El régimen de la cuarta transformación intenta contener una nueva crisis humanitaria tras la confirmación del fallecimiento de cinco recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital general de zona número 1 en durango, evidenciando el franco deterioro del sistema de salud pública federal bajo la administración de zoé robledo.

La negligencia estructural y la opacidad oficial marcan la actuación del instituto mexicano del seguro social frente al dolor de las familias afectadas, quienes han decidido romper el silencio institucional y acudir a las instancias legales para exigir justicia. El instituto dirigido por zoé robledo se limita a emitir tarjetas informativas y desplegar un operativo de contención burocrática mientras evade asumir la responsabilidad política y administrativa por las fallas fatales en el hospital de durango.

El desdén gubernamental frente al luto de los padres en Durango

La respuesta tardía y burocrática del imss refleja la insensibilidad de un aparato estatal que prioriza el control de daños político sobre la procuración de justicia para las víctimas. La decisión de las familias de interponer una denuncia ante la fiscalía general de la república, encabezada por ernestina godoy, desnuda la total desconfianza ciudadana en las investigaciones internas de un régimen que sistemáticamente encubre las deficiencias operativas de sus instituciones. El abogado de los padres afectados, fermín alonso flores ayala, encabeza una defensa legal que busca romper la impunidad con la que operan los mandos sanitarios designados por la cuarta transformación, dejando al descubierto la precariedad extrema en la que operan las áreas de neonatología del seguro social.

La simulación en las mesas de diálogo y el ocultamiento de omisiones

Las reuniones individuales sostenidas por la plana mayor del imss con cuatro de los cinco núcleos familiares solo confirman una estrategia de contención para mitigar el costo político de la tragedia. La participación de alba santos carrillo, directora de prestaciones médicas, y de jorge marengo, titular de derechos humanos del imss a nivel central, evidencia el intento desesperado de la burocracia dorada por apaciguar las protestas de unos padres que han denunciado públicamente un trato con poca humanidad y la existencia de múltiples irregularidades en la atención médica que recibieron los recién nacidos. El argumento institucional de haber entregado los expedientes clínicos y explicado avances de una investigación en curso resulta insuficiente ante la gravedad de la pérdida de vidas humanas en un hospital administrado por el estado.

La complicidad de las autoridades sanitarias y la opacidad en los peritajes

El intento del régimen por diluir la culpa mediante la participación de múltiples instancias federales y locales solo confirma la falta de un mando único responsable y la tendencia gubernamental a evadir responsabilidades. La intervención formal de la comisión federal para la protección de riesgos sanitarios, la dirección general de epidemiología, el centro nacional de programas preventivos y control de enfermedades, la comisión estatal de riesgos sanitarios, los servicios de salud de durango y el laboratorio estatal de salud pública pone de manifiesto la magnitud de la falla sistémica que permitió la presencia letal de una bacteria en cuatro de los cinco casos registrados. Mientras el aparato gubernamental asegura que ninguna línea de investigación será descartada, las familias continúan enfrentando la indiferencia de un sistema de salud colapsado que prometió alcanzar niveles de primer mundo y hoy acumula tragedias evitables en el centro de sus instalaciones hospitalarias.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán negaron categóricamente la existencia de una denuncia formal o registro oficial sobre el presunto hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Zacapu que presuntamente contenía mil 600 piezas dentales de niños.

Tras la viralización del caso en las plataformas digitales y los posicionamientos emitidos por distintos actores políticos de oposición, la dependencia ministerial aclaró que desde el año 2021 no ha recibido ninguna puesta a disposición ni solicitud de intervención pericial relacionada con estos hechos.

Aclaración de colectivos de búsqueda y origen del registro

Ante la controversia generada en el debate público, representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas precisaron que las imágenes e información sobre el hallazgo de osamentas infantiles no corresponden al año en curso, sino a un expediente documentado previamente en el año 2023.

Las agrupaciones civiles señalaron que el caso fue retomado recientemente en entrevistas públicas, generando confusión sobre la temporalidad de los acontecimientos en la región.

Por su parte, diversos legisladores federales y dirigentes partidistas exigieron a las instituciones ministeriales transparentar el estado que guardan las investigaciones sobre fosas clandestinas en el estado.

No obstante, las instancias federales y estatales reiteraron que mantienen canales permanentes de comunicación para atender cualquier indicio ministerial que permita esclarecer los hechos conforme a sus atribuciones legales.

Postura institucional y colaboración ministerial

La institución estatal subrayó que trabaja en coordinación permanente con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a los reportes de personas no localizadas. Asimismo, las autoridades competentes manifestaron su plena disposición para recibir cualquier información ciudadana que permita verificar la autenticidad de los datos difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

La localización y procesamiento de cualquier fosa clandestina requiere protocolos científicos estrictos a cargo de peritos forenses especializados para garantizar la identificación plena de los restos humanos. Las autoridades hicieron un llamado a evitar la propagación de versiones imprecisas que revictimizan a los familiares de personas desaparecidas y entorpecen las labores ministeriales en curso.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores durante el sexenio de AMLO.

El informe Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico estudió el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.

De las víctimas identificadas, 78 eran periodistas y 259 realizaban labores de defensa de derechos humanos.

La investigación no atribuye todos los asesinatos directamente al gobierno federal. Sin embargo, analiza el papel de instituciones públicas en la falta de protección, vigilancia, estigmatización e impunidad.

Berkeley verificó 75 expedientes relacionados con homicidios, desapariciones forzadas y otros actos de violencia.

Las víctimas compartían un perfil: periodistas que investigaban crimen organizado, corrupción o abusos estatales, y activistas dedicados a temas ambientales, derechos de las mujeres y personas desaparecidas.

Varios habían denunciado amenazas ante las autoridades. Algunos estaban incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando fueron asesinados.

El Centro calculó que la impunidad en los crímenes contra ambos sectores se mantuvo entre 93% y 99%.

Berkeley vincula uso de Pegasus con la Sedena

El informe también sostiene que Pegasus continuó utilizándose contra periodistas y defensores durante la administración de AMLO, pese a sus declaraciones de que el espionaje había terminado.

Los investigadores relacionaron la adquisición y operación del programa con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante contratos, expedientes judiciales y documentos filtrados en 2022.

También identificaron otras herramientas de vigilancia adquiridas por las Fuerzas Armadas y presuntas intervenciones realizadas sin autorización judicial.

La investigación incorporó una revisión asistida por inteligencia artificial de más de mil 400 conferencias presidenciales.

Según el HRC, desde ese espacio López Obrador señaló a periodistas y activistas, quienes posteriormente enfrentaron campañas de hostigamiento digital.

El proyecto fue preparado inicialmente para una posible presentación ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el Centro señaló que las sanciones estadounidenses contra ese tribunal impidieron continuar por esa vía.

Berkeley convirtió el material en una plataforma pública con una base de víctimas, expedientes, análisis sobre vigilancia y organigramas del aparato de seguridad mexicano.