La Unidad de Inteligencia Financiera descongeló dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión a su favor.

El desbloqueo se realizó desde el pasado 5 de noviembre, aunque se conoció públicamente esta semana.

Las cuentas habían permanecido inmovilizadas desde mayo, después de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

La decisión de la UIF no significa que el exgobernador haya sido exonerado ni que se hayan liberado todos sus recursos.

La medida responde al cumplimiento de una resolución judicial y únicamente alcanza a dos cuentas utilizadas para recibir tres pensiones.

Una de ellas concentra una pensión por viudez del ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS.

La segunda recibe los pagos correspondientes a su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde Rocha Moya desarrolló parte de su carrera académica.

El resto de sus recursos financieros permanece bloqueado mientras continúa el litigio.Un tribunal ordenó liberar únicamente las cuentas de sus pensiones

Rocha Moya fue incorporado en mayo a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

La medida tuvo carácter preventivo y ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

La acusación estadounidense sostiene que los señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.

Después del bloqueo, solicitó administrativamente ser retirado de la lista de la UIF.

La petición fue rechazada el 4 de agosto.

Su defensa acudió entonces ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la decisión.

Ese tribunal concedió una medida cautelar que permitió recuperar exclusivamente el acceso a las cuentas donde recibe sus pensiones.

La UIF tuvo que cumplir con esa resolución.

El juicio de fondo, sin embargo, continúa abierto.

Por eso, el desbloqueo parcial tampoco resuelve de manera definitiva si Rocha Moya debe permanecer o no dentro de la lista de personas bloqueadas.

La acusación en Estados Unidos y las investigaciones en México siguen abiertas

La liberación de estas dos cuentas tampoco modifica los cargos presentados en Estados Unidos.

El 29 de abril, fiscales estadounidenses acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

La acusación sostiene que habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas en territorio estadounidense.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas relacionadas con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses.

El gobierno federal ha señalado además que corresponde a Estados Unidos aportar los elementos que sustenten sus acusaciones para que las autoridades mexicanas puedan determinar responsabilidades.

Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura después de conocerse los cargos en su contra.

Regresó brevemente a sus funciones en agosto, pero posteriormente volvió a separarse del cargo.

El descongelamiento de las dos cuentas ocurre ahora dentro de esa disputa legal.

El dato central es que Rocha Moya recuperó acceso al dinero correspondiente a sus pensiones porque un tribunal ordenó proteger esos recursos mientras se resuelve el juicio.

No recuperó el control de todo su patrimonio congelado.

Más de 5 mil morenistas buscan una candidatura a la Cámara de Diputados rumbo a 2027, pero obtener el respaldo en las encuestas no necesariamente les garantizará un lugar en las boletas.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que los gobernadores no impondrán candidatos y que serán los sondeos los que definan a los perfiles mejor posicionados, aunque la propia dirigencia conservará facultades para descartar aspirantes.

Durante una reunión privada con diputados federales en San Lázaro, Montiel sostuvo que las candidaturas se resolverán mediante encuestas y llamó a los legisladores a recorrer sus distritos para ganar reconocimiento entre la población pues reprochó que algunos hayan conseguido reelegirse en varias ocasiones sin tener presencia entre sus representados.

Sin embargo, la selección no dependerá exclusivamente de las preferencias ciudadanas. Montiel ha advertido que la dirigencia podrá excluir a quienes tengan antecedentes cuestionables, aun cuando obtengan buenos resultados en las mediciones. Este criterio deja un margen de intervención a las estructuras partidistas y abre la puerta a decisiones que deberán justificarse con reglas claras.

Así, la contradicción se hace presente en Morena pues presenta las encuestas como garantía de que la ciudadanía decidirá, pero mantiene en su dirigencia la facultad de modificar el resultado práctico de esa selección. Sin información pública sobre la metodología, los porcentajes obtenidos y los motivos para descartar perfiles, será difícil comprobar que el proceso se desarrolla bajo condiciones de transparencia.

A los más de 5 mil aspirantes a una de las 500 curules de San Lázaro se suman otros 17 mil interesados en competir por presidencias municipales. La cifra refleja la dimensión de la disputa interna por los cargos de elección popular, mientras la dirigencia intenta marcar límites a las aspiraciones de sus propios legisladores y mantener el control sobre la selección de candidaturas.

Así, aunque Montiel asegura que los gobernadores no decidirán quién compite en 2027, la pregunta es cuánto pesarán realmente las encuestas frente a los criterios y decisiones de la cúpula de Morena.

Fuente: Latinus

La delincuencia y las medidas para intentar prevenirla costaron a los negocios mexicanos 115 mil 100 millones de pesos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, difundida por el INEGI.

El monto equivale al 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne tanto pérdidas económicas por delitos como gastos de protección.

El estudio estima que 1.4 millones de establecimientos, equivalentes al 25.9% del total, fueron víctimas de algún delito. En conjunto sufrieron tres millones de hechos delictivos, un promedio de 2.2 por negocio afectado.

La extorsión encabezó la lista, seguida del robo hormiga y del robo o asalto de bienes y dinero. Los tres concentraron 59% de los delitos registrados.

Aunque la proporción de establecimientos afectados disminuyó respecto de 2023, cuando alcanzó 27.2%, el impacto económico continúa siendo considerable.

Negocios gastan millones en protegerse y casi no denuncian

De los 115 mil 100 millones de pesos, 58 mil 900 millones se destinaron a medidas preventivas, como cámaras de vigilancia, alarmas y reforzamiento de la seguridad. El resto correspondió a pérdidas ocasionadas por los delitos.

El costo promedio estimado por unidad económica fue de 44 mil 560 pesos.

La inseguridad también modificó las operaciones de las empresas: 14.5% canceló inversiones, 17.6% redujo horarios y 5.7% suspendió rutas de distribución.

A la presión económica se suma la falta de denuncias. En el 91.8% de los delitos contra negocios no se presentó una denuncia o no se abrió una carpeta de investigación. Solo el 8.2% de los casos derivó en una investigación formal.

El comercio fue el sector más afectado, con 30.5% de sus establecimientos víctimas de algún delito. Entre los negocios medianos, la proporción alcanzó 51.9%.

Además, el 71.2% de las unidades económicas consideró inseguro el estado donde opera.