El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impulsar a Gianni Infantino, actual dirigente de la FIFA, como próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La versión fue publicada por el New York Post, que citó a fuentes cercanas al mandatario estadounidense. Hasta ahora, la Casa Blanca y la FIFA no han confirmado públicamente la propuesta.

Según el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, tiene reconocimiento internacional y capacidad para unir a distintos sectores.

La relación entre ambos se fortaleció durante la organización del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Además, aparecieron juntos en diferentes actos relacionados con el torneo.

En diciembre, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Trump no puede nombrarlo directamente

El proceso para elegir al próximo secretario general de la ONU ya comenzó, pues António Guterres concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026.

Infantino tendría que recibir primero la nominación formal de algún Estado miembro. Posteriormente, necesitaría la recomendación del Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.

Estados Unidos cuenta con poder de veto dentro del organismo, al igual que China, Rusia, Francia y Reino Unido. Por ello, Trump podría bloquear a otros aspirantes, pero no imponer por sí solo a su candidato.

Después, la Asamblea General deberá aprobar el nombramiento. La persona seleccionada asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

Hasta el momento, Infantino no ha expresado públicamente su interés en abandonar la FIFA para competir por el puesto.

La versión surge mientras el dirigente enfrenta críticas por la ampliación de los torneos internacionales y la saturación del calendario. Javier Tebas, presidente de LaLiga, incluso pidió su dimisión al considerar que sus decisiones perjudican al futbol.

Todo ocurrió en el DIF, al menos en la Ciudad de México. Ya lo dice el refrán: «ladrón que roba a ladrón». Para que hacer una solicitud de empleo si puedes sobornar para adquirir una plaza. Pero tras ver que su intención ilícita falló, irónicamente recurren a la justicia. «Disculpe señor policía, yo compré algo ilegal y no me lo dieron: dígale al ratero al que yo contraté que respete la ley». Esta gente quería una plaza comprada, pero no contaban con que otros serían más astutos.

De forma poética así inicia el reportaje de CRONICA. En donde revelan una red de corrupción dedicada a la comercialización ilegal de puestos de trabajo defraudó a por lo menos 200 personas, acumulando un desfalco estimado entre 7 y 8 millones de pesos.

Las investigaciones documentadas revelan un esquema sistemático operado al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde los implicados exigían montos que oscilaban entre los 40 mil y 60 mil pesos por cada nombramiento falso. Sí, falso. Así que el hecho de querer comprar algo falso con la intención de quitarle el lugar a quien aspira limpiamente, le quita el derecho a esa persona de ser considerada una víctima total.

Las familias que intentaban cometer el ilícito de comprar una plaza, no contaban con que no eran los únicos corruptos. Así que ingenuamente creían ser los únicos y recurrieron a la venta de sus pequeños negocios y a pedir préstamos con intereses elevados para cubrir los pagos exigidos. Si todo ese dinero y empeño lo hubiesen enfocado a sus negocios legítimos, otra historia sería.

Foto del presunto nombramiento ilegal. FUENTE: CRONICA

Operación interna y complicidad institucional

Fraude sobre fraude. Claro, no entregaron la plaza que prometían, pero no puedo llamar «fraude» a algo que literalmente ofrecía algo ilegal como lo es la venta de plaza. El esquema operaba mediante el uso indebido de instalaciones gubernamentales y documentación oficial membretada con los logotipos institucionales. Los involucrados organizaban cursos de inducción simulados y entregaban nombramientos apócrifos para mantener la ilusión de un proceso de contratación legítimo.

Como rostro visible de la red, los testimonios identificaron a José Manuel Valdez González, exdirector de diversos Centros de Desarrollo Comunitario, quien utilizaba su posición sindical para enganchar a las víctimas bajo la promesa de obtener seguridad laboral.

La red se aprovechaba de la ingenuidad de los corruptos principiantes. Quienes creyendo estar «burlando la ley» eran a su vez enganañados durante meses o incluso años bajo el argumento de que las plazas correspondían a vacantes generadas por la pandemia.

Impacto social y exigencia de justicia

Siempre hay uno más listo. Así que piensa bien antes de que querer saltarte las normas, porque seguro otra persona lo hará contigo y de mejor manera. Las consecuencias económicas para los que querían pasarse de listos resultaron devastadoras, ya que muchos conservan deudas impagables tras haber liquidado sus fuentes de ingreso primarias. Parece que hasta la vida de corrupción exige estabilidad económica.

Es entendible que los afectados tengan temor de acudir ante las autoridades por el estigma de haber participado en un proceso irregular. Esperemos que así como piden justicia para quienes los engañaron, acepten su responsabilidad si es que la justicia se llega aplicar para ellos también.

La reclasificación del tramadol busca frenar la automedicación y reducir riesgos asociados al uso de opioides en México.

A partir de julio de 2026, el tramadol —un analgésico opioide— únicamente podrá surtirse mediante receta médica, luego de ser reclasificado como medicamento que requiere prescripción. La medida, de acuerdo con el texto original, busca responder al incremento de la automedicación y al potencial de abuso de este fármaco en México.

La pregunta sobre si era necesaria esta decisión tiene una respuesta afirmativa desde la perspectiva de salud pública. Aunque el tramadol y otros analgésicos son indispensables en la práctica médica y en el manejo del dolor, su uso sin supervisión puede derivar en efectos adversos, interacciones, contraindicaciones y errores en el ajuste de dosis según las características de cada paciente.

Un paso para el uso racional de los medicamentos

El texto señala que la experiencia de 2010, cuando México restringió la venta de antibióticos únicamente con receta, mostró que este tipo de regulaciones pueden contribuir a un uso más racional de los medicamentos. En este caso, la reclasificación del tramadol se presenta como una medida similar, orientada a evitar que un analgésico opioide se consuma de forma indiscriminada.

Además, el contexto actual es distinto al de hace algunos años. Hoy obtener información médica es más sencillo gracias a internet y a las herramientas de inteligencia artificial, pero conocer el nombre de un medicamento no equivale a saber cuándo debe utilizarse. En medicina, subraya el texto, no basta con aliviar un síntoma; el objetivo real es identificar y tratar la causa que lo origina.

La automedicación sigue siendo un problema extendido

La medida también responde a un problema documentado en México. De acuerdo con una encuesta nacional de Research Land (2026), el 41 % de los mexicanos recurre inicialmente a la automedicación o a remedios caseros cuando presenta un problema de salud. Otro 18 % busca información en internet o consulta a familiares antes de acudir con un profesional, mientras que apenas alrededor de un tercio acude, como primera opción, a un consultorio médico adyacente a una farmacia.

Ese panorama ayuda a explicar por qué las autoridades decidieron limitar el acceso al tramadol. El texto plantea que permitir el acceso sin restricciones a un opioide por comodidad habría significado asumir un riesgo innecesario para la población.

Una regulación que puede incomodar, pero protege

También se reconoce que la disposición puede generar molestias entre pacientes acostumbrados a adquirir tramadol sin restricciones. Sin embargo, el argumento central es que la salud pública exige decisiones que, aunque no siempre resulten agradables, reduzcan riesgos para la población.

En ese sentido, la nota concluye que la medicina es una de las pocas profesiones en las que el paciente no siempre tiene la razón. Por ello, regular el tramadol no resolverá por sí solo el problema de la automedicación, pero sí representa un paso importante para promover un uso más seguro y responsable de los analgésicos en México.

El artículo está firmado por el Dr. Maximiliano Téllez-Girón, quien sostiene que la restricción del fármaco obedece a una lógica de prevención ante el uso inadecuado de medicamentos, en un país donde la automedicación sigue siendo una práctica común.