En la Ciudad de México se han registrado tres microsismos, dos durante la madrugada y uno más esta mañana.

Fue a las 10:26 horas de este jueves que se registró el sismo magnitud 2.4 al oeste de la alcaldía de Benito Juárez, a una profundidad de 1 kilómetro.

SISMO Magnitud 2.4 Loc. 2 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX 26/09/24 10:26:32 Lat 19.40 Lon -99.17 Pf 1 km

— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 26, 2024

La Secretaría de Gestión de Riesgos de la capital del país informó que se activaron protocolos, sin reporte de afectaciones.

A las 05:31 y 05:39 horas se registraron sismos de 1.0 a 1.5 en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este jueves 26 septiembre se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la madrugada del 26 de septeimbre de 2014.

Se cumplen 10 años del crimen de Estado: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Desde entonces sus familias y la sociedad, así como organismos nacionals e internacionales no han dejado de exigir justicia mientras que autoridades mantienen la investigación sin que hasta el momento se conozca el paradero de los normalistas y la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos.

Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el grupo criminal Guerreros Unidos habría secuestrado a los estudiantes y quemarlos en el basurero de Cocula, ubicado en el municipio de Iguala, Guerrero.

“La Verdad Histórica”

Cabe recordar que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, viajaban en al menos cuatro autobuses que secuestraron en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre –matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968–.

Sin embargo, la noche del 25 de septiembre y madrugada del 26 de septiembre de 2014, los Guerrero Unidos atacaron a balazos a los normalistas, asesinaron, persiguieron, secuestraron y desaparecieron.

De acuerdo con la información, elementos del Ejército y de la Policía Municpal de Iguala, estuvieron involucrados.

No obstante, dicha versión la refutó el el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Misma que reveló que se tratp de un “crimen de Estado” y que hubo encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías federales, estatales y locales.

Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón

Así como a funcionarios de alto nivel del entonces gobierno de Peña Nieto y que algunos de ellos tienen un puesto dentro del gobierno de López Obrador.

Hasta el momento el funcionario de más alto rango que enfrenta un proceso por el caso es el exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, detenido el 19 de agosto de 2022, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, pues es señalado de obstruir las investigaciones para esclarecer los hechos.

En tanto, otro de los personajes clave es Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tiene dos órdenes de aprehensión por tortura a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos apodado “El Cepillo”.

El exjefe de AIC se encuentra prófugo de la justicia mexicana y está refugiado en Israel, pero al no existir un trato de extradición entre México y aquel país, no puede ser deportado a territorio mexicano.

Además, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, es uno de los detenidos más relevantes del caso, es señalado como líder de Guerreros Unidos, capturado en septiembre de 2015.

Pero quedó en libertad en 2019 y posteriormente se volvió testigo protegido de la Fiscalía, presuntamente bajo el seudónimo de “Juan”. El pasado 5 de septiembre lo recapturaron sin que las autoridades precisarán bajo qué cargos.

Militares señalados de la desaparición de los 43 normalistas

También, el Ejército está señalado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en enero de 2015 para colaborar en las indagatorias en paralelo con autoridades, apuntó en su último informe del caso, en julio de 2023, a la colusión de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico como responsables directos del caso.

Además, el GIEI acusó a los militares de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes y la falta de cooperación para esclarecer los hechos.

El GIEI recopiló documentos provenientes de la Sedena que demuestran la existencia de un centro de inteligencia del Ejército en el municipio de Iguala que interceptaba comunicaciones de Guerreros Unidos en la zona.

De acuerdo con el Centro ProDH, sólo tres elementos de la Sedena están en prisión, de los 14 detenidos presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.

Se trata del capitán José Martínez Crespo y los sargentos Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

El general José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, era el militar de mayor rango detenido por su presunto vínculo con Guerreros Unidos y por haber ordenado el asesinato de 6 de los 43 desaparecidos.

Sin embargo, en julio de este año salió de prisión luego de obtener el beneficio de libertad condicional y tras pagar una fianza de 50 mil pesos para seguir su proceso en libertad.

¿AMLO protege al Ejército?

El presidente López Obrador entregó el pasado 8 de julio un reporte personal a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

Donde reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición por la omisión y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ por parte de funcionarios.

Al tiempo que indicó que los señalamientos que apuntan al Ejército mexicano sólo buscan debilitar a esa institución.

Los padres de los normalistas, diversos activistas y expertos han señalado que los militares tienen respaldo del Gobierno y de la Sedena a pesar de los cargos que hay sobre ellos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, «aceptó su culpabilidad» en los casos de narcotráfico, luego de que su defensa solicitara una pena mínima ante la justicia de Estados Unidos.

 «Si su abogado está planteando 20 años de prisión, está aceptando que sí hay culpabilidad«, declaró el mandatario durante su conferencia matutina.

 García Luna, quien encabezó la lucha contra el narcotráfico en México entre 2006 y 2012, fue declarado culpable en febrero de este año por un jurado estadounidense de varios cargos, incluyendo narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. La sentencia final se dictará el próximo 9 de octubre, y mientras su defensa busca la pena mínima, la fiscalía de Nueva York ha solicitado cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares.

 El caso ha generado gran controversia en México, pues García Luna fue uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de Felipe Calderón, el principal adversario político de López Obrador. El presidente actual ha cuestionado el papel de Calderón en el nombramiento de García Luna y ha exigido que responda si sabía de los vínculos del ex funcionario con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

 López Obrador también aprovechó la ocasión para criticar a Calderón, calificándolo de «hipócrita» por haber señalado supuestos vínculos del gobierno actual con el crimen organizado. Aseguró que su administración es independiente y no está bajo el control de grupos de poder económico ni de la delincuencia organizada, como él considera ocurrió durante el sexenio de Calderón.

 La situación mantiene el foco en la figura de García Luna, quien jugó un papel clave en la llamada «guerra contra el narco» en México, una estrategia de seguridad que dejó miles de muertos y desaparecidos en el país. Las acusaciones en su contra han intensificado el debate sobre la relación entre el Estado y los cárteles de la droga.

 A medida que se acerca la fecha de su sentencia, las preguntas sobre la complicidad de altos funcionarios con el narcotráfico siguen siendo un tema de intenso debate político. La expectativa sobre la decisión del juez y las posibles repercusiones del caso para figuras como Calderón mantienen la atención pública y política.