La Unidad de Inteligencia Financiera descongeló dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión a su favor.

El desbloqueo se realizó desde el pasado 5 de noviembre, aunque se conoció públicamente esta semana.

Las cuentas habían permanecido inmovilizadas desde mayo, después de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

La decisión de la UIF no significa que el exgobernador haya sido exonerado ni que se hayan liberado todos sus recursos.

La medida responde al cumplimiento de una resolución judicial y únicamente alcanza a dos cuentas utilizadas para recibir tres pensiones.

Una de ellas concentra una pensión por viudez del ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS.

La segunda recibe los pagos correspondientes a su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde Rocha Moya desarrolló parte de su carrera académica.

El resto de sus recursos financieros permanece bloqueado mientras continúa el litigio.Un tribunal ordenó liberar únicamente las cuentas de sus pensiones

Rocha Moya fue incorporado en mayo a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

La medida tuvo carácter preventivo y ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

La acusación estadounidense sostiene que los señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.

Después del bloqueo, solicitó administrativamente ser retirado de la lista de la UIF.

La petición fue rechazada el 4 de agosto.

Su defensa acudió entonces ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la decisión.

Ese tribunal concedió una medida cautelar que permitió recuperar exclusivamente el acceso a las cuentas donde recibe sus pensiones.

La UIF tuvo que cumplir con esa resolución.

El juicio de fondo, sin embargo, continúa abierto.

Por eso, el desbloqueo parcial tampoco resuelve de manera definitiva si Rocha Moya debe permanecer o no dentro de la lista de personas bloqueadas.

La acusación en Estados Unidos y las investigaciones en México siguen abiertas

La liberación de estas dos cuentas tampoco modifica los cargos presentados en Estados Unidos.

El 29 de abril, fiscales estadounidenses acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

La acusación sostiene que habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas en territorio estadounidense.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas relacionadas con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses.

El gobierno federal ha señalado además que corresponde a Estados Unidos aportar los elementos que sustenten sus acusaciones para que las autoridades mexicanas puedan determinar responsabilidades.

Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura después de conocerse los cargos en su contra.

Regresó brevemente a sus funciones en agosto, pero posteriormente volvió a separarse del cargo.

El descongelamiento de las dos cuentas ocurre ahora dentro de esa disputa legal.

El dato central es que Rocha Moya recuperó acceso al dinero correspondiente a sus pensiones porque un tribunal ordenó proteger esos recursos mientras se resuelve el juicio.

No recuperó el control de todo su patrimonio congelado.

Más de 5 mil morenistas buscan una candidatura a la Cámara de Diputados rumbo a 2027, pero obtener el respaldo en las encuestas no necesariamente les garantizará un lugar en las boletas.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que los gobernadores no impondrán candidatos y que serán los sondeos los que definan a los perfiles mejor posicionados, aunque la propia dirigencia conservará facultades para descartar aspirantes.

Durante una reunión privada con diputados federales en San Lázaro, Montiel sostuvo que las candidaturas se resolverán mediante encuestas y llamó a los legisladores a recorrer sus distritos para ganar reconocimiento entre la población pues reprochó que algunos hayan conseguido reelegirse en varias ocasiones sin tener presencia entre sus representados.

Sin embargo, la selección no dependerá exclusivamente de las preferencias ciudadanas. Montiel ha advertido que la dirigencia podrá excluir a quienes tengan antecedentes cuestionables, aun cuando obtengan buenos resultados en las mediciones. Este criterio deja un margen de intervención a las estructuras partidistas y abre la puerta a decisiones que deberán justificarse con reglas claras.

Así, la contradicción se hace presente en Morena pues presenta las encuestas como garantía de que la ciudadanía decidirá, pero mantiene en su dirigencia la facultad de modificar el resultado práctico de esa selección. Sin información pública sobre la metodología, los porcentajes obtenidos y los motivos para descartar perfiles, será difícil comprobar que el proceso se desarrolla bajo condiciones de transparencia.

A los más de 5 mil aspirantes a una de las 500 curules de San Lázaro se suman otros 17 mil interesados en competir por presidencias municipales. La cifra refleja la dimensión de la disputa interna por los cargos de elección popular, mientras la dirigencia intenta marcar límites a las aspiraciones de sus propios legisladores y mantener el control sobre la selección de candidaturas.

Así, aunque Montiel asegura que los gobernadores no decidirán quién compite en 2027, la pregunta es cuánto pesarán realmente las encuestas frente a los criterios y decisiones de la cúpula de Morena.

Fuente: Latinus

 El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar el nuevo Servicio Universal de Salud como una estrategia de promoción política rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que la entrega de credenciales con la imagen institucional del Gobierno Federal podría convertirse en un mecanismo de propaganda dirigido, principalmente, a las personas adultas mayores.

El legislador cuestionó que el registro de beneficiarios y la distribución de las tarjetas estén a cargo de los Servidores de la Nación, estructura vinculada a los programas sociales del gobierno federal, y advirtió que las entregas se realizarán durante el año electoral. A su juicio, esto representa el uso de recursos y servicios públicos para favorecer políticamente al partido en el poder.

Ramírez Barba también puso en duda que el programa pueda ofrecer atención médica universal a partir del 1 de enero de 2027, como está previsto, debido a las carencias que persisten en el sistema de salud: falta de médicos, medicamentos, hospitales e infraestructura suficiente para atender a la población.

También señaló que no se aprobaron los recursos necesarios para poner en marcha el nuevo esquema y reprochó que tampoco se hayan devuelto al IMSS los recursos utilizados para atender a personas que quedaron sin cobertura tras los cambios en el sistema de salud y la operación del IMSS-Bienestar.

El diputado sostuvo que existe una contradicción entre ofrecer una credencial que promete acceso universal a los servicios médicos y mantener hospitales con problemas de abastecimiento y personal. Asi mismo, su crítica central apunta a que el gobierno podría estar adelantando la promoción de un programa de salud sin tener garantizadas las condiciones materiales para cumplirlo.