El arresto fue anunciado por el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, quien detalló que el sospechoso fue localizado y detenido en Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, el detenido ya fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por doble homicidio. Según datos del FBI, Samuel Ramírez Jr., de 33 años, nació el 17 de abril de 1992 en California, y era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

Los hechos habrían ocurrido en el establecimiento Stars Bar & Grill, ubicado en Federal Way, en el estado de Washington, donde también resultó herido otro hombre durante el ataque armado. Tras el crimen, investigadores estadounidenses consideraron que el sospechoso había huido fuera del país, lo que motivó una búsqueda internacional. El 24 de mayo de 2023 fue acusado formalmente de asesinato y, posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, se emitió una orden de arresto federal.

El FBI incluyó recientemente a Ramírez Jr. en su lista de los «Ten Most Wanted Fugitives», una de las bases de búsqueda criminal más importantes de Estados Unidos. Con el objetivo de intensificar su localización, la agencia federal aumentó la recompensa a hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura. La inclusión en esta lista buscaba atraer atención internacional sobre el caso, ya que existían indicios de que el fugitivo podría encontrarse en México.

De acuerdo con el director del FBI, Samuel Ramírez Jr. fue detenido en el estado de Sinaloa, resultado de la cooperación entre autoridades de seguridad de ambos países. Posteriormente, el sospechoso llegó a la ciudad de Seattle procedente de México, donde quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso judicial correspondiente en el condado de King. Hasta el momento, el FBI no ha revelado más detalles sobre el operativo de captura, aunque se espera que en las próximas horas se proporcionen más datos sobre la investigación.

La captura en Sinaloa de Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI, representa un éxito de la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia

El Senado de México aprobó por unanimidad este martes una reforma constitucional para terminar con las llamadas pensiones millonarias en organismos públicos.

La medida, avalada con 116 votos de todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta, establece un nuevo límite para las jubilaciones de exdirectivos de empresas del Estado y entidades financieras públicas. El objetivo es reducir gastos considerados excesivos y poner orden en el uso de recursos públicos destinados a pensiones.

La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y fija que las pensiones financiadas con recursos públicos no podrán superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. Con esta modificación, el monto máximo permitido será de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. El cambio aplicará tanto para nuevas jubilaciones como para pensiones actualmente vigentes en organismos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Banobras.

Durante el debate legislativo, senadores señalaron que existen casos de pensiones consideradas “estratosféricas”, que llegan a superar los 340 mil pesos e incluso el millón de pesos mensuales. Uno de los casos más citados es el de un exsubdirector de la extinta Luz y Fuerza del Centro que ha recibido una pensión superior al millón de pesos mensuales durante 17 años, acumulando más de 204 millones de pesos en ese periodo.

La reforma fue respaldada por legisladores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aunque representantes de la oposición señalaron que el cambio aún es incompleto. Algunos senadores propusieron que también se revisen las pensiones de mandos medios y altos de las fuerzas armadas, así como las jubilaciones de funcionarios de toda la administración pública federal y de ministros retirados del Poder Judicial.

Durante la discusión también surgió el debate sobre la posible retroactividad de la reforma. Sin embargo, los presidentes de las comisiones dictaminadoras aclararon que la modificación constitucional no obliga a exfuncionarios a devolver recursos ya recibidos, sino que establece nuevos parámetros para las pensiones financiadas con dinero público a partir de su entrada en vigor. Legisladores señalaron que el ajuste podría generar un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.