El gobierno de AMLO apostó por entregar recursos de manera directa a través de las llamadas Tandas del Bienestar. Este programa buscaba apoyar a personas con micronegocios que necesitaran dinero para comprar mercancía o remodelar sus establecimientos, con la promesa de devolver el recurso y acceder a un segundo préstamo. Sin embargo, la gran mayoría de los recursos no fueron reembolsados.

Millonarias Pérdidas para el Gobierno de AMLO

El gobierno federal dispersó 7 mil 033 millones de pesos entre 2019 y 2022 bajo este esquema, pero 6 mil 400 millones de pesos (91.5% de los recursos) no fueron devueltos.

Según información obtenida por Animal Político, entre 2023 y 2024 los beneficiarios reembolsaron apenas 601 millones 742 mil pesos, es decir, un 8.5% del total. Financiera para el Bienestar confirmó que de los más de un millón de beneficiarios, 542 mil 615 no devolvieron ni un peso, y otros solo hicieron uno o dos pagos sin completar la deuda.

En 2019, por ejemplo, el gobierno entregó tandas por un monto de 3 mil 033 millones de pesos, de los cuales los beneficiarios apenas reembolsaron 239 millones 794 mil 608 pesos.

¿En Qué Consistían las Tandas del Bienestar?

Los Microcréditos para el Bienestar fueron dirigidos a personas que deseaban iniciar o fortalecer un micronegocio, pero que no tenían acceso a créditos bancarios. Los préstamos se otorgaban sin intereses, con la condición de pagarlos en un año.

El esquema contemplaba:

• Primer crédito de 6 mil pesos, con pagos mensuales de 600 pesos y dos meses de gracia.
• Segundo crédito de 10 mil pesos, con pagos mensuales de mil pesos.
• Tercer crédito de 15 mil pesos.
• Cuarto crédito de 20 mil pesos para quienes hubieran cumplido con los pagos anteriores.

Inicialmente, el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Economía, pero en 2021 pasó a la Secretaría del Bienestar. En 2022 dejó de recibir recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y finalmente desapareció.

AMLO Insistió en Recuperar los Recursos

El 30 de mayo de 2022, en su conferencia matutina, López Obrador hizo un llamado a los beneficiarios para que devolvieran el dinero y así se pudiera mantener el programa. «Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes», dijo el expresidente.

Pese a esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2022 se utilizaron recursos del programa «Sembrando Vida» para solventar los gastos de operación de las Tandas del Bienestar, ya que no había fondos asignados.

Incumplimientos y Falta de Control

A seis años de implementado, el programa fracasó en su objetivo de crear un fondo revolvente para beneficiar a más personas. De los 351 mil 130 beneficiarios iniciales, solo 425 completaron todos los pagos y lograron acceder al tercer crédito de 15 mil pesos. Ningún beneficiario recibió el crédito máximo de 20 mil pesos, según Nacional Financiera.

En 2022, Nacional Financiera planeaba entregar 145 mil tandas por un total de mil 375 millones de pesos, pero solo se otorgaron 90 mil 475 apoyos.

La ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría del Bienestar investigara posibles omisiones en el control del programa. Detectó una diferencia de 19 millones de pesos entre los reembolsos reportados y los reflejados en los estados financieros.

También se identificaron apoyos otorgados a personas que no cumplían con la edad mínima requerida, así como expedientes incompletos o faltantes.

Las Tandas del Bienestar terminaron representando una pérdida de 6.4 mil millones de pesos para el gobierno federal. La falta de reembolsos y la ausencia de controles efectivos hicieron que el programa no pudiera sostenerse ni alcanzar su objetivo de beneficiar a más personas con préstamos accesibles.

Los exfuncionarios ya fueron capturados, las autoridades continúan la búsqueda del exmandatario.

Cierran cerco contra Aureoles por peculado. Cuatro exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles en Michoacán fueron detenidos por presuntas irregularidades en la renta y construcción de siete cuarteles policiales, mientras que el exgobernador perredista permanece prófugo.

Fuentes estatales confirmaron que Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de la misma dependencia; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad estatal, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad, fueron arrestados por delitos como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La orden de aprehensión, emitida por la jueza Patricia Sánchez Nava del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México bajo la causa penal 118/2025, también incluye a Aureoles, acusado de autorizar contratos con sobreprecios por un total de 5,186 millones de pesos.

El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la presentación de denuncias penales contra la administración anterior. Mientras los exfuncionarios ya fueron capturados, las autoridades continúan la búsqueda del ex gobernador.

En septiembre pasado, en del escándalo por el arresto de Ismael «el Mayo» Zambada», el Gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando enviado en marzo de 1986 desde su Embajada en México al director del FBI en el que se consignan las sospechas sobre Manuel Bartlett, entonces Secretario de Gobernación, quien habría trabajado con los narcotraficantes que secuestraron y mataron a Enrique «Kiki» Camarena.

El homicidio en México en 1985

del agente de la DEA a manos de sicarios del capo Rafael Caro Quintero. Oficialmente, para la agencia antidrogas de Estados Unidos, Bartlett Díaz tuvo un grado de participación en el asesinato de su agente (al menos como testigo de la tortura), aun cuando el expriista lo ha negado una y otra vez. Un demonio de su pasado que parecía perseguirlo sin consecuencias, hasta ahora.

Se trata de un caso viejo que sigue despertando un apasionado interés entre oficiales de Estados Unidos, en particular de aquellos que han luchado contra los cárteles de la droga. El propio Caro Quintero recibió un trato especial el jueves de la semana pasada: fue recibido por docenas de agentes de la DEA en el aeropuerto que lo escoltaron como un «trofeo», y en la corte de Nueva York el capo de capos del Cártel de Guadalajara fue esposado con unas esposas que pertenecieron en Kiki Camarena.

Esta redacción informó sobre la molestia de la Casa Blanca con las políticas energéticas de la 4T, impulsadas desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuadas por Claudia Sheinbaum, que le apuestan a una mayor soberanía nacional respecto de la compra de combustóleos a Estados Unidos. Obra que ejecutó Barttlet como director de la Comisión Federal de Electricidad.

Con la creación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, por un lado, y por otro lado y principalmente, con la compra de CFE de 13 plantas eléctricas a Iberdrola, esa política ha sido exitosa y va por buen camino. Sin embargo, para la administración de Donald Trump no hay espacio para arranques soberanistas al sur de su frontera. De ahí que celebraran que con la designación de la ingeniera Emilia Esther Calleja en la CFE, México se apartaría del camino que comenzó Bartlett.

Pero no ocurrió, Emilia Esther Calleja continúa el trabajo de Bartlett, lo cual no da garantía alguna sobre un futuro sin una investigación oficial en Estados Unidos contra el también exgobernador de Puebla. Al menos se comenta en los escaños del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Ahí los morenistas recuerdan que recientemente el exdirector de CFE amenazó con demandar a un periodista por confirmar el memorando de septiembre pasado y que tiene cuentas con la justicia estadounidense.

Se trata del corresponsal de la revista Proceso en la Casa Blanca, Jesús Esquivel, quien afirmó que en documento en del Departamento de Estado sobre el caso Camarena se menciona a Bartlett, aunque admitió si «tienen desarrollada o no los fiscales de ese país». Y recordó que el caso Camarena, tan abierto que Caro Quintero fue un gran intercambio del gobierno de Sheinbaum al gobierno de Trump para acaso saciar su impaciencia ante la impunidad en México del narcotráfico que -asegura Trump- es responsable de la crisis de fentanilo que vive su país.