Xalapa, Ver.- La crisis financiera y administrativa que desde hace meses golpea a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) estalló finalmente en consecuencias políticas. Tras movilizaciones, reclamos públicos y meses de adeudos a maestros, el Gobierno del Estado y el Congreso local decidieron retirar el respaldo a Raúl Rendón Torres, quien encabezaba la institución en medio de acusaciones de incompetencia y desorden.

Docentes de distintas regiones del estado han denunciado la falta de pagos de sus gratificaciones correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, situación que afectó tanto a licenciaturas semestrales como cuatrimestrales, dejándolas en completo abandono financiero. La indignación detonó protestas presenciales en oficinas administrativas y centros educativos, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales.

Ante la presión creciente, el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, emitió un oficio dirigido al —aún— rector de la UPAV, confirmando los señalamientos formulados por la comunidad académica y la ciudadanía. En el documento se subraya el adeudo a docentes, el abandono institucional y el caos administrativo que convirtió a la universidad en lo que maestros califican como “una oficina de rezagos y desorden”.

Aunque las denuncias no eran nuevas, el Gobierno y el Congreso permitieron que el conflicto escalara hasta el colapso. Solo hasta que la presión social rebasó los muros institucionales, se anunció la salida de Rendón Torres. La gobernadora Rocío Nahle nombró como nuevo rector a Rodolfo Torres Velázquez, en un intento por contener el desgaste político y la crisis educativa.

Sin embargo, la tardía reacción del Gobierno ha generado cuestionamientos: mantener a un funcionario señalado durante meses, incluso desde dentro de la propia administración, ha sido interpretado como negligencia, desidia o incluso complicidad. Su destitución, aseguran docentes, “era la única salida posible”.

La UPAV, con presencia en todo el estado, continúa en un estado de fragilidad administrativa y financiera. Ahora, el reto del nuevo rector será responder a la exigencia más urgente: pagar lo que se debe y devolver la confianza a miles de maestros que hoy sostienen la educación popular en Veracruz sin cobrar un solo peso.