Con la finalidad de incorporar en la Constitución Política del estado que quienes aspiren a un cargo de elección popular, de ser el caso, cumplan sus obligaciones alimentarias y que no hayan ejercido violencia económica y/o política en razón de género, las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dorehny García Cayetano y Astrid Sánchez Moguel presentaron una iniciativa.

Este proyecto plantea establecer como requisito para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, diputaciones locales, impartición de justicia y ediles, que los aspirantes no estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ni condenados con sentencia ejecutoriada por delitos en cualquier tipo y/o modalidad de violencia de género.

En la Segunda Sesión, desde la tribuna, la legisladora Dorheny García Cayetano, coautora de la propuesta, expresó que, si bien todas las autoridades del estado están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, hace falta aún desarrollar normatividad que garantice los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Indicó que México ha sumado esfuerzos a través de políticas públicas para combatir la violencia política en todas sus facetas, pero consideró indispensable concretar los trabajos legislativos reformando la Constitución local para que tenga como base los derechos humanos, la igualdad de género y una gobernanza con base en la justicia social.

Por otra parte, expuso que en el ámbito local está inconcluso el que las personas que puedan participar en contiendas electorales deban cumplir con sus obligaciones, sobre todo, aquellas que involucren los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con las adhesiones de los grupos legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México y de la diputada Elizabeth Morales García, la iniciativa, que adiciona las fracciones VII del Artículo 23, VIII del Artículo 43 y V del Artículo 69 y reforma las fracciones V y VI del Artículo 23, VI y VII del Artículo 43, III y IV del Artículo 69, de la Constitución local, fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.

• La administración está por concluir y la obra social sigue siendo promesa.
• El alcalde Nacho Morales, sólo nos da pan y circo

«En Altotonga necesitamos orden, transparencia en el manejo del tesoro público, ya esta bien de derroche, de cacicazgos, de que sólo una familia lleve las riendas de nuestro municipio, queremos que se haga realidad lo expresado por nuestra Presidenta Claudia Shaimbun y por nuestra gobernadora Rocío Nahle, también le decimos no al nepotismo» lo anterior fue expresado por pobladores de la comunidad de Mecacalco, los cuáles se mostraron visiblemente molestos debido al incumplimiento obras prometidas.

«Las próximas autoridades municipales deben ponerse a trabajar, deben mostrar amor por su municipio, por su gente, ya tenemos bastante con la actual administración que dirige Juan Ignacio Morales Guevara, donde no hay obra social, a nosotros no nos ha cumplido con la edificación de unas rampas y el mejoramiento del camino principal,
donde las comunidades están abandonadas, donde no existe el apoyo para la población y encima de eso se dice que el enriquecimiento del alcalde es sorprendente se habla de residencias en Puebla, de departamentos en Xalapa y del uso constante de unidades nuevas que al decir de lo que conocen esas unidades valen millones de pesos».

«Nosotros hacemos el llamado a la gobernadora Rocío Nahle, a la titular del ORFIS, Delia González Cobos y al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura estatal Esteban Bautista a que metan orden, a que llamen a cuentas Nacho Morales, ya basta de más burlas al pueblo de Altotonga», resaltaron.

«No queremos más de lo mismo, de gente que es manejada por Pepe Yunes, el peroteño que tanto insultó a la gobernadora Rocío Nahle y que pretende seguir imponiendo alcaldes y diputados», agregaron.

Los pobladores, por temor a represalias, pidieron el anonimato y reiteraron su malestar hacia el alcalde Juan Ignacio Morales Guevara.

«No queremos pan y circo, la feria que está por iniciar no es otra cosa que un distractor más del alcalde para tapar sus malas prácticas, en Altotonga queremos seriedad y cuentas claras, no pan y circo», finalizaron.

Xalapa, Ver. – El Partido del Trabajo (PT) ha perdido su representación como bancada en el Congreso del Estado de Veracruz, luego de una serie de conflictos internos y desaciertos que han escalado en las últimas semanas, marcando una fractura significativa dentro del grupo legislativo.

La disolución de la bancada petista se da en un contexto de creciente inconformidad por parte de legisladores y militantes del estado, quienes han señalado que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional del partido han sido impuestas sin conocimiento del contexto político, social y territorial de Veracruz.

De acuerdo con fuentes legislativas, esta ruptura responde a “una serie de malas decisiones por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PT, que ha actuado desde una visión centralista y alejada de la realidad veracruzana”. Los desacuerdos se agravaron tras la designación de candidaturas y posturas que no han sido consultadas ni consensuadas con la militancia local.

La pérdida de la bancada representa no solo un golpe político para el PT en Veracruz, sino también un reflejo del desgaste institucional que vive el partido a nivel estatal. Al disolverse el grupo legislativo, los diputados que aún formaban parte de la bancada quedarán como legisladores sin grupo parlamentario o bien se incorporarán a nuevas fracciones, redefiniendo así el equilibrio de fuerzas en el Congreso local.

Analistas políticos han señalado que esta situación podría impactar directamente en el posicionamiento del PT rumbo a las próximas elecciones, debilitando su estructura territorial y su credibilidad entre las bases.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado se vive un reacomodo de fuerzas, en el que la prioridad para varios legisladores es mantener su trabajo legislativo al margen de decisiones partidistas que, consideran, no reflejan los intereses ni las necesidades del pueblo veracruzano.