Un niño indígena de tres años perdió la vida tras caer en un pozo agrícola de más de 100 metros de profundidad en una huerta de Cuauhtémoc, Chihuahua

Una tragedia conmovió a la comunidad agrícola de Cuauhtémoc, Chihuahua, luego de que un menor rarámuri de tres años cayera en un pozo agrícola abandonado de más de 100 metros de profundidad. El accidente ocurrió la tarde del jueves en una huerta manzanera ubicada en las calles Ingeniería y Quinta Lupita, donde el pozo, que estaba en desuso, no contaba con ningún tipo de protección ni señalización.

El pequeño, identificado por la Fiscalía General del Estado con las iniciales N.H.B., era hijo de trabajadores de la huerta “Lizeth”. La alerta se dio alrededor de las 6 de la tarde, cuando testigos informaron que el niño había caído en una abertura de apenas 30 centímetros de diámetro. Equipos de emergencia acudieron de inmediato y, mediante una cámara especial, lograron confirmar que el menor seguía con vida una hora después del accidente.

“Estaba con vida”, informó el jefe de Bomberos, René Martínez, tras observar al niño dentro del pozo mediante equipo especializado. Esto generó esperanza entre familiares, rescatistas y habitantes, quienes siguieron paso a paso los esfuerzos de salvamento.

Las labores se extendieron durante más de cinco horas, en una operación que incluyó maniobras de descenso, cuerdas, cámaras y ganchos. Lamentablemente, alrededor de las 11 de la noche, el cuerpo del menor fue extraído sin signos vitales. De acuerdo con el informe preliminar, habría fallecido por asfixia.

El caso ha generado indignación en la comunidad, y ahora será el Ministerio Público quien determine si hay responsabilidad legal por parte de los dueños de la huerta, quienes mantenían el pozo expuesto y sin las medidas mínimas de seguridad.

La muerte del niño, inicialmente identificado como David, ha abierto el debate sobre las condiciones en las que viven y trabajan muchas familias indígenas en zonas rurales, donde las omisiones en infraestructura representan un riesgo latente. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, que conduce Juan Ramón de la Fuente, rechazó el informe y las recomendaciones que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA) en base al trabajo que realizó su misión observadora durante las recientes elecciones judiciales. «El proceso se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país», manifestó la dependencia.

A través de un comunicado emitido este sábado, la oficina que conduce Juan Ramón de la Fuente consideró que la OEA «rebasó el mandato» de su misión observadora y actuó de manera contraria a lo que indican los propios estatutos del organismo multilateral, que en su tercer artículo señala que «todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga».

A raíz de esto, la Cancillería sostuvo que la misión observadora de la OEA «no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial» y «menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones.

Este choque es el primero que protagoniza el gobierno de Claudia Sheinbaum con la nueva dirección de la OEA que comanda el diplomático surinamés Albert Ramdin, quien reemplazo recientemente al uruguayo Luis Almagro, con quien la 4T sí tuvo más de un conflicto diplomático durante su rol como secretario general del organismo que reúne a los países del continente americano.

Este viernes, la OEA emitió un informe en cual afirma que «no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región» al constatar una serie de inconsistencias y problemas en el proceso de selección de los jueces que integrarán el nuevo Poder Judicial a partir del 7 de septiembre.

«La participación para la elección fue de aproximadamente 13%; se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral», agregó la misión observadora que estuvo compuesta por 16 personas.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, generó polémica esta semana al calificar como «violencia vicaria» las burlas dirigidas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este pidiera ser llamado por su nombre completo y no «Andy» durante su participación en el pódcast La Moreniza.

Tras la difusión del episodio, usuarios en redes sociales y figuras políticas, como Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se burlaron de la solicitud de López Beltrán, lo que provocó una oleada de comentarios. En respuesta, Monreal expresó en su cuenta de X que estas reacciones eran una forma de violencia vicaria y manifestó su solidaridad con el hijo del exmandatario.

Monreal incluso publicó un texto titulado «Derecha vicaria» en su sitio web, donde argumentó que la oposición estaría utilizando una «forma de violencia política vicaria» al atacar a López Beltrán, al no poder confrontar directamente a López Obrador. Según el senador, estas acciones reflejan un intento por dañar al expresidente a través de su hijo.

La declaración fue duramente criticada por el Frente Nacional Mujeres (FNM), una organización que lucha contra la violencia de género. A través de un comunicado difundido también en X, el colectivo señaló que la violencia vicaria es un fenómeno específico y grave, que afecta a mujeres mediante el maltrato, secuestro o asesinato de sus hijas e hijos, con el objetivo de causarles daño emocional y destruir el vínculo materno.

«El uso político del término invisibiliza el sufrimiento real de cientos de mujeres e infancias víctimas de esta violencia. No es algo simbólico ni mediático; es brutal y tangible», reclamó el FNM. Para la organización, utilizar este concepto en un contexto de discusión pública trivializa su gravedad y muestra un desconocimiento preocupante de los derechos humanos.

Hasta el momento, Ricardo Monreal no ha emitido una respuesta directa a las críticas de los colectivos feministas. Sin embargo, el debate ha reabierto cuestionamientos sobre el uso responsable del lenguaje en la política y la importancia de no desvirtuar conceptos vinculados a luchas sociales y de género.