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la estrategia integral de investigación ha permitido desarticular parte de la estructura operativa de este sitio.

  • Al momento suman 47 personas detenidas vinculadas a los hechos en Rancho Izaguirre.
  • Existen órdenes de aprehensión vigentes que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encuentra cumplimentando activamente.
  • Las acciones de búsqueda no dependen exclusivamente de los análisis forenses; se mantienen líneas de investigación ministerial y seguimiento de información de gabinete.
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Nacionales

Sheinbaum refuerza estrategia de seguridad en Jalisco tras operativos recientes

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La entidad de Jalisco ha registrado un despliegue extraordinario de fuerzas federales tras el operativo del pasado 22 de febrero en Tapalpa, donde se reportó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. Durante la conferencia matutina celebrada este 6 de marzo en Zapopan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de certidumbre a la población local. La mandataria aseguró que su administración trabaja intensamente por la paz, el bienestar y la seguridad de todas las familias jaliscienses. Por consiguiente, el Gobierno de México mantiene una vigilancia estrecha para prevenir nuevas reacciones de grupos delictivos y garantizar el orden público en la región.

Coordinación institucional y trabajo conjunto en Jalisco

La jefa del Ejecutivo federal agradeció la disposición del gobierno estatal para establecer una ruta de trabajo unificada durante las últimas dos semanas. Ciertamente, la colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías locales resultó clave para contener los narcobloqueos ejecutados por el crimen organizado. Según Sheinbaum, la presencia del gabinete de seguridad en Zapopan no es un acto aislado, sino una prueba del compromiso con el estado. Puesto que la estabilidad de la zona occidente es prioritaria, las autoridades han reforzado los patrullajes en puntos estratégicos y carreteras principales.

Asimismo, la presidenta enfatizó que la paz se construye mediante la atención a las causas y la presencia institucional permanente. Debido a que el operativo en Tapalpa generó episodios de violencia e incertidumbre, la estrategia actual se enfoca en recuperar la tranquilidad en los espacios públicos. De esta manera, el gobierno federal busca demostrar que el Estado mexicano posee la capacidad operativa necesaria para enfrentar los desafíos de seguridad. Por esta razón, se mantendrán las mesas de seguridad diarias para evaluar los avances en la reducción de delitos de alto impacto.

Perspectivas de paz y bienestar social

Más allá de las acciones reactivas, la administración federal planea fortalecer los programas de bienestar para consolidar un entorno de paz duradera en Jalisco. En conclusión, el mensaje de la mandataria busca estrechar los lazos con la sociedad civil y asegurar que no habrá impunidad ante actos delictivos. De forma paralela, el ejército continuará con labores de inteligencia para desarticular las redes operativas que aún operan en la periferia de la zona metropolitana. Solo mediante la unión de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno se podrá alcanzar la armonía que la ciudadanía demanda.

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Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no descansará hasta devolver la seguridad a cada rincón del bellísimo estado. De esta forma, México transita hacia una etapa de consolidación donde la fuerza pública actúa con determinación y respeto a la ley. El camino hacia la pacificación requiere de paciencia, pero sobre todo de una coordinación que ya comienza a dar resultados visibles en la entidad.

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Nacionales

UAEM en alerta: cronología de desapariciones en Morelos

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En dos semanas, las desapariciones en la UAEM Morelos estremecieron al estado: tres reportes sacudieron a la comunidad, dos de ellos terminaron en tragedia y uno se resolvió con una localización con vida.

Aquí va la cronología para entender qué pasó, cuándo y dónde, porque las desapariciones en la UAEM Morelos ya no pueden normalizarse.

Kimberly Ramos: 20 de febrero–4 de marzo

Kimberly Joselín Ramos Beltrán, 18 años, fue vista por última vez el 20 de febrero cerca del campus Chamilpa, en Cuernavaca. Su familia denunció formalmente el 21 y comenzó la búsqueda en la zona norte de la capital.

El 2 de marzo autoridades hallaron un cuerpo en un predio de Chamilpa; el 3 y 4 de marzo la fiscalía confirmó que se trataba de Kimberly. Hubo marchas estudiantiles, bloqueos en accesos y un detenido por desaparición cometida por particulares, mientras la comunidad exigía justicia y transparencia en las pesquisas.

Karol Toledo: 2–6 de marzo

El 2 de marzo se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, 18 años, estudiante de la EES Mazatepec. El 5 de marzo, mientras compañeros protestaban, la fiscalía informó el hallazgo de un cuerpo en Coatetelco; el 6 de marzo confirmó que correspondía a Karol. La noticia detonó luto e indignación: estudiantes y docentes reclamaron acciones inmediatas y medidas de seguridad efectivas dentro y fuera de los planteles.

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Alondra María Stephanye: 5–6 de marzo

La noche del 5 de marzo, la madre de Alondra María Stephanye Contreras Galarza denunció que su hija, estudiante de Nutrición, no volvió a casa tras salir de Cuautla rumbo a Cuernavaca. El 6 de marzo la fiscalía activó Protocolo Alba y difundió su ficha; horas después, confirmó que Alondra fue localizada con vida. Aun así, el caso encendió alarmas: era el tercer reporte en dos semanas.

Lo que viene

Entre homenajes y marchas, la comunidad universitaria demanda rutas seguras, reacción inmediata ante reportes, mejor iluminación y patrullaje en trayectos y campus. La exigencia es clara: que Morelos garantice estudiar sin miedo y que cada caso tenga verdad y justicia.

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